ALICANTE. El Gobierno español ha rubricado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de nuestro país para el próximo ejercicio del año 2023. Estos Presupuestos son altamente superiores a los habituales de los últimos años. Son varias las razones por las que se ha incrementado respecto a los últimos ejercicios de 2021 y 2022; entre otras razones porque el Banco Central Europeo (BCE) no va a facilitar financiación barata, o incluso negativa, a la economía de los países que manejan el euro como medio liberatorio de pago; va a continuar la tasa de inflación que alcanzará, posiblemente, el 10%, frente al 2% de los treinta últimos años; el incremento de las pensiones en, aproximadamente, un 8%; incremento del salario de los cuatro millones de personas que son funcionarios o políticos y que cobran de la Administración Pública; el incremento del gasto social; el compromiso de incrementar la aportación española a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN); el aumento de la tasa de interés fijada por el BCE en 0,75 puntos; la reducción del Impuesto de Renta de las Personas Físicas a los perceptores de rentas bajas, trasladando las cargas de este impuesto a los ciudadanos de mayores ingresos; el incremento del Impuesto de Sociedades; mantenimiento del Impuesto de Patrimonio en varias Comunidades Autónomas; la negativa de la deflactación de los impuestos, que consiste en rebajar las tarifas de los impuestos directos, que son progresivos y, según la base imponible, suponen un gravamen superior; el incremento de tasas y precios públicos que decide el Estado Central; el aumento del tramo de las Comunidades Autónomas en el IRPF y en otros, etcétera.
Junto a ello, y previa aceptación de la Unión Europea (UE), el Gobierno de nuestro país ha incrementado su techo de gastos. Ante estas circunstancias, el Gobierno español ha tenido que recurrir a incrementar los ingresos que recibe, fundamentalmente por la vía de los impuestos, y, en tal sentido, para el ejercicio 2023, se va a incrementar de forma notoria todo tipo de impuestos que fija el Gobierno en virtud de su soberanía y el de las Comunidades Autónomas que tienen cedidos algunos tramos de los impuestos.
Los PGE de 2023 prevén unos ingresos récord para financiar un nivel de gasto público nunca antes alcanzado. Su principal motor será el IRPF, ya que el Ejecutivo augura un avance de su recaudación superior a los 8.000 millones de euros, más de la mitad de los cuales serán extraídos de la clase media. Si se extrapolan los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre la contribución de cada tramo de renta a la recaudación total de cada año, la conclusión es que el sesenta por ciento de los ingresos de este capítulo correrá a cargo del segmento de población de clase media, que ya de por sí está comparativamente castigado en su tributación. Ésta es la síntesis de las ideas del Gobierno español formado por una coalición entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos (UP) e Izquierda Unida (IU). Pero para una comprensión más analítica, las cifras que se manejan en los PGE, en el capítulo de ingresos, se va a modificar del siguiente modo:
Los Ingresos tributarios, de 244 mil millones va a pasar a 262 mil millones de euros, una diferencia de 18 mil millones que suponen un incremento de cerca del 8%, el IRPF pasa de 105 mil millones de euros a 113 mil millones de euros, una diferencia de más de 8 mil millones de euros que se sitúa cerca del 8%, el Impuesto de Sociedades, que de 26 mil millones de euros pasa a 28 mil millones de euros, con un incremento de 2 mil millones de euros que suponen cerca del 8%, el Impuesto del Valor Añadido (IVA) que de 81 mil millones de euros pasa a 86 mil millones de euros, con un incremento de 5 mil millones de euros, lo que supone el 6% de aumento, los Impuestos especiales, de uso, consumo, bebidas alcohólicas, etcétera, que de 20 mil millones pasa a más de 22 mil millones, con un alza de más de mil seiscientos millones de euros, que suponen un incremento de más del 8%.
No nos olvidemos de otros ingresos tributarios, entre ellos las ordenanzas fiscales, precios públicos y otros que pasan de 10 mil a 12 mil millones de euros, con una subida de 2 mil millones de euros, lo cual supone un incremento de un 20%.
Éste es el resumen del incremento de los impuestos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, y supondrán 20 mil millones de euros de nueva tributación. Este incremento de impuestos es consecuente con lo que he manifestado al principio de que el recurso al BCE y los gastos militares, sociales, de pensiones y otros, hay que obtenerlos por la vía de impuestos, séase directos o indirectos. Estos cálculos son aproximados, pero lo que sí es cierto es que va a aumentar de forma muy notable la tributación que va a imponer el Gobierno español a los ciudadanos, sociedades e instituciones de nuestro país. Por las cifras que he citado, el incremento medio de los impuestos va a ser superior al 9% y con ello no se cubrirá totalmente el déficit del Estado y seguirá teniendo que emitir Deuda Pública Soberana para poder equilibrar los PGE y va a repercutir en el alza del tipo de interés y el endeudamiento de España en su recurso a inversores, fondos de inversión y organismos internacionales.
Por resumirlo de una manera muy simple, nos vamos a encontrar con que el incremento de impuestos es ineludible y además va a repercutir sobre todos y, fundamentalmente, en la llamada “clase media” española, que según los datos fiscales del IRPF supone que afectan a 7,5 millones de personas. En el caso del Partido Popular, aboga por la deflactación, que sería reducir los tipos aplicables a las bases imponibles, pero que el Gobierno no contempla y no se va a llevar a cabo. Curiosamente, el Gobierno ha manifestado que el IRPF debe ser un impuesto de solidaridad de las rentas altas con las rentas más reducidas, lo cual es consecuente con la ideología de quien gobierna actualmente España.
Ante esta situación, María Crespo, Directora de la Fundación Civismo, que se erige como un cauce de participación que aglutina a profesionales independientes, procedentes de diversos ámbitos y con trayectorias muy distintas, ha señalado esta eventualidad anticipando que las rentas altas se marcharán a otros bancos de la UE, sin necesidad de buscar un paraíso fiscal. Y esta actuación, añade María Crespo, no necesita de una gran logística, y subraya que para ello “existe Portugal”.
En este caso, la paradoja de la política fiscal del actual Presidente del Gobierno reside en, por un lado, promover una tasa para los ricos que supone una barrera, y por otra incentivar el régimen de impatriados reduciendo de diez a cinco años la residencia que intenta atraer rentas altas del extranjero.
Se avecina un 2023 marcado por un notable incremento de los impuestos.
Vicente Llopis Pastor
Vocal 1º de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante y Responsable de la Comisión de Relaciones Institucionales
