De manera sigilosa y sin hacer mucho ruido, la Conselleria de Educación va soltando en fascículos los cambios que pretende hacer en la Ley del Plurilingüismo, uno de los grandes objetivos del nuevo objetivo del Gobierno de PP y Vox, para cumplir la promesa electoral de conceder a los padres la libertad de elegir la lengua en la etapa escolar. De lo trasladado por el conseller José Antonio Rovira y amplificado por el secretario autonómico de Educación, McEvoy, no hay duda de que se trata de una vuelta al modelo educativo del PP pero con matices, incluso, me atrevería de decir que viene un cambio, quizás retógrado, para satisfacer las pretensiones de Vox, que es el socio de gobierno.
A la formación de Santiago Abascal y a una parte del PP les gustaría una educación íntegramente en castellano en la Comunitat Valenciana, algo que es imposible, y que algunos los han descubierto ahora en su vuelta al poder. Es imposible legalmente porque la autonomía tiene dos lenguas oficiales, y en sus diferentes leyes se fija como objetivo que los escolares deben finalizar la educación secundaria teniendo conocimientos de escritura y lectura en ambas lenguas. Y además, existe la jurisprudencia del Tribunal Supremo que fija el mínimo de clases en una lengua oficial del 25% en las comunidades bilingües, como ha reconocido el TSJ en un fallo sobre un conlegio de Torrevieja.
Así que la imposibilidad legal de introducir la educación monolingüe, como creo que a más de uno les hubiera gustado cambiar, ahora los nuevos responsables de Educación han puesto sobre la mesa la libertad de elección de la lengua base, o también vehicular, es decir, sobre las asignaturas troncales: matemáticas, lenguas (valenciano y castellano), geografía e historia y biología. Ahora, algunas de estas asignaturas se imparten en valenciano, algo de lo que el PP -y también Vox- discrepan, sobre todo, si se da en zonas históricamente castellanohablantes. Bueno, no es ningún secreto decir que a más de un dirigente de Vox le gustaría que no se diera nada.
Pero además de ello, el PP quiere -así lo ha manifestado el propio Rovira- que la decisión sobre la elección de lengua base recaiga en los padres, sin tener en cuenta al consejo escolar -donde están representados todos los agentes educativos- ni a los docentes. El modelo educativo del PSPV y Compromís implantó el mismo modelo para todos: 25% de valenciano; un 25% de castellano y entre un 15% y un 25% de lengua extranjera. El resto de horas lectivas, hasta completar el 100%, lo acordaba el consejo escolar, en función del contexto en el que se encontraba el centro en cuestión. En el caso de la Vega Baja, los porcentajes son más bajos de asignaturas en valenciano en zonas como la Vega Baja, donde se arrancaba con un 16-17%, siempre con la exención de la asignatura vigente. Hay que recordar la implantación de esas primeras asignaturas troncales en valenciano para todos, incluidas las zonas castellanoparlantes, empezó con María José Catalá, allá 2012. Y que Font de Mora propuso el 33% para cada una de las lenguas: valenciano, castellano e ingkés, aunque nunca se llegó a aplicar.
Ahora, el gran dilema que plantea el modelo del PP-Vox es si esa consulta que plantea a los padres será binaria -blanco o negro- para todos, o si de verdad, volvemos a un sistema de doble línea valenciano-castellano, en el que cada alumno opta por una de ellas, pero acaba aprendiendo las dos por igual, como pretendía ese planteamiento pedagógico.
Insisto, la gran duda es si la doble línea es para todos los centros, o si el resultado de esa especie de referéndum lingüístico es por centro y gana la lengua que tenga más adhesiones. y el resto se tiene que aguantar. En caso de ser así, la elección de lengua solo valdía para unos (los que ganan), y no para todos. ¿Y si el resultado es de un 51% a un 49%? Pues lo mismo. No hay que olvidar que las sentencias del TSJ avalaron el plurilingüismo del Botànic porque establecieron equilibrios lingüísticos. Y en el caso de que se produjo una desviación, la corrigió.
Por ejemplo, el PP de Baleares ha optado por no cambiar el modelo y mantenderlo para todos, aunque ha pactado con Vox establecer, allí donde se pueda, centros que ofrezcan las asignaturas troncales en castellano, lo cual obligará a desdoblar plantillas y aulas. Es lo que en las islas ha comenzado a denominarse la segregación, algo que está ver qué recorrido tiene, tanto legal, como logístico: desdoblar aulas y profesores.
Aquí, visto lo anunciado por Rovira y McEvoy, parece claro es que vamos a un sistema de doble línea, como en 2015, pero la incógnita de si esa doble línea será en cada centro o se establecerán centros con preferencias por una línea o por otra. Lo que sí tiene pinta es que en esta nueva etapa ni los consejos escolares ni los docentes van a pintar fava. Es lo que parece, y se desprende de las reacciones de AMPAs y sindicatos.
En cualquier caso, los cambios los veremos muy pronto, si de verdad deben entrar en el curso 2024-25. Y falta por ver la reacción de la comunidad educativa, toda. Mazón querría una primavera tranquila, a tenor de su discurso de Navidad; de diálogo y mano tendida. Pues la educativa, y también la sanitaria -con el cumplimiento o no de los compromisos firmados por el anterior Gobierno- van a ser su verdadera prueba de fuego. Si finalmente se impone lo de la consulta, y además, binaria, también será curioso ver cómo adapta el PP ese mensaje y en qué condiciones sobre la oferta educativa. Lo deseable sería un pacto entre todos (al menos los que defienden el Estatuto de Autonomía), pero parece imposible. Pero bueno, una cosa es como entre ese cambio legislativo en las Cortes Valencianas, y cómo se apruebe. Y lo que acaben dictando los tribunales, si hay discrepancia, cuando menos, en la aplicación.
