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conselleria aboga por un nuevo convenio

La licitación de la residencia de Benidorm, a la espera del nuevo decreto de tipologías

16/10/2024 - 

BENIDORM. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales Igualdad y Vivienda, de la que es responsable Susana Camarero, continúa trabajando en el decreto de tipologías para centros, servicios y programas de servicios sociales. El objetivo es recoger todas las consideraciones del sector sabiendo que las entidades afectadas presentaron 1.790 alegaciones a la norma aprobada por el anterior Consell. Un decreto que será necesario para que se puedan desbloquear todas las licitaciones pendientes.

Así lo informan fuentes de Conselleria a Alicante Plaza. La Residencia y Centro de Día de Benidorm ha convocado para el próximo 24 de octubre una concentración a las puertas de las instalaciones después de años reivindicando mejoras en sus condiciones laborales que se plasmarían en un nuevo contrato que nunca llega. El actual está caducado desde verano de 2023, y la licitación sigue pendiente de publicarse.

Desde Conselleria explican que la intención es poder aprobar el nuevo decreto de tipologías en el que incluyan las inquietudes de todos los agentes implicados. Algo que ha "alargado el procedimiento", afirman, argumentando que la licitación la harán "sobre la base de una norma de consenso". Con este decreto, recuerdan, podrán regular todas las residencias, donde se limitan espacios, ratios de personal, etc.

Estas mismas fuentes señalan que durante este tiempo han "hecho un gran esfuerzo para ajustar la situación a la realidad y que el procedimiento no implique perjuicio". Para ello, destacan dos medidas adoptadas por el gobierno valenciano del PP mientras aprueban la norma. Por un lado, la aplicación de un incremento del 8,8% del importe del módulo de la acción concertada en 2024 equivalente a las subidas del IPC de los dos últimos años, con el objetivo de que impacte directamente a los sueldos de los trabajadores de este tipo de gestión. Y por otro lado, el pago de los 157,5 millones de euros de enriquecimientos injustos achacables a la administración autonómica. Una deuda que atribuyen al gobierno del Botànic, que ya estaría saldada y con todos los pagos al día.

Paralelamente, desde Conselleria apuntan a la firma de un nuevo convenio laboral que sea único para los profesionales de los servicios sociales. En este sentido, explican que han estado trabajando con los sindicatos -que no firman la convocatoria de concentración del próximo 24 de octubre- para abordar las necesidades del personal para mejorar su situación. En este punto, encomendaron a estas organizaciones a que aprobaran un nuevo convenio que incluyera estos cambios: "Está en sus manos", concluyeron.

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