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presentan el recurso en el que piden la suspensión cautelar del decreto del consell

Los pubs de Alicante ponen la pelota en el tejado del TSJ y cruzan los dedos para abrir el viernes

20/08/2020 - 

ALICANTE. La suerte está echada. Tras una noche frenética de su equipo jurídico, la asociación de locales de ocio nocturno de Alicante, Alroa, acudió este miércoles al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana para presentar su recurso contencioso contra el decreto del Consell de nuevas medidas contra el covid que, entre otras, fuerza el cierre de los pubs. Alora cumplía así el plazo autoimpuesto de presentar el recurso el miércoles, para dar tiempo a que, si el TSJ les concede la medida cautelar, puedan abrir este mismo viernes por la noche.

Como ha contado Alicante Plaza, Alroa pide en su recurso la suspensión cautelarísima de los apartados A y B del artículo 1 de la resolución del Consell, que hacen referencia a la suspensión de actividad de las discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas; y a la obligación de asegurar la distancia física de seguridad de 1,5 metros entre las mesas. Al tratarse de un procedimiento exprés, el TSJ tiene que contestar en un plazo de 48 horas. Si sale cara, los locales de ocio de Alicante (y del resto de la Comunitat Valenciana) podrán volver a abrir este fin de semana. Si sale cruz, no habrá otra opción que esperar a que pasen los 21 días marcados por la Conselleria de Sanidad.

El presidente de Alroa, Francisco Javier Galdeano, el cierre de toda la actividad es "muy atrevido", y considera que "no nos lo merecemos". "El que la líe, que la pague", señala en referencia a las sanciones, al tiempo que ha destacado que en la ciudad de Alicante no se ha dado "ningún brote en lugares de ocio". "No veo la justificación", señala, y considera que este tipo de decisiones "estigmatizan al sector". "No puedes sancionar a priori". Como contó este periódico el miércoles, la resolución de la Generalitat (coordinada con el resto de autonomías y el Ministerio de Sanidad) afecta a unos 200 locales en la capital alicantina.

Clientes en la terraza de un pub de Luceros, en Alicante, este miércoles. Foto: PEPE OLIVARES

La esperanza de los pubs alicantinos es que el TSJ acepte la suspensión cautelar de la aplicación de los citados apartados, al considerar que el texto de la Generalitat presenta varios defectos formales, de forma que sus asociados puedan abrir al público la misma noche del viernes. Galdeano advirtió el martes de que "se está hablando solo del ocio nocturno, pero este decreto es también una ruina para la restauración: la nueva distancia entre personas te obliga a montar menos mesas de las que tenías, y al no poder servir a partir de las 12 de la noche, pierdes el último turno de cenas".

Coordinación de las acciones legales

Por su parte, la asociación nacional de la que forma parte la alicantina Apeha ha creado una comisión jurídica interterritorial para que todas sus asociaciones lideren la respuesta judicial a las nuevas restricciones en sus respectivos territorios. Así, el medio centenar de asociaciones territoriales miembros de Hostelería de España llevarán a cabo una respuesta coordinada en las diecisiete comunidades autónomas, al tratarse de una norma nacional cuya transposición corresponde a cada una de las autonomías.

La comisión jurídica toma como punto de partida el que las medidas sean justificadas, proporcionadas y no se centren exclusivamente en la hostelería, que se considera discriminada al no disponer de ayudas compensatorias como otros sectores.  Para el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, "nuestro sector no es ni mucho menos el mayor propagador de esta pandemia, pero sin embargo se está poniendo en el foco criminalizándolo, mientras los empresarios hosteleros luchan por mantener los 1,7 millones de empleos que genera el sector".

El Consell asiste con cierta resignación a los movimientos del sector hostelero en defensa de sus intereses y a las duras críticas que están recibiendo estas medidas, a las que este mismo miércoles se sumó la patronal autonómica CEV. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, señaló (como ya hiciera el lunes su homóloga de Sanidad, Ana Barceló), que "los empresarios afectados están en todo su derecho de ejercitar acciones legales", aunque subrayó que serán los tribunales, en el contexto de la pandemia de coronavirus, los que "tendrán que determinar si ha habido perjuicio o no". En todo caso, recordó que la normativa en este momento "permite la adopción de medidas restrictivas".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte, aseguró que entiende "perfectamente" las críticas de los hosteleros y aseguró que "no ha sido una decisión fácil. Puig admitió que le preocupa lo que significan las restricciones a la economía, pero señaló que en el "equilibrio difícil" entre la consecuencias económicas y las sanitarias de la pandemia "siempre ha primado y primará la salud". Con todo, pidió no estigmatizar a ningún sector de la población ni económico, y subrayó que el mayor número de contagios se producen en el ámbito familiar y el de la amistad, "en el ámbito de la confianza".

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