El bipartito pide informes jurídicos sobre la zona saturada de ruido; los hosteleros se movilizan

ALICANTE. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante que da la razón a los vecinos y condena la Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en el Centro Tradicional comienza a generar las primeras decisiones organizativas en el seno del equipo de Gobierno. Y también, entre el colectivo hostelero como potencial afectado por esa declaración.

Por lo que respecta a la respuesta municipal, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha dejado el cumplimiento de la sentencia en manos de la Concejalía de Medio Ambiente, bajo la dirección del popular Manuel Villar, al tratarse del departamento que asume las competencias sobre ruido. Y al tiempo, ha emplazado a los letrados de los Servicios Jurídicos Municipales para que analicen el alcance de la sentencia e informen sobre dos puntos concretos: si resulta o no conveniente recurrir -aunque la voluntad política continúa siendo la de acatarla, según recalcaron fuentes municipales- y, en caso contrario, cómo se debe ejecutar el fallo.

A priori, todo parece apuntar que podría promoverse una aplicación gradual de las medidas que conlleva una ZAS para evaluar su resultado y discernir si resulta necesario ampliarlas. Por lo pronto, el propio alcalde, Luis Barcala, confirmó este martes que la Concejalía de Medio Ambiente había iniciado ya el estudio para la implantación de la ZAS, "sin perjuicio de que veamos las consecuencias de la aplicación y el ámbito de esa propia sentencia, que estaremos a lo que digan los servicios jurídicos", detalló, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En esta línea, el primer edil recordó que el equipo de Gobierno ya había anunciado un paquete de medidas para "equilibrar" el derecho de los vecinos y el de los locales de ocio, justo cuando todavía se estaba dirimiendo el contencioso por vulneración de derechos fundamentales presentado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional. Según Barcala, "esas medidas siguen vigentes y las vamos a aplicar".

Por lo que respecta a los empresarios de la hostelería y el ocio, agrupados en la Asociación de Locales de Ocio de Alicante (Alroa), también se han producido las primeras reacciones. La primera, que puede tener mayor trascendencia, es la convocatoria de una asamblea general, prevista para este miércoles, con el propósito de analizar las consecuencias de la sentencia y adoptar posibles decisiones, según precisaron sus portavoces este martes.

Alroa ha activado una campaña de recogida de firmas y ha convocado una asamblea para tomar decisiones

Como avanzó Alicante Plaza el sábado, el colectivo no comparte la resolución judicial y ya se ha mostrado a favor de que el Ayuntamiento la recurra en apelación. Además, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas frente a la declaración de ZAS.     

El mismo Barcala se refirió a esa iniciativa, al ser preguntado por esa movilización, para lamentar que se haya llegado a la actual situación porque "todas las partes han sido incapaces durante años de ponerse de acuerdo, con posiciones a veces un poco radicales en defensa de intereses particulares". Así, insistió en que "las medidas que estamos proponiendo van a equilibrar esa convivencia que es imprescindible". A su juicio, el derecho al descanso de los residentes es "indiscutible", pero también lo es "la riqueza y puestos de empleo que genera el sector de la hostelería", por lo que señaló que "ambas cosas tienen que compatibilizarse".

"Tan malo es permitir un desmadre, como ha pasado durante en parte del anterior mandato, que ha generado la reacción de los vecinos, como el cierre de todo el sector de la hostelería del centro, lo cual también es impensable; no creo que ni unos ni otros pretendieran eso", opinó. Por ello, abogó por "poner sensatez" y aplicar medidas que "garanticen lo que un ZAS pretende".