Los imputados del 'caso uniformes' de Santa Pola no declaran al faltar documentación de la Udef

ELCHE. Era la primera tanda de declaraciones de los imputados por el caso uniformes de Santa Pola, pero finalmente no se ha producido. De los 15 imputados citados a declarar para la jornada de este lunes -este martes declaran otros siete y el resto, en noviembre- ninguno ha declarado. ¿La razón? Según la defensa de algunos de ellos, no estaba disponible la documentación que los acusados habían  solicitado y que debían aportar los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que son los han llevado a cabo toda la investigación. "En el momento que esté toda la documentación solicitada y haya garantías, pediremos que vuelvan a declarar", ha explicado el abogado Lorenzo Bonmatí.

El juzgado número de cinco de Elche es quien instruye la causa investiga si hay posible prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la adjudicación y suministro de uniformes a los agentes de la Policía Local de Santa Pola durante los años 2008 y 2016. Están acusados por ello cuatro agentes de la Policía Local; dos ex regidores del PP, y varios empresarios, fundamentalmente, de dos empresas: Almacenes Riera, de Redován, y Gil de los Ríos, de Valencia.

De los 14 acusados, estaba previsto que este lunes prestarán declaración el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, los agentes Roque Alemañ y Pascual Linares; los miembros de la familia Riera, Víctor Riera, Noela Riera y Rosa María Sánchez Ros, y el ex regidor del PP de Santa Pola, Antonio Pérez Huerta. Todo hace indicar que el resto de acusados de esta primera tanda tampoco declararán. Falta por saber qué pasará con Antoni Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno, Mario Gil Moreno, como responsables de las mercantiles Antonio Gil de los Ríos SL, Gil de los Ríos Unformes SL e Insignia SL, y del ex concejal Andrés García Baile, que están citados para noviembre.

El letrado de la defensa, Lorenzo Bonmatí, ha insistido en que es necesario que esté toda la documentación para que declaren y por ello, se ha exigido, al parecer, con el respaldo del Ministerio Público, que la Policía aporten detalles de correos electrónicos de susclientes y otras pruebas. "En el momento que esté disponible, pediremos la declaración voluntaria", ha afirmado el letrado. "Esa documentación ya se reclamó, pero no se ha dado traslado", ha añadido.

Por el momento, los agentes implicados siguen apartados del servicio: han solicitado la baja laboral y, por lo tanto, no ejercen. Las medidas disciplinaria que quiso imponer el Ayuntamiento de Santa Pola, como la suspensión de empleo y sueldo, no se ha podido aplicar.