ALICANTE. La campaña a favor de la recuperación del derecho civil valenciano, suprimido de facto por las sentencias del Tribunal Constitucional de 2016 en las que anulaba las primeras leyes aprobadas en este marco (la de régimen económico matrimonial y la de custodia compartida) a instancias del Gobierno central, ha sido otra de las damnificadas por la pandemia del coronavirus. La propuesta para modificar la Constitución de forma que permita a la Comunitat Valenciana recuperar la posibilidad de legislar que sí tienen Galicia o Aragón, además de las comunidades históricas, lleva esperando turno en el Congreso desde el pasado febrero, y mientras, Juristes Valencians, la asociación que puso en marcha la campaña a favor del derecho civil, trabaja contrarreloj para sumar el máximo apoyo municipal a la iniciativa.
La campaña ha perdido algo de visibilidad, después de desembarcar en Madrid con un gran acto a finales de 2018, pero no se ha detenido. De hecho, la asociación que preside José Ramón Chirivella sigue sumando adhesiones, aunque hay algunos ayuntamientos, especialmente de la provincia de Alicante, que se les 'resisten'. El objetivo es "que la propuesta llegue al pleno del Congreso con el mismo apoyo que tuvo en su día la construcción de la autonomía valenciana tras la aprobación de la Constitución, en la que los 512 de los 541 municipios de la Comunitat se pronunciaron a favor en sus respectivos plenos", explica.
En estos momentos, la moción institucional para pedir al Gobierno la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución, de forma que la Comunitat Valenciana también pueda legislar sobre su derecho civil, ha sido aprobada en 500 ayuntamientos, muy cerca ya del 100%. El respaldo es casi total en las provincias de Castellón y Valencia, donde la mayoría de sus ayuntamientos se han pronunciado a favor: 116 de 135 en la provincia del norte (solo faltan 2.000 habitantes de pequeños municipios), y 262 de 266 en la de Valencia. En Alicante, en cambio, el respaldo institucional, aunque mayoritario, es algo inferior: del 85%.
Hasta la fecha, se han pronunciado a favor de la recuperación del derecho civil 119 ayuntamientos de la provincia, que cuenta con 141 entidades locales. Están todos los grandes, pero aún faltan algunos muy significativos, como Pilar de la Horadada (en la frontera con Murcia), o Camp de Mirra, en el Alto Vinalopó, que es el municipio donde en 1244 se firmó el Tratado de Almizra entre Jaume I y Alfonso X el Sabio que daría origen a la primera configuración política del Reino de Valencia. Entre la veintena de ayuntamientos que aún no han aprobado la moción, pese a la campaña de Juristes Valencians, se cuentan también Aigües, Busot y la Torre de les Maçanes, en l'Alacantí; o Alabatera, Benijófar y Dolores, en la Vega Baja.
No es una cuestión política, en la mayoría de estos municipios gobiernan o el PPCV o el PSPV, que a nivel autonómico defienden claramente la campaña para recuperar el derecho civil. Del bipartidismo solo se salen Monforte del Cid, donde gobierna Esquerra Unida (que en el plano autonómico está integrada en Podem y, por tanto, a favor) y el partido independiente que gobierna Sella. En todo caso, podrían entenderse las reticencias del Ayuntamiento de Daya Nueva, donde la mayoría la tiene Ciudadanos, que es la formación menos proclive a la campaña por el derecho civil porque en su día Albert Rivera interpretó que se trataba de una especie de ensayo soberanista. "Nos está costando un poco que estos ayuntamientos entren, pero pensamos que al final podremos convencerlos", confía Chirivella.
En todo caso, los 500 plenos municipales que han dicho 'sí' a recuperar la capacidad de legislar en derecho civil de Les Corts Valencianes representan al 98% del total de la población censada en la Comunitat Valenciana, muy cerca de los datos conseguido para solicitar el acceso a la autonomía en el año 1978, que en ese momento llegó al 96% de la población censada en la provincia de Alicante, al 99% en la de València y al 98% en la de Castellón. El objetivo de igualar el apoyo a la creación de la Comunitat Valenciana está a tiro, a sólo 12 municipios.
"En este momento, estamos incidiendo en la necesidad de tramitación urgente para que la Proposición de Reforma Constitucional se apruebe antes de octubre de 2021", explica el presidente de Juristes Valencians. "Vamos camino de cinco años de la sentencia del TC a la que votó en contra Juan Antonio Xiol". El magistrado del Constitucional, de hecho, marcó el camino en una entrevista con Alicante Plaza tras emitir el único voto particular en contra de la sentencia que anulaba la Ley de Régimen Económico Matrimonial, la primera que desarrollaba el derecho civil valenciano recogido en el Estatut de 2006: había que cambiar la Constitución. La propuesta se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el último día de febrero de este año, y desde entonces espera para pasar al pleno del Congreso.