Los fondos de la reconstrucción de Alicante: PP y Cs prevén priorizar la emergencia social y la economía

ALICANTE. El bipartito de Alicante en situación de minoría compuesto por PP y Cs saca la calculadora para tratar de perfilar la financiación las 105 medidas para la reconstrucción de la ciudad tras el impacto del coronavirus, una vez ya ratificadas por unanimidad (aunque entre críticas) en el pleno. Con ese trámite cumplido, las dos formaciones aliadas al frente de la gestión municipal ya han iniciado los primeros esbozos para proponer a los grupos de la oposición la que será la cuarta modificación de crédito del presupuesto de este año, con la que se debe dotar de fondos a esas medidas. 

Hasta el momento no existe una cuantificación concreta, según apuntó el alcalde, el popular Luis Barcala, al término de la sesión. Pero sí se ha discriminado ya qué iniciativas requieren de consignación presupuestaria y cuáles de entre ellas deben ser las prioritarias. "Nosotros lo tenemos claro: lo primero es atender a las personas en riesgo de vulnerabilidad, que lo están pasando fatal y que necesitan ayuda para comer y para llegar a fin de mes", enfatizó el primer edil. Y, después, "la ayuda al tejido productivo, el impulso a la actividad económica; si eso no funciona, engrosaremos las listas de los que más necesitan, y trabajamos precisamente para lo contrario, para que sea el tejido productivo el que contribuya a sacar de la situación de necesidad al mayor número de personas posible", indicó.

En realidad, esas dos prioridades podrían traducirse en una ampliación de las dos medidas que ya se ha puesto en marcha desde el estallido de la crisis: el refuerzo de las ayudas sociales y la línea de subvenciones directas para pymes y autónomos que acreditasen caídas del 40% en su facturación como consecuencia de la pandemia. Así que, a través de esa cuarta modificación de crédito se podría incluir una extensión de esas dos primeras iniciativas. 

La ecuación que queda por resolver es con qué fondos se sufragarán esas iniciativas. Y lo cierto es que esa planificación sigue embarrada entre la incertidumbre sobre la disponibilidad del remanente de crédito: el dinero presupuestado pero no gastado durante el ejercicio de 2019. En el caso de Alicante, se trata de una hucha de 48,7 millones que continúa inmovilizada por el Gobierno central, junto a los ahorros de todas las administraciones locales, ante la previsión de que pueda tener que recurrir a esos fondos para costear las medidas puestas en marcha en el conjunto del Estado con motivo de la pandemia. En ese escenario, la propuesta que, según el alcalde, estaría barajando el Ejecutivo central, comprendería el compromiso de devolución de esos remanentes a lo largo de varias anualidades. En concreto, el planteamiento en fase de borrador con el que trabaja el Ministerio de Hacienda prevé que los ayuntamientos presten sus ahorros a las arcas públicas estatales, de modo que luego se les devolvería mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros. La cantidad restante quedaría a disposición de Hacienda y se reintegraría en un plazo de diez años, según recoge Europa Press.

El bipartito ya contempla la posibilidad de que se deban acordar nuevas concesiones y renuncias entre los proyectos del presupuesto de 2020 en el caso de que no se pueda hacer uso del remanente de 2019

Con todo, el primer edil insistió este jueves en que el bipartito haría todo lo que estuviese a su alcance para que el remanente de Alicante revierta en la ciudad. ¿Cómo? Usando el porcentaje que sí se permite gastar para amortizar deuda municipal. "Si se mantiene ese plan, saldaremos el 100% de la deuda pendiente", aseguró el primer edil. En concreto, se trataría de liquidar pagos pendientes por 19 millones. El problema es que, por el momento, ese movimiento parece contar solo con la anuencia de los dos partidos del equipo de Gobierno (PP y Cs), y ya ha suscitado reticencias entre los grupos del eje progresista (PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís). La decisión sí podría tener más acomodo en las filas de Vox, aunque tampoco sería a coste cero, ya que sus dos ediles persisten en reclamar ahorro en gasto superfluo ("como los 400.000 euros derrochados por el bipartito en contratación de asesores en plena pandemia") para que se pueda bajar impuestos a la ciudadanía. 

Así, el bipartito trabaja incluso con el peor escenario posible: que no se pueda disponer de ese remanente. En esa hipótesis, "todos tendremos que hacer concesiones en cuestiones que parecían irrenunciables", según admitió el propio Barcala también este jueves. ¿Qué concesiones? Básicamente, renuncias a la ejecución de determinados proyectos incluidos en el presupuesto de este año, 2020. Todo, con la dificultad añadida de que ya se ha hecho un primer ejercicio de renuncia para financiar los costes de la segunda modificación de crédito, por un importe de 5 millones de euros. Como publicó este diario, en esa renuncia se usaron los ahorros de partidas que no llegarán a ejecutarse y otras iniciativas de las que se decidió prescindir. 

El sudoku se complica aún más si se tiene en cuenta que todavía se debe sufragar operaciones pendientes de amortización (gasto ejecutado pero no pagado) a través de una tercera modificación de crédito (que se someterá a votación en el pleno ordinario de julio). El bipartito ya ha tratado de exprimir ahorros y partidas no esenciales para tratar de cubrir su importe (que también sigue sin cuantificar). Sin embargo, como máximo solo habría llegado a recopilar poco menos de un millón, según fuentes consultadas.