Los fondos Next Generation, una oportunidad ¿perdida?

En julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó un plan de apoyo a los países europeos para salir de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID, denominado Next Generation EU. España fue el segundo país más beneficiado por dicho plan, ya que estaba previsto que percibiera en el periodo 2021-2026 unos 140.000 millones de euros, de los cuales la mitad se adjudicarían en forma de subvención y la otra mitad en forma de préstamos.

Para darnos una idea relativa de la importancia de este volumen de ayudas, indicar que el estado español recibe de Europa anualmente unos 3.000 millones en ayudas dentro de su programa FEDER, por lo tanto, estamos hablando de un paquete de incentivos que multiplica por veinte lo que España recibía hasta la fecha.

El gobierno español ha utilizado este ambicioso, plan para impulsar la reindustrialización del país, con el fin de enfocar la economía española a actividades más tecnológicas y competitivas, que aporten mayor valor añadido. Han sido innumerables las intervenciones públicas de los miembros del gobierno resaltando las bondades de los fondos y los efectos tan positivos que iba a tener sobre la economía española.

El próximo 31 de diciembre finaliza la primera fase de este plan, la más importante puesto que incluye la dotación destinada a subvenciones. El gobierno español ha manifestado su voluntad de no acceder al resto del programa, al que distribuiría los fondos en forma de préstamos, aunque posiblemente se revierta dicha decisión dado el recrudecimiento que se ha producido en las condiciones de financiación en los últimos meses.

Llegado a este punto, y después de más de dos años de puesta en marcha del plan Next Generation EU en España, es buen momento para realizar un balance del resultado alcanzado.

La conclusión más importante es que este proyecto no ha sido muy positivo para el sector privado, ya que las estimaciones llevan a determinar que de los 70.000 millones de euros en subvenciones que se van a repartir hasta el próximo 31 de diciembre, únicamente unos 15.000 millones llegarán a empresas, autónomos o particulares. El resto se esta distribuyendo de forma bastante fluida entre las administraciones públicas, básicamente para inversiones en infraestructuras.

El gobierno español ha enfocado el destino de esta cantidad de fondos a la sostenibilidad y digitalización de la economía y sociedad española, constituidos ambos en los grandes pilares de la actuación del plan Next Generation EU. Los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y asociaciones, están sabiendo aprovechar muy bien estos fondos. Adquisición de autobuses eléctricos, instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, sistemas digitales para el control de instalaciones hidráulicas, depuradoras…, son algunos de los ejemplos del uso que las administraciones están realizando de estos fondos.

¿Por qué entonces el sector privado no los está utilizando de manera tan intensa como lo están haciendo las administraciones públicas? Tres son los factores que determinan esta situación.

El primero es que el plan Next Generation EU se ha centrado en España en el fomento de la digitalización y de la sostenibilidad de la sociedad española. Aunque son motivos muy loables y ciertamente muy necesarios en el contexto económico y social actual, las empresas no sólo dirigen sus inversiones y necesidades a estos aspectos. Actuaciones en el ámbito de desarrollo de nuevos productos y servicios, aumentos de capacidad productiva, expansión internacional, reorganización de procesos y ampliación de líneas de negocio, por ejemplo, no están incluidas, en la mayor parte de los casos, dentro de los conceptos de digitalización y sostenibilidad y, por lo tanto, se han quedado fuera de estas ayudas.

En segundo lugar, la mayor parte de las convocatorias que se han publicado dentro de este plan contemplan como necesario el establecimiento de consorcios para la ejecución de los proyectos, de manera que las empresas deben coordinarse con otras para dicha ejecución. El objetivo de este requisito era buscar proyectos que incorporarán a toda la cadena de valor de las distintas industrias y que fueran apoyados proyectos de inversión elevados, pero evidentemente, en un país repleto de pequeñas empresas, ejecutar proyectos en consorcio con otras empresas es complejo, lo que ha desincentivado el acceso a dichas convocatorias.

Por último, el afán del gobierno español por ser estrictos en el control del destino de los fondos Next Generation EU, con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto con las administraciones europeas, ha provocado que las distintas convocatorias publicadas dentro de este plan hayan incorporado excesivos requisitos que han hecho, en muchos casos, imposible el acceso por parte de las empresas.

Estos tres factores han restringido a las empresas el acceso a estas ayudas, especialmente a las pequeñas, provocando que muchas convocatorias no se cubran los presupuestos establecidos o el número de solicitantes sea muy escaso. Para darnos una idea de esta situación, los Perte del sector agrícola y naval, cuya resolución se ha publicado hace unos días, han mostrado la imposibilidad de repartir todo el presupuesto aprobado, quedándose pendiente de adjudicación el 70% y 80%, respectivamente.

Las grandes empresas, aunque también con dificultades, han sido más beneficiadas que las pequeñas, dada su capacidad para afrontar mejor estos tres factores condicionantes. Por lo tanto, se deberían tomar medidas para facilitar el acceso de estas pequeñas empresas, que conforman básicamente el tejido económico español, a las futuras convocatorias de este plan o de otros similares una vez haya finalizado el actual.

Convocatorias como el Kit Digital o las ayudas del IDEA para el fomento del autoconsumo energético, son ejemplos positivos de como se deben estructurar estas iniciativas ya que, en este caso, si que han permitido acceder a muchos beneficiarios, especialmente pequeñas empresas, autónomos e incluso particulares. Esta iniciativa está teniendo un efecto muy efectivo en la digitalización y la inversión en infraestructuras de autoconsumo energético.

José Manuel Belda Cuadrado es socio director Sureste España de Evalue Innovación y miembro del Foro de Debate Económico Germán Bernácer