ALICANTE. La lista de grandes morosos que anualmente publica la Agencia Tributaria depara pocas sorpresas en el caso de los grandes deudores alicantinos. En todo caso, el hecho de que el promotor ilicitano Ramón Salvador, desde hace años el principal deudor con la Hacienda pública de la provincia, siga incrementando cada año que pasa el importe que le reclama el fisco. La lista de 2020, publicada este lunes, incluye más de una veintena de empresas o personas físicas de la provincia que adeudan más de un millón de euros al Estado, y cuya deuda conjunta roza los 100 millones de euros.
Entre todos ellos, como se ha dicho, destaca el caso de Salvador, que entre su deuda personal (2,26 millones) y la de su empresa, Residencial Mira Llevant (41,88 millones), debe nada menos que 44,14 millones de euros a Hacienda. Prácticamente la mitad de los impagos que suman los integrantes alicantinos de la lista, y 80.000 euros más que hace un año. La deuda de la promotora se mantiene intacta, pero la cantidad que Hacienda reclama directamente a Ramón Salvador aumenta en dicha cantidad desde el año pasado. Cabe recordar que el empresario cerró dos sicavs con 3,5 millones de euros a comienzos de año, después de que la CNMV las diera de baja por incumplir el mínimo de accionistas.
De la lista ya no forman otros nombres conocidos de la provincia que figuraron en ella durante años y que en los últimos ejercicios han logrado ponerse al día con el fisco (o, al menos, reducir la deuda por debajo del millón de euros, umbral que concede el dudoso honor de formar parte del listado). Así, han desaparecido el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad, que abandonó la lista hace dos años tras llegar a adeudar 1,3 millones de euros en 2018. El año pasado salieron también del listado los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, cuya empresa, Alicantina de Renta y Gestión, extinguida por el juzgado de lo Mercantil en 2019 tras diez años en concurso, adeudaba 2,2 millones de euros al fisco hasta entonces.
El segundo gran moroso de la provincia, aunque a mucha distancia de Ramón Salvador, es la empresa de alquiler de vehículos, ya desaparecida, Sol Mar, a la que Hacienda reclama un año tras otro (sin visos de cobrar) 9,24 millones de euros. La familia Sala compró la marca de la empresa en concurso, aunque luego también la cerró tras el crimen de Novocar. Y en tercera posición figura otro moroso de dudoso cobro, el desaparecido Grupo Santa Ana: su matriz, Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante (Coprovi) debe 7,15 millones de euros; y una de sus filiales, Denia 76, otros 4,94 millones de euros. La que no forma parte ya del listado desde hace unos años es la otra gran pata de Santa Ana, Consorcio Empresarial San Vicente Sur, tras su liquidación con la venta de la Villa Universitaria al Grupo El Castillo.
A continuación, figuran por orden de importancia las deudas de Calzados Primar, de Rafal, con 5 millones de euros; y Bernabeu Rives Grupo Inmobiliario, de Cox, con 3,47 millones de euros de deuda. La primera es un fabricante de calzado impulsado por un inversor extranjero, que la fundó en 2010 y en 2014 abrió la fase de liquidación voluntaria, aún no concluida. En el último ejercicio del que presentó cuentas facturó 1,5 millones. En cuanto a la segunda, fue una importante promotora de la Vega Baja que lleva varios años inactiva.
El resto de integrantes alicantinos de la lista son sobre todo promotoras y empresas de calzado con deudas entre 1 y 2 millones de euros. Muchas de ellas ya figuraban hace un año, y otras se han añadido en 2021. Se trata de Arquitectura Urbana del Mediterráneo (1,25 millones), Calzados Cindy (1,16 millones), Calzados Oriental (1,32 millones), Calzados Pelusa (1,9 millones), Calzados Sama (1,22 millones), Conselvi 2000 (1,56 millones), Costa Denia (1,3 millones), Gestrumar 2001 (1,68 millones), Dura Granitos y Mármoles (1,92 millones), Promasa Elche (1,73 millones) o Intersa Levante (1,19 millones).
Muchas de las anteriores empresas, además, están en liquidación voluntaria o concursal, lo que hace difícil que Hacienda pueda recuperar ya no toda, sino simplemente parte de la deuda que reclama. Junto a las ya citadas, destaca también la presencia en la lista de un 'clásico' como Procumasa, del vicepresidente del Hércules, Valentín Botella, que sigue adeudando 1,9 millones de euros al fisco, así como del propio Hércules Club de Fútbol, con una deuda de 3,12 millones euros (600.000 euros menos que hace un año). Llama la atención también la entrada en la lista de Bio Fuel Systems, una conocida empresa energética con sede en San Vicente del Raspeig, con una deuda de 1,22 millones.