BENIDORM. Las asociaciones de apartamentos turísticos de la provincia de la Comunitat Valenciana piden al secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que aclare en qué términos se puede conceder una compatibilidad urbanística. Así lo reclamaron este miércoles en una reunión mantenida entre los dos bandos en la sede de Invattur en Benidorm. En el encuentro estaban los representantes de APTUR, AVAEC, VIUTUR, ALOGA, AEA, ABTA, AETHMA y CEDMA.
Fue un 'tira y afloja' según explicó el propio presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos, quien fue erigido como portavoz de todas las asociaciones ante los medios de comunicación. Así, indicó que había servido para hacer diferentes peticiones al titular de Tuirsme que al parecer, habría acogido con intención de plantearlo en València.
Un avance para el conflicto entre los dos bandos es que los apartamentos turísticos parecen haber comprendido que no se puede derogar ni suspender de manera cautelar la petición de una compatibilidad urbanística para registrar las viviendas, como así han pedido en numerosas ocasiones desde que se aprobara la ley el pasado verano.
Es por esto que ahora reclaman que se clarifique esta situación, que como se recordará, está ocasionando diferentes complicaciones en los ayuntamientos de la Comunitat a la hora de conceder dicha documentación por ser contraria a los planes de ordenación urbana que estarían obsoletos y sin tener en cuenta las nuevas tecnologías y los cambios que han implicado en la sociedad en todos los ámbitos.
Cabe señalar que el término "Viviendas de uso turístico" en la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad las definen como "los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se cedan mediante precio con habitualidad en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio".
El problema está en convertir viviendas residenciales en casas de uso turístico, y por tanto, con actividad económica. Algo que no todos los ayuntamientos pueden compatibilizar y por tanto, ciudades como Benidorm ha denegado todas las solicitudes desde que se aprobó la ley.
Por su parte, Colomer indicó que “el debate está en sede parlamentaria y señaló que “desde el departamento de Turisme haremos lo posible para que la aplicación del futuro decreto no confunda lo la lucha contra el intrusismo de la defensa del alojamiento reglado, de la defensa del PIB, del empleo, del prestigio y de la realidad turística de la Comunitat Valenciana”.
En esta línea, hizo hincapié en que “nuestro deber es que el resultado parlamentario y el decreto posterior que concreta la Ley sepa distinguir el sector reglado de lo que es el intrusismo y la competencia desleal”.