Alicante salva las 'renovaciones' de pisos turísticos con el nuevo régimen: así se tramitarán los permisos

Alicante

Los titulares de VUT podrán actualizar su inscripción en el registro de Turisme a los cinco años de su primera anotación, a pesar de que se sitúen en barrios de decrecimiento por superar los umbrales máximos del IPAT y del ISVAT. Los proyectos nuevos deben solicitar certificado de compatibilidad, y de control y reserva.

  • La estancia de un piso turístico de Alicante, en imagen de archivo.
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ALICANTE. La nueva regulación del sector del alojamiento turístico promovida por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, tras la revisión de la modificación puntual número 52 del vigente PGOU, no generará ningún obstáculo para la renovación del trámite de inscripción de las viviendas de uso turístico (VUT) en el registro autonómico. Así se establece de forma específica en la normativa que acompaña esa modificación del planeamiento municipal, en respuesta a las alegaciones formuladas por particulares, por asociaciones empresariales e incluso por plataformas que publicitan la oferta de alojamientos, como Airbnb.

En concreto, esa normativa garantiza el respeto a las autorizaciones de actividad ya concedidas, sin aplicar las nuevas restricciones de forma retroactiva. Y señala que los dos nuevos indicadores establecidos para controlar la saturación de plazas en ese nuevo régimen urbanístico no serán de aplicación en los casos en los que los pisos turísticos preexistentes tengan que renovar ese trámite de registro ante Turisme cuando se cumplan los cinco años de su primera inscripción, como establece el Decreto Ley 9/2024 que regula las VUT.

En ese momento, los titulares de esas viviendas deberán aportar, de nuevo, una declaración responsable en la que confirmen que disponen de las autorizaciones municipales preceptivas. Entre ellas, el certificado de compatibilidad urbanística favorable. Así, la modificación puntual número 52 del PGOU que plantea el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), sostiene que las VUT que ya estén autorizadas en el momento en el que pueda entrar en vigor la nueva normativa quedarán exentas de las limitaciones derivadas de un hipotético exceso de plazas en el barrio (o unidad de referencia) en el que se localicen.

Es decir, que el titular de una VUT podrá actualizar su continuidad en ese registro, siempre que desee mantener el uso turístico del inmueble en cuestión, aunque el barrio en el que se asiente pasé a estar considerado como zona de decrecimiento, por superar los umbrales máximos en cuanto al Indicador de Presión de Alojamientos Turísticos (IPAT) -más de 14,38 plazas de alojamiento por cada 100 habitantes- y al Índice de Sustitución de Viviendas por Alojamiento Turístico (ISVAT) -más de 1,56 VUT por cada 100 viviendas-. Es lo que sucede en el ámbito territorial concentrado en torno al Centro, la primera línea de Playa de San Juan y el espacio comprendido entre el APA-9 y el sector de Lomas del Garbinet.

 

 

Esos indicadores que conducen a esa zonificación restrictiva solo serán de aplicación en el supuesto de que se trate de promover una ampliación de la licencia original de VUT incorporando más plazas, con lo que no afectará a las VUT ya implantadas y en funcionamiento que mantengan sus condiciones originales. 

Actividades autorizadas protegidas

En este sentido, el informe jurídico de resolución de las alegaciones presentadas concreta que las disposiciones transitorias previstas con la nueva normativa protegen "la continuidad de las actividades legalmente implantadas" a pesar de que pasen a considerarse "en régimen de disconformidad urbanística sobrevenida". Además, añade que también se "evita la extinción automática de títulos", como los certificados de compatibilidad urbanística "e inscripciones por la mera entrada en vigor" de la modificación puntual. Y, por último, ese informe incide en que esas medidas transitorias distinguen "entre situaciones consolidadas" y proyectos que ya hayan iniciado una tramitación completa para el desarrollo de nuevos alojamientos", de las "meras expectativas".

Cuestión distinta es el tratamiento que recibirá una solicitud que trate de implantar un nuevo proyecto de alojamiento turístico. ¿Cuál es el recorrido que se deberá seguir en ese caso en el momento en el que la nueva regulación entre en vigor? En primer término, como sucede hasta ahora, se debe contar con un certificado de compatibilidad urbanística en el que se acredite que la actividad propuesta está permitida por el planeamiento en vigor.

En segundo lugar, se debe comprobar si el emplazamiento en el que se pretende ejercer la actividad cumple con los umbrales límite del IPAT y del ISVAT. Después, se debe solicitar al Ayuntamiento la expedición del certificado municipal de control y reserva de capacidad en el que se acreditará que se está dentro de esos márgenes. En cuarto término, se deberá solicitar la licencia, declaración responsable o título correspondiente para poder ejercer la actividad planteada. Y, por último, se deberá cumplimentar las autorizaciones o registros necesarios que conlleve la intervención turística autonómica. 

Apoyo político asegurado

En principio, la pretensión que maneja el equipo de gobierno es que esa nueva regulación municipal sobre el sector del alojamiento pueda entrar en vigor a principios de 2027. Así, se baraja la posibilidad de que la modificación puntual del PGOU se someta a debate en pleno el próximo mes de enero, cuando vence la moratoria en la concesión de licencias que se aprobó en enero de 2025. Y, en principio, contaría con el respaldo político necesario para que se produzca su aprobación, gracias al apoyo de los cuatro concejales de Vox. Cuando menos, los voxistas confirmaron este jueves su predisposición a votar a favor de la propuesta. "Consideramos positivo avanzar hacia una regulación que permita ordenar el crecimiento de las viviendas turísticas en Alicante, especialmente en aquellos barrios donde la presión turística está dificultando el acceso de los vecinos a una vivienda", aseguraron fuentes del partido. "Alicante necesita seguir siendo una ciudad abierta al turismo, porque es uno de los motores fundamentales de nuestra economía, pero también debe ser, ante todo, una ciudad para sus vecinos. El turismo no puede crecer a costa de expulsar a las familias, a los jóvenes y a los trabajadores de sus propios barrios", añadieron las mismas fuentes.

"Defendemos que el derecho de los alicantinos a acceder a una vivienda digna y asequible debe ser una prioridad. Por eso, consideramos necesario adoptar medidas que eviten la concentración excesiva de viviendas turísticas en determinadas zonas y que protejan el uso residencial de los edificios y barrios más afectados. No se trata de criminalizar a los propietarios ni de perjudicar al sector turístico, sino de encontrar un equilibrio razonable entre la actividad económica y el interés general. Quien cumple la normativa debe poder desarrollar su actividad, pero las administraciones tienen la obligación de garantizar que la vivienda siga cumpliendo también su función social y residencial", recalcaron. 

En todo caso, Vox reclama también "que estas medidas vayan acompañadas de políticas que favorezcan la construcción de nueva vivienda, agilicen las licencias, reduzcan trabas burocráticas y faciliten que los jóvenes y las familias puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en Alicante. Nuestra prioridad debe ser clara: Alicante necesita más vivienda disponible para sus vecinos, precios más razonables y barrios donde la gente pueda seguir viviendo. El turismo es bienvenido, pero el futuro de Alicante también pertenece a quienes viven y trabajan aquí. Alicante no puede convertirse en una ciudad donde nuestros jóvenes no puedan independizarse y nuestras familias tengan que marcharse porque no encuentran una vivienda. Hay que compatibilizar el turismo con el derecho de los alicantinos a vivir en su ciudad. La vivienda debe estar al servicio de las personas y no podemos mirar hacia otro lado ante la presión residencial que sufren nuestros jóvenes y vecinos", concluyeron.

El PSOE ve retraso

Con los cuatro votos de los ediles de Vox, el PP tendría garantizada la aprobación de la propuesta sin esperar a conocer la posición de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Por el momento, la portavoz municipal del PSOE, Trini Amorós, se ha decantado por la prudencia, a la espera de un estudio pormenorizado de la propuesta, tras recriminar el retraso que atribuye a los populares en la adopción de medidas de control. "En marzo de 2024 ya presentamos una iniciativa a pleno para proponer conformar una mesa técnica y la realización de un estudio independiente sobre cómo se debía ordenar la oferta alojativa en función de las zonas, incluyendo bloque de apartamentos turísticos, viviendas alojativas y zona de autocaravanas, estableciendo además zonas tensionadas. En julio de 2024 ya pedimos que se modificara el plan general para prohibir pisos turísticos en bloques residenciales. Barcala votó sistemáticamente en contra de todas nuestras propuestas y ahora, casi dos años después, empieza a reaccionar. Hemos perdido dos años para poder poner orden en la ciudad y atajar el grave problema de las viviendas turísticas ilegales", aseguró.

"A falta de estudiar de forma pormenorizada la propuesta que trae ahora Barcala, encontramos cuestiones que ya propuso el PSOE hace casi dos años y obviamente estamos de acuerdo, pero hay otras medidas como la de dejar la puerta abierta a que se sigan instalando viviendas turísticas en bajos comerciales y estamos radicalmente en contra. La tardanza de Barcala en reaccionar ha tenido consecuencias que ahora pagan todas los alicantinos y alicantinas. Cada vez son más las familias que intentan sobrevivir en una ciudad en la que los precios del alquiler se han disparado, dónde hay más de 15.000 viviendas vacías sin que Barcala haga nada para intentar que salgan al mercado del alquiler, y mientras los fondos buitres siguen campando a sus anchas porque el PP se niega a subirles los impuestos", concluyó.

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