ALICANTE. Primero fue la ruptura del tripartito, con la salida de Compromís y Guanyar en las dos últimas semanas. Después, la redistribución de las competencias de sus concejales entre los ediles del PSOE, completada este miércoles. Y todavía queda una última derivada de la reorganización política: el reparto de retribuciones entre los ocho concejales que hasta ahora desempeñaban funciones de gobierno y ya han pasado a ocupar los bancos de la oposición.
Hasta este jueves, no existía ninguna propuesta oficial formulada por Alcaldía sobre los sueldos que se iba a asignar a sus exsocios. Compromís ya expresó la semana pasada que no iba a formular ninguna petición al respecto y que se limitaba a pedir el mismo trato que corresponde al resto de grupos de la oposición. En esta línea, sólo comunicaron su intención de repartir las asignaciones de dos plazas de asesores entre tres personas. Guanyar tampoco presentó este jueves ninguna petición relacionada con el número de dedicaciones (sueldos) para los cinco concejales de su grupo. Como Compromís, comunicó que haría uso de dos plazas de asesores para repartir sus emolumentos entre tres personas.
En principio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece un límite máximo de hasta 20 retribuciones en régimen de dedicación exclusiva para los concejales de ciudades del tamaño demográfico de Alicante. Con la formación del tripartito, en 2015, se acordó que los 15 concejales del equipo de Gobierno percibirían un sueldo en esas condiciones con una asignación bruta anual de 50.624,41 euros; que el PP (con 8 concejales) dispondría de 3 dedicaciones exclusivas y 2 parciales, mientras que Ciudadanos (con 6 ediles, después reducidos a 5 con la salida de Fernando Sepulcre) contaría con 2 exclusivas y 2 parciales. El importe de las exclusivas de los portavoces de la oposición es el mismo del que disponen los miembros del gobierno (salvo el alcalde, que ingresa 64.704,28 euros). El sueldo asignado a los concejales de la oposición con dedicación exclusiva asciende a 47.249,40 euros. Y la retribución para los ediles con dedicación parcial es de 35.436 euros.
En ese acuerdo de régimen económico alcanzado al inicio del mandato se contempló que de ese reparto de exclusivas podía quedar excluido el socialista Carlos Giménez en el caso de que percibiese retribuciones por su cargo en la Diputación Provincial (una circunstancia que no llegó a suceder, como había informado inicialmente este diario). Pero sí varió, después, con la posterior expulsión de Nerea Belmonte, por la que perdió su sueldo.
Sea como fuere, la cuestión es que, tras el abandono de Guanyar y Compromís, el equipo de Gobierno queda ahora con sólo seis ediles. Si se aplica la misma lógica que al principio del mandato (que todos los ediles del Gobierno tengan una dedicación exclusiva), les correspondería seis. Así, con las 3 de PP y las 2 de Cs, quedaría un máximo de hasta otras nueve retribuciones en régimen de dedicación exclusiva por distribuir. Fuentes municipales precisaron que lo normal es que se aplique la misma proporción que con PP y Cs, de modo que Guanyar (con cinco concejales, como Cs) debería contar con dos dedicaciones exclusivas y tres parciales, mientras que Compromís (con tres concejales) podría disponer de una exclusiva y dos parciales.
La nueva propuesta de retribuciones la formula el alcalde, pero debe pasar por pleno y, en consecuencia, queda en manos de los grupos de la oposición
La propuesta retributiva que corresponde plantear al alcalde debe quedar aprobada en el pleno. Así sucedió, de hecho, en la sesión correspondiente al mes de septiembre para acordar que la edil de Cs, María José Molina, percibiese una dedicación parcial. Molina era hasta entonces la única concejal del Ayuntamiento que todavía no percibía ninguna remuneración por su labor (al margen de la no adscrita Nerea Belmonte). Ese acuerdo se alcanzó por unanimidad. Está por ver si la futura propuesta retributiva que se espera para el pleno de noviembre genera ese mismo consenso.
Al margen de ese frente económico, otra cuestión esencial que todavía queda por dilucidar es la convocatoria de dos plenos extraordinarios. El primero es el solicitado por el PP para hablar sobre la crisis política derivada de la ruptura del equipo de Gobierno. Como avanzó Alicante Plaza, el PSOE baraja fijar el desarrollo de esa sesión el próximo jueves 30 de noviembre, al término del pleno ordinario de ese mes. Todavía no está convocado pero hasta este jueves se seguía dando por válida. De hecho, es el último día de plazo que el alcalde dispone para convocarlo de manera voluntaria (en caso contrario, el secretario municipal lo convocaría 15 días después).
La segunda sesión extraordinaria es el denominado debate sobre el estado de la ciudad, que los grupos de la oposición reclaman que se convoque sin mayores dilaciones. Fuentes municipales precisaron que ese pleno no se ha descartado: se celebrará pero todavía no tiene fecha fijada.