ALICANTE. Orihuela acogió el 27 de enero de 2020 la sesión constitutiva de la comisión especial de Les Corts de estudio de las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones de la Vega Baja en materia Territorial, Urbanística e Hídrica, un guiño a uno de los municipios más afectados por las inundaciones que provocó la Dana de septiembre de 2019. Sin embargo, se presentaron ayer las conclusiones –aprobadas por Les Corts el 17 de junio- en Crevillent. Una decisión ésta, muy criticada por el PP –y que rechazó asistir al evento- por celebrarse fuera de la comarca de la Vega Baja. El dictamen, de 45 páginas recoge un amplio análisis de las características geomorfológicas de la comarca, los datos de precipitaciones, y los elementos que contribuyeron a uno de los episodios más desoladores de la comarca. Incluyen 10 áreas y ámbitos sobre los que se precisa llevar a cabo actuaciones para evitar próximas inundaciones. Desde el plano urbanístico a infraestructuras de transporte, pasando por el propio río Segura y la red de acequias y azarbes.
Entre los trabajos de la comisión, también se incluyeron hasta 85 comparecencias. Entre ellas, alcaldes y alcaldesas de los 27 municipios de la Vega Baja, así como técnicos de la Generalitat y personas expertas en materias como hidrología e hidráulica, geografía física, economía, ingeniería hidráulica, agricultura y urbanismo. Muchos de los aspectos que menciona el dictamen ya han sido publicados y comunicados en distintos foros, como que la Dana de septiembre, por su fecha tan temprana supuso un hecho “extremadamente anómalo”, o que las características geomorfológicas de toda la comarca es un factor que interviene en la gravedad de las inundaciones.
Del análisis de la información aportada por las personas comparecientes y la documentación recabada, la comisión identifica diez ámbitos sobre los que considera necesario que se lleven a cabo actuaciones para prevenir inundaciones y reducir la vulnerabilidad.
Dado que el cauce es irregular y decreciente, revela que la utilidad es deficiente de esta infraestructura para gestionar avenidas. El río se encuentra a una cota superior al territorio adyacente en el que desaguan las ramblas y barrancos, por lo cual, los desbordamientos del río generan daños ya que una vez pasados los caudales punta, los desbordados no pueden volver al cauce. Por esto señalan como necesidad la ampliación y renaturalización del cauce del río Segura y recuperar su morfología de los meandros, desbancados cuando se construyó el nuevo cauce. También sugiere que se deriven caudales desde el río Segura, aguas arriba de Orihuela a los embalses de La Pedrera o Crevillent.
En cuanto a la desembocadura, solicitan que se rediseñe el cauce del río Segura en su cuenca baja para abordar la permeabilización de la del cauce nuevo y antiguo, con el objeto de evitar la intrusión de agua marina en temporales de Levante y provocar un tapón hidráulico, hecho que sucedió en septiembre de 2019 lo que impedía que las aguas llegaran al mar con fluidez.
Las ramblas y barrancos suponen un enorme aporte de avenidas de agua a la llanura de la comarca. En las inundaciones se registraron escorrentías de 1.200 m3 por segundo en Benferri. El dictamen señala con carácter imprescindible “abordar sin dilación la mejora de la capacidad de retención de agua y sedimentos en las cuencas medias y altas de las ramblas y barrancos de las sierras vertientes a la Vega Baja”. Del mismo modo sugiere realizar tres corredores hidráulicos verdes, que capten los caudales de avenida afluentes desde la rambla de Abanilla, las sierras de Albatera y Crevillent. También que se elabore un plan de actuación de restauración hidrológico-forestal y estabilización de suelos en el río Chícamo y la rambla de Abanilla.
La red de acequias y azarbes que recorre la Vega Baja, además de su uso para llevar el agua hasta las parcelas de cultivo, también deberían actuar como sistema de desagüe. Sin embargo, el crecimiento urbanístico, el uso de los azarbes como receptores de sistemas de saneamiento de núcleos urbanos, el entubamiento de muchos tramos y la impermeabilización alteran el funcionamiento del sistema de desagüe. De este modo señalan la necesidad de ampliación y renaturalización de estos cauces, construcción corredores verdes e inundables, la reversión de los tramos entubados y que la administración destine recurso para estas actuaciones.
Este es uno de los elementos claves que se identifican como factor que propicia las inundaciones en la comarca, al generar la “elevada presencia” de carreteras y la vía ferroviaria del AVE, un efecto barrera para la circulación de las aguas en momentos de lluvias torrenciales. Esto se debe, señala, a “la escasa adecuación del diseño de estas infraestructuras a las características de inundabilidad del territorio”.
Por esta razón conmina al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante a que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el rediseño, adaptación y permeabilización de las infraestructuras viarias y de ferrocarril tomando como base el Patricova y del Plan de prevención de riesgos por inundación, así como de las cartografías de inundabilidad.
La provincia de Alicante, según recoge el dictamen, es la tercera provincia con mayor superficie de suelo compactado e impermeable de España. En el caso de la Vega Baja se cuantifican 12.645 ha de suelo sellado, lo que significa el 13,24% del total de la comarca –el triple que hace tres décadas-, dos puntos y medio porcentuales mayor que la media de la Comunitat. En el caso de la costa es mucho mayor. Tomando una franja del litoral, según explica el dictamen, de 2 km de ancho, el suelo sellado supera el 25%.
Esto ha provocado la ocupación intensa de la llanura aluvial, lo que incrementa la exposición a riesgo de inundación y la pérdida de la capacidad de retención de agua en el suelo. A esto se añade que la mayoría de núcleos urbanos no cuentan con una red separativa de recogida de aguas pluviales y elementos de retención y laminación, por lo que la evacuación se realiza hacia la red. Por esta razón solicitan a todas las administraciones a implementar planes de gestión de aguas pluviales para incrementar la permeabilidad de las zonas urbanizadas y revegetación de las áreas periurbanas.
Según los datos de la comisión, en torno a 860 ha de ocupación urbana del suelo se ha dado a través de reclasificaciones de suelos no urbanizables en urbanizables, y 4.206 ha de suelo urbanizado en zonas inundables. De este modo consideran fundamental la articulación efectiva del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja con el Patricova y el Pativel.
Las áreas restantes sobre las que incide el dictamen se centran en la planificación y medidas de la gestión de emergencias por inundación, la concienciación, sensibilización, educación ambiental y de gestión del riesgo y participación ciudadana, la reducción de la vulnerabilidad social y económica de la población y por último, la comunicación, cooperación y coordinación interadministrativa y refuerzo de las capacidades materiales y humanas de las administraciones públicas.