ALICANTE. Con el Decreto Ley 14/2020 de la Conselleria de Economía Sostenible, de Agricultura y de Política Territorial en el que se establecían las medidas para acelerar la implantación de instalaciones de energías renovables por la emergencia climática y para una reactivación económica, las empresas del sector se volcaron en la redacción de proyectos. Muchas han visto la Vega Baja como un enclave idóneo para ubicar plantas fotovoltaicas. En estos momentos se están tramitando en la Generalitat 16 proyectos. Estos no solo tienen que ajustarse a lo estipulado en ese Decreto Ley, sino también al reciente Plan de Acción Territorial Vega Baja (PATVB), en fase de exposición pública y de presentación alegaciones.
Esos 16 proyectos que están en trámite abarcaría una superficie de 7,2 millones de metros cuadrado en la Vega Baja repartidos en el término municipal de seis municipios: San Miguel, Orihuela, Torremendo (pedanía de Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura y Albatera). El tamaño de cada una varía mucho, oscilando desde los 53.000 m2 a los tres millones de m2. Todas ellas generarían una potencia de más de 400 MWp.
El PAT zonifica la Vega Baja en seis áreas. En cinco de ellas no se permite la implantación de plantas fotovoltaicas. La zona 1 corresponde a suelos no urbanizables de protección ambiental regulados por planes de ordenación de recursos naturales. La zona 2 corresponde a lo que se ha denominado “piezas verdes de interés ambiental”, suelos de naturaleza forestal, que aunque no están reconocidos por ninguna figura de protección ambiental, precisan de una regeneración y puesta en valor. La zona 3 se dirige a los suelos no urbanizables del litoral regulados por el PATIVEL. La zona 4 engloba a la huerta histórica de la Vega Baja, con suelos de alta capacidad agrológica y asociados a sistemas de cultivo, riego y gestión del agua de gran valor histórico. En la zona 5 tampoco se permiten estas instalaciones ya que engloban suelos de cultivo de secano en terrazas en la Sierra de Pujálvares y la Sierra Escalona.
Sí lo permite en la zona 6, que corresponde a lo que se ha llamado “nuevos regadíos”, como es la zona de Los Montesinos, parte de Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas, Torremendo y Pilar de la Horadada (zona 6A) pero con algunas limitaciones. En este caso se permite las instalaciones cuya ocupación no supere el 1,5 % de la superficie de esta zona, es decir, todas las plantas proyectadas aquí no podrían ocupar más de 280 ha. Se cataloga como zona 6B a los regadíos surgidos del trasvase Tajo-Segura en el piedemonte de la Sierra de Crevillent, parte alta de Benferri, La Murada y Albatera. Aquí se fija el máximo en el 2,5% respecto al total de la superficie de esa zona, es decir, 355 ha.
Con todo ello, de las 16 plantas proyectadas, siete no cumplirían y algunas requerirían una reformulación, según fuentes consultada de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. La planta PPF Pilar IV en San Miguel de Salinas (101.979 m2) en principio no tendría encaje con el PAT pues parte de ella se propone en una zona 1, que la legislación protege. La planta Pilar II y PSF San Miguel, de 111.214 m2 y 71.827 m2 respectivamente, están en la zona 6 pero sobre una “orla de afección” por lo que podrían ser compatibles si la afección sobre la franja de transición que supone esta orla fuera mínimo, señalan desde conselleria. La mayor de todas es la suma de la planta Itel y Bibey, dos plantas ubicadas en Torremendo que ocuparían tres millones de m2. Parte de ellas podría ser viable, pero otra incumple todos los parámetros como sobreocupación de suelo o la distancia con paisaje protegido.
En esa misma zona, la 6, se proyecta otra de 1,1 millón de m2 y salvo que la versión final del PAT redelimitara el corredor propuesto como infraestructura verde, no tendría encaje. No obstante, esos corredores son una propuesta “plástica”, señalan desde Conselleria, por lo que se puede estudiar si hay otra manera igual de funcional para conectar espacios. Tampoco una tercera en el entorno de la pedanía de Torremendo, que con 463.000 m2 incumple la distancia de 500 m a paisajes protegidos, en este caso Sierra Escalona.
Otra que incumpliría los parámetros sería la proyectada en Los Montesinos al rodear un Bien de Relevancia Local (BRL), condición que fija el Decreto Ley. La proyectada en Cox tampoco sería viable al afectar a un corredor verde, y la de Callosa de Segura al ubicarse en la zona 4, huerta. Este es un espacio en el que no están permitidas salvo la excepción que recoge el PAT de para uso público, social o cooperativo.
El resto en principio y a priori sí podrían encajar en los parámetros establecidos tanto en el Decreto Ley como en el PAT. Desde conselleria insisten en que aunque muchas no cumplan “existe mucho suelo” donde sí serían viables.