Los representantes de Alroa, Lalo Díez y Francisco Javier Galdeano, presiden la asamblea de la asociación, este miércoles. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Los empresarios del ocio y la hostelería agrupados en la Asociación de Locales de Ocio de Alicante (Alroa) endurecen su posición respecto a las consecuencias que puede suponer para el desarrollo de su actividad la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 que da la razón a los vecinos y condena al Ayuntamiento de Alicante a declarar Zona Acústica Saturada (ZAS) el perímetro del Centro Tradicional situado en torno a la calle Castaños.
La asamblea del colectivo (que agrupa a pubs, restaurantes, bares y cafés del Casco Antiguo, Centro Tradicional y Explanada) fijó, este miércoles, cuál debe ser su estrategia antes de dar paso a posibles acciones de protesta (se estaría sopesando, incluso, la posibilidad de convocar concentraciones y cortes de tráfico, al margen de la campaña de recogida de firmas ya en curso) en el supuesto de que se lleguen a implantar condiciones restrictivas que impidan el funcionamiento de sus locales. Así, según precisó su portavoz, Francisco Javier Galdeano, los empresarios acordaron reclamar una reunión con el alcalde, el popular Luis Barcala, para conminarle a que el Ayuntamiento recurra la sentencia con el fin de "poder negociar desde el día después a la interposición de ese recurso un acuerdo que pueda conjugar los intereses del sector y de los residentes, como nosotros hemos intentado en todo momento", aseguró.
La cita con el alcalde, según el acuerdo alcanzado por el colectivo, debería producirse antes del próximo lunes. En caso contrario, una representación de los empresarios desplegarán su protesta durante el desarrollo del pleno ordinario de noviembre, el próximo jueves. Además, la asamblea de la asociación acordó explorar la posibilidad de interponer un recurso propio frente a la sentencia, pese a no haber formado parte del procedimiento hasta ahora. Y, por último, se concretó que se debía intensificar la campaña de recogida de firmas mediante la instalación de carteles en todos los locales, advirtiendo sobre las consecuencias de la posible aplicación de la ZAS.
Ese conjunto de iniciativas se produce, según Galdeano, ante la necesidad de defender al conjunto del sector. A juicio del representante de la asociación, "nadie ha tenido en cuenta que lo que está en juego son cerca de 2.000 empleos que dependen del funcionamiento de esos locales y que la hostelería de Alicante va a dejar de resultar atractiva porque nadie va a venir a cenar si después no se puede tomar una copa". "Si se ponen restricciones drásticas, esto puede suponer el cierre de muchos establecimientos", incidió.
En esta línea, señaló que "existen argumentos para poder recurrir la sentencia, en la medida en que otro Juzgado de lo Contencioso de Alicante, el número 1, desestimó una demanda similar presentada por vecinos de la calle Artilleros basada en los mismos puntos", indicó. "Si no se recurre, podemos vernos en la situación de que se planteen otras demandas en otros barrios de la ciudad, lo que conllevaría más cierres", abundó. Es más, añadió que "tampoco se ha considerado que la declaración de una ZAS también afectará a las Hogueras o el Carnaval, porque no se hacen distinciones".
Por lo pronto, la postura del equipo de Gobierno compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) sigue siendo la anunciada el mismo día en el que se dio a conocer la sentencia: acatarla e iniciar los trámites para acordar la declaración de ZAS. Esa labor ha quedado en manos de la Concejalía de Medio Ambiente, como departamento competente sobre el ruido. La Concejalía de Urbanismo mantendrá el control sobre las licencias, al tiempo que trata de acelerar la revisión de la llamada ordenanza del ruido.
Con todo, como ya ha informado este diario, el bipartito también ha solicitado informes a la Asesoría Jurídica Municipal para evaluar si resulta conveniente recurrir la sentencia y sobre cómo se debe proceder para ejecutarla y acordar la ZAS. El propio alcalde, Luis Barcala, también abogó este martes por tratar de conciliar posturas al sostener que "el derecho al descanso de los residentes es "indiscutible", pero también lo es "la riqueza y puestos de empleo que genera el sector de la hostelería", por lo que señaló que "ambas cosas tienen que compatibilizarse".
"Tan malo es permitir un desmadre, como ha pasado durante en parte del anterior mandato, que ha generado la reacción de los vecinos, como el cierre de todo el sector de la hostelería del centro, lo cual también es impensable; no creo que ni unos ni otros pretendieran eso", opinó. Por ello, abogó por "poner sensatez" y aplicar medidas que "garanticen lo que un ZAS pretende".
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo y Ocupación de Vía Pública, y miembro del área de Medio Ambiente de EU, Miguel Ángel Pavón, reaccionó también este miércoles frente a las palabras del primer edil para señalar que " parece muy injusto que Barcala meta en el mismo saco a vecinos y locales de ocio: la sentencia deja muy claro que se han vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos y que esos derechos están por encima de los intereses particulares de los locales de ocio. No se puede equiparar a los causantes del ruido y a los que lo sufren".
Además, añadió que, a su juicio, "Barcala miente, o no dice toda la verdad" al hablar de inacción por parte del extinto tripartito, al considerar que "el desmadre ya existía en la legislatura 2011-2015, en la etapa de Sonia Castedo, en la que él fue concejal de Medio Ambiente y no movió un dedo. Es más, votó en contra en 2013 de nuestra moción para declarar la ZAS, moción que elaboramos desde el grupo municipal de EU en estrecho contacto con los vecinos, que ya sufrían los problemas de ruido".
En esta línea, recordó (como ya ha publicado este diario) que "en 2017 volvió a votar en contra de la otra moción que presentamos, esta vez como Guanyar, también de acuerdo con los vecinos, para iniciar el procedimiento de declaración de la ZAS". Por último, añadió que "en cualquier caso, espero que se confirme que el Ayuntamiento no recurre la sentencia y que se inicie cuanto antes el procedimiento de declaración de la ZAS. Es lo que pedimos en 2013 y 2017 a través de nuestras mociones, que el pleno rechazó. Afortunadamente la justicia ha corregido ese doble rechazo plenario en el que participaron tanto el PP como el PSOE".
