ALICANTE (EP/AP). De las declaraciones críticas, a la matización, tras una solicitud de rectificación. Ese ha sido el recorrido de las manifestaciones ofrecidas por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, después de que, el pasado viernes, desacreditase la actuación municipal en la presentación del recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce a la empresa XC Business 90 el derecho a la concesión de licencia para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto.
Mas ha matizado una semana después esas palabras, pronunciadas después de que trascendiese la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo (TS) para sostener que "en ningún momento era su intención desprestigiar la labor de ningún funcionario del Ayuntamiento de Alicante. La crítica se enmarca solo en el contexto político, criticando la estrategia política del equipo de gobierno en este asunto, referido al proyecto de macrodepósitos en el Puerto de Alicante", según ha asegurado, a través de un comunicado.
Mas rectifica y sostiene que "el recurso de casación no fue una chapuza; sí la estrategia política del equipo de gobierno para impedir la instalación de los macrodepósitos. En ningún momento insinúo que los servicios jurídicos hayan actuado de forma premeditada ante los intereses de la mercantil. Todo lo contrario, considero que el trabajo de los servicios jurídicos municipales es impecable", ha considerado.
La corrección se produce después de que la coordinadora jurídica del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante hubiese instado a Mas a rectificar su acusación de que en el recurso municipal sobre la licencia ambiental para la instalación de los depósitos de combustible en el Puerto "existe una presunta intención deliberada" de que fuera "chapucero para que el Tribunal Supremo directamente diga lo que quiere la empresa". En caso de no retractarse, la letrada había advertido de que emprenderá acciones legales.
La letrada municipal había dirigido al representante de Compromís un requerimiento en el que le pedía que en "un plazo máximo de dos días hábiles" rectificase las declaraciones vertidas en los mismos medios de comunicación donde difundió sus manifestaciones.
El pasado viernes se supo que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso que presentó el Ayuntamiento de Alicante a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que el pasado abril reconoció a la empresa XC Busines 90 la obtención de la licencia ambiental -solicitada en febrero de 2013-, por silencio administrativo positivo, para la instalación de un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante. De esta forma, se mantiene ese reconocimiento y el auto vuelve ahora al alto tribunal valenciano.
Al hilo de esta resolución, Mas calificó de "chapuza" el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento: "Lo veíamos venir. Llegó tarde y mal. Creemos que existe una presunta intención deliberada de hacer este recurso chapucero para que el Supremo directamente diga lo que quiere la empresa", aseveró. Sobre estos calificativos, la jefa del Servicio de Ordenación de los servicios jurídicos de Urbanismo considera que no dejan de ser "una manifestación carente de rigor".
"Presumo, yo sí desde el máximo respeto, que es fruto de su absoluto desconocimiento sobre el formalismo de tales recursos, cuyas inadmisiones alcanzan un alto porcentaje anual, y sobre determinadas y concretas materias jurídicas. Pero este probable desconocimiento no implica que usted se permita unas manifestaciones tan temerarias, ni supone que pueda actuar impunemente menoscabando y menospreciando el trabajo y la profesionalidad de los letrados del Servicio Jurídico Municipal", defiende el escrito.
Agrega esta funcionaria que, aunque no sea citada de manera expresa, las declaraciones le afectan "directamente" y podrían incurrir "en la posible comisión de un tipo delictivo con publicidad". "No obstante, mayor gravedad, si cabe, reviste su declaración de que 'creemos que existe una presunta intención deliberada de hacer este recurso de casación chapucero para que el TS directamente diga lo que quiere la empresa'. Con tal manifestación, usted sí deliberadamente -como demuestra su intencionada expresión de 'presunta'-, imputa la comisión de un posible delito a quien ha elaborado tal recurso, dando a entender a la opinión pública que por espurias motivaciones y de forma consciente se ha hecho dejación de las funciones públicas con la intención de que el recurso se inadmita".
Y recalca la abogada: "Ni como letrada municipal ni como coordinadora jurídica de Urbanismo, ámbito de gran complejidad y sensibilidad, he recibido jamás ningún tipo de instrucción, insinuación o directriz política al margen de la legalidad, del equipo de gobierno, que a lo largo de su mandato viene demostrando un absoluto respeto con nuestro trabajo y decisiones en el ámbito de nuestras funciones, sin ningún tipo de injerencia de carácter político".
En esta línea, en su escrito, la funcionaria recuerda que lleva cuarenta años de ejercicio profesional, "de los que más de veinte lo son como empleada pública, con un expediente intachable" y que "únicamente obedece en el desempeño de sus funciones al interés público, con total imparcialidad, objetividad e independencia".
Finalmente, afea a Mas que impute a los letrados del Servicio Jurídico "una intencionalidad de favorecer a la empresa recurrida, y ello también supone que se puede haber cedido a determinadas presiones o instrucciones políticas del equipo de gobierno, que es al que se pretende atacar mediante el desprestigio del trabajo jurídico realizado tachándolo de chapucero".
"Resulta muy poco ético que se utilice a los funcionarios públicos para fines ajenos a nosotros. Estas actuaciones no deben pasar por alto, toda vez que está realizando acusaciones públicas que revisten los caracteres de delito", zanja la funcionaria.