Los emprendedores se quejan de inseguridad jurídica

VALÈNCIA. Es habitual escuchar en los foros de emprendimiento la frase de “EEUU innova, China replica y Europa regula”. Y si esto es en Europa, en España parece que todavía se legisla más a juzgar por las quejas expresadas en reiteradas ocasiones por los emprendedores nacionales. 

En línea con otro emitido en 2024 por las mismas fechas, el 3 enero de 2025 la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hacía público un comunicado en su página web en el que reclama “promover seguridad y estabilidad regulatoria para generar confianza y crear empleo”.

Según la patronal empresarial, mientras que “las pequeñas empresas, predominantes en el tejido empresarial español, afrontan dificultades crecientes debido al aumento de costes y la falta de certidumbre y seguridad jurídica”, las grandes corporaciones compensan “la caída de empleo de las microempresas, donde la proporción de empleo ha caído del 21,61% de 2019 al 18,79% del pasado mes de noviembre”.

Generar confianza en los inversores

El principal objetivo de promover la estabilidad regulatoria sería, según la CEOE, el de generar confianza en los inversores, opinión que comparten los mismos aludidos. “Lo que más desmotiva una inversión es la incertidumbre regulatoria, la alta carga fiscal y la percepción de un retorno de inversión bajo o inseguro. Proveer un marco legal estable y predecible, beneficioso para emprendedores e inversores (profesionales y particulares), podría aumentar significativamente la confianza de los inversores y ayudaría a dinamizar el ecosistema emprendedor español y nuestra industria tecnológica”, sostiene Juan Orbea, actual fundador de Metaloss y analista de Swanlaab Venture Factory hasta el pasado mes de septiembre. 

También Juan Manuel Pérez, socio de Aktion Legal, lamenta los cambios constantes en la legislación y fiscalidad entendiendo que generan “un entorno de inseguridad que desincentiva la inversión”.

Furor legislativo

Entre Reales Decretos Ley, Proyectos de Ley y Proposiciones de Ley, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez han culminado su primer año de la actual legislatura con veinticinco directrices, “más de dos leyes al mes”, presumen, a las que se suman 31 iniciativas legislativas en tramitación. 

Obviamente, no todas se enfocan al mundo del empresariado, pero sí que muchas de ellas acaban afectando de forma indirecta. Es el caso del Proyecto de Ley contra el Desperdicio Alimentario, ya aprobado, que incluye la obligación, por parte del sector productor y el de la distribución, de donar los excedentes de alimentos que estén en condiciones de consumo y obliga a las tiendas de alimentación de más de 1.300 metros cuadrados a contar con acuerdos con bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales. O el Proyecto de Ley de información empresarial Sobre Sostenibilidad por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Freno a la innovación empresarial

Algunas de estas leyes y directivas se trasponen a nuestro país tras su aprobación de la Unión Europea, como la Ley de Inteligencia Artificial, aprobada por la Eurocámara en marzo del año pasado. Se trata de una Norma pionera en el mundo con la que se pretende garantizar el Estado de Derecho y la sostenibilidad ambiental. La ley establece cuatro niveles de riesgo, desde el inaceptable, en cuyo caso su uso queda prohibido y es sancionable, hasta el riesgo mínimo o nulo. En el primer supuesto, entraría, por ejemplo, la aplicación de IA en cirugía asistida por robot, mientras que de riesgo bajo sería, por ejemplo, un filtro de spam o la recomendaciones de Netflix para consumir determinado contenido. 

De las limitaciones de esta ley habló Rafael Tamames en el acto de la presentación de su último libro: La inteligencia artificial y tú, en el que el autor se refiere a la ley como “una suerte de chapuza burocrática europea que cercena la innovación empresarial y se centra en la tecnología, otra vez, que hará que quede desfasada en pocos años. Otra vez. No aprendemos”, dice. 

Además del freno a la innovación, se habló del riesgo que asume Europa con tanta regulación de favorecer que muchos emprendedores opten por constituir la corporación fuera del territorio comunitario en busca de regímenes legislativos más laxos, como sucede en EE.UU o el mercado anglosajón, más amigos de la autorregulación.

Competir en desventaja

Además de condicionar las decisiones empresariales y promover la aversión al riesgo, otro de los efectos negativos del exceso legislativos que observan algunos es que se ahuyenta la entrada de empresas foráneas ante el temor de tener que afrontar costosos litigios permanentemente. Aquí el ejemplo lo podemos encontrar en los distintos enfrentamientos legales que ha mantenido Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, con la Unión Europea en materia de privacidad de los datos y prácticas anticompetitivas.

La competencia desleal es, por último, otro de los efectos perniciosos que podrían derivar de un régimen en exceso regulador hasta el extremo de poner en desventaja a los productores o empresarios locales con otros que operan en mercados donde no aplican las mismas leyes. Baste recordar las protestas de los agricultores europeos del pasado año denunciando, entre otras cosas, la competencia desleal de productos importados, a menudo producidos con estándares laborales y ambientales menos exigentes, lo que dificulta competir en el mercado por lo que exigían un control de las importaciones.