Los exsocios del PSOE aprietan a Echávarri: instan a PP y Cs a dejar sin sueldos a los imputados

ALICANTE. Guanyar y Compromís redoblan la presión contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri. Las dos formaciones que compartían responsabilidades de Gobierno con el PSOE hasta hace un mes dan otra vuelta de tuerca más en su estrategia y mueven ficha para tratar de dejarlo sin retribuciones y sin competencias. A él y a todos los ediles sobre los que pese una imputación judicial por temas asociados a la corrupción. ¿Cómo? Mediante el registro de sendas propuestas para que se impulse la reforma del Reglamento Orgánico Municipal (ROP) que se debatirán en el pleno ordinario de este mes.

La primera formación en desvelar sus intenciones fue Compromís. Su portavoz, Natxo Bellido, apuntó que la reforma de ese reglamento fue uno de los puntos recogidos en el pacto de gobierno suscrito tras las municipales de 2015 al que todavía no se le ha dado cumplimiento, pese a que el PSOE sí llegó a solicitar aportaciones a todos los grupos con representación municipal en el otoño de 2016. Además, recordó que su propuesta recoge el testigo de la que presentó el propio PSOE en el pleno de enero de 2015 (a instancias de Echávarri como secretario general) para que se dejase sin sueldo a los concejales inmersos en causas de corrupción, en referencia a la situación de algunos concejales del PP que entonces formaban parte del equipo de Gobierno.

La propuesta de Compromís no llega a detallar qué tipo de delitos deberían considerarse encuadrados bajo el concepto de corrupción y, por consiguiente, si la prevaricación figuraría entre ellos. No es una cuestión menor: la prevaricación es el tipo penal por el que se investiga al primer edil tanto por el presunto fraccionamiento de contratos del caso Comercio como por el supuesto despido irregular de un funcionaria interina, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. De hecho, el PSOE y el propio Echávarri vienen manteniendo, cada vez que se les cuestiona al respecto, que ninguna de las dos causas guarda relación con un delito de corrupción, que nadie se ha apropiado de fondos públicos ni les ha dado un uso indebido y que el despido de la trabajadora municipal familiar de Barcala fue una decisión legal avalada por los técnicos. Bellido apuntó al respecto que ese aspecto concreto (qué delitos son corrupción) se debatiría en el seno de la comisión encargada de modificar el reglamento. 

Con todo, lo cierto es que la propuesta de los nacionalistas -que quedó registrada este mismo lunes- incluye un segundo supuesto que sí afectaría plenamente a la situación de Echávarri sin que pudiesen mediar posibles interpretaciones: que también se promueva la retirada de competencias y retribuciones para los concejales "en situación de procesamiento judicial por cuestiones referentes al ejercicio de sus funciones públicas y, hasta la resolución de su causa". Ese es justo el escenario en el que se mueve el primer edil en la actualidad, a expensas de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra el auto de procesamiento dictado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 en relación a los contratos de Comercio.

La iniciativa de Compromís también incluye otros dos puntos que deberían reflejarse en esa hipotética reforma del ROP: una reducción de las competencias directas del alcalde; que se regulen garantías de actuación y presencia adecuada de la oposición y que se facilite la participación de la ciudadanía en los órganos de decisión municipales.

La propuesta de ambos grupos requeriría el respaldo del PP, aunque no existen plenas garantías de que la medida llegase a tener eficacia

El segundo actor político en dar a conocer una iniciativa similar fue el grupo municipal de Guanyar. Su portavoz adjunto, Víctor Domínguez, precisó que la plataforma electoral también presentará una moción con idéntico objetivo en el pleno del próximo 28 de diciembre. Esa propuesta de revisión del ROP también contempla la retirada de sueldos para ediles imputados por causas de corrupción, aunque no llega a referirse a los procesados. Sin embargo, sí amplía la propuesta de Compromís en la medida en que llega a definir plazos concretos para la puesta en marcha de la comisión y para la duración de sus trabajos. Según Domínguez, la comisión para la reforma del reglamento debería constituirse en un plazo de 20 días desde la adopción del acuerdo de su creación y su fin debería estar conseguido dos meses después. Según la propuesta de Guanyar, a esa comisión, además, se le dotaría de carácter público para que sus sesiones de trabajo estuviesen abiertas a la ciudadanía.

Las fuentes consultadas precisaron que, probablemente, las dos propuestas acabarían fusionándose en una única formulación, bien antes de la sesión, bien en el transcurso del pleno, a través de transacciones. Con el hipotético respaldo de Guanyar y Compromís, la propuesta contaría con ocho votos, por lo que bastaría con el respaldo de los ocho concejales del PP para que quedase aprobada. Sin embargo, la cuestión que no parece tan clara es qué eficacia real podría llegar a tener la reforma del ROP sobre la asignación de sueldos al tratarse de una facultad potestativa de la Alcaldía. Las fuentes de la oposición consultadas consideraron que el PSOE sí quedaría obligado a acatar una reforma del reglamento que condicionase el reparto de las retribuciones municipales siempre que las determinaciones de esa reforma no contradigan normas de rango superior, como la Ley de Bases Régimen Local. 

Sin embargo, los precedentes registrados en otros ayuntamientos en los que se ha plantado iniciativas similares para dejar a alcaldes o concejales de gobiernos en situación de minoría no siempre han llegado a poder ejecutarse. Es más, en la mayoría de ocasiones esos acuerdos por los que se ha promovido la retirada de sueldos han acabado dirimiéndose en los juzgados, una vez ya agotados los mandatos de esos concejales a los que se pretendía dejar sin asignación.