Ximo Puig, durante su visita a la planta fotovoltaica de X-Elio en Xixona, este verano. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El colectivo Ecologistes en Acció se está planteando acudir una vez más a las instituciones europeas para intentar frenar una normativa autonómica, en este caso, el decreto de renovables aprobado por el Consell para favorecer la instalación de energía eólica y fotovoltaica en la Comunitat Valenciana y que entró en vigor a finales de agosto. No porque el colectivo que en Alicante lidera Carlos Arribas esté en contra de la esencia del decreto, que busca solventar el retraso de la autonomía en la instalación de energías limpias, sino porque para hacerlo rebaja la protección de algunos espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, como adelantó este periódico.
El decreto aprobado en agosto incorpora tres novedades fundamentales para agilizar la instalación de energías renovables. El primero y crucial, la supresión de la necesidad de solicitar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para construir en suelo no urbanizable. Una medida que ya se introducía para las plantas de menos de 5 MW en 2019, con una modificación de la Lotup, y que ahora alcanza a todas las plantas fotovoltaicas que dependan de la Generalitat (hasta 50 MW). La segunda, que ya no es necesario que el promotor acredite la propiedad (o alquiler) del 100% de los terrenos que necesita ocupar, sino solo del 25%, ya que al ser declarada de 'interés estratégico', podría recurrirse a un procedimiento de expropiación forzosa.
Y la tercera, que ha hecho que los ecologistas pongan el grito en el cielo, pasa por rebajar el nivel de protección de los parajes incluidos en la Red Natura 2000, de forma que en algunos de ellos se podría construir la planta solar o eólica directamente, y en otros tras recibir el visto bueno de la Administración. Así, se considerarán "compatibles" las centrales fotovoltaicas en las zonas C y D de la Red Natura 2000, las que cuentan con un menor grado de protección, mientras seguirán siendo incompatibles con las zonas A y B. Entre las zonas donde a partir de ahora sí se permitirían las plantas, se cuentan las zonas especiales de conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA.
También se autorizarán plantas solares en hábitats incluidos en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, con un informe favorable, y en montes de utilidad pública, tras una evaluación previa y cumpliendo el trámite de ocupación de monte público regulado por la Ley de Montes de la Comunitat Valenciana. Asimismo, también podrían autorizarse, con un estudio caso por caso, en áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos que cuenten con Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), parajes naturales municipales, en función del plan especial de cada caso, y en reservas de caza y refugios de fauna.
Un grado de desprotección de las zonas C y D de la Red Natura 2000 que Ecologistes en Acció considera inasumible, ya que incumple una de las recomendaciones del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30, que establecía con carácter general que "se recomienda la exclusión de este tipo de instalaciones en Espacios Naturales Protegidos, y espacios de la Red Natura 2000". "Hay que tener en cuenta que las instalaciones fotovoltaicas implican la desaparición de toda la cubierta vegetal debajo de los paneles y del terreno ocupado por los inversores y las subestaciones eléctricas transformadoras, que elevan la tensión y vierten la energía a la red, lo que implica la desaparición de los hábitats protegidos", señala el colectivo.
Por este motivo, el colectivo ecologista anuncia que se reserva el derecho de "interponer una posible denuncia ante la Comisión Europea por la intromisión en la Red Natura 2000 y el incumplimiento de las administraciones de no deterioro de esa Red establecido por las Directivas europeas", al tratarse de la principal red de espacios naturales protegidos a nivel europeo, "espacios que deben conservarse y no descatalogarse en la práctica, aunque sea con un interés ambiental y económico de aumentar la capacidad de generación de las energías renovables".
El decreto de renovables, que modifica o deroga otros tres decretos y dos leyes, busca acortar la brecha entre la actual situación de la energía renovable en la Comunitat y la estrategia europea. La contribución de las energías renovables es muy inferior a la de otros territorios y a la media de España. Actualmente hay instalados 364 MW de potencia fotovoltaica y 1.255 MW de eólica, y la generación de electricidad renovable en 2019 supuso tan solo el 3,8% de la estatal, con una población cercana al 11%. El objetivo es la instalación de 6.000 MW fotovoltaicos en 12.000 hectáreas y 4.000 MW eólicos antes de 2030, y la generación eléctrica renovable del 74% en ese horizonte, en línea con el citado PNIEC.
