Foto: EFE/BIEL ALIÑOVALÈNCIA. El 18 de marzo de 2021 la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) era aprobada por mayoría absoluta en el congreso después de años de debate y polémica alrededor de la técnica. Un año después de la votación, la sanidad valenciana ha registrado a 19 personas solicitantes de muerte asistida, según fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública contaron a Valencia Plaza. Del total, 14 son en la provincia de València y 5 en la de Alicante, mientras que en Castellón, de momento, no hay ninguna.
De todas las que recibió Sanidad, 14 fueron autorizadas - de las cuales 10 han sido realizadas ya, 2 están en proceso de efectuarse y las otras 2 no pudieron concretarse al fallecer los solicitantes durante la etapa de tramitación-. Más allá de estos casos, 1 solicitud se encuentra actualmente en trámite de ser aceptada y las 4 restantes se "desestimaron".
Los motivos para estas denegaciones responden al no-cumplimiento de los "requisitos establecidos". Aunque desde la Conselleria no detallaron exactamente el porqué, los requerimientos que cita el Ministerio de Sanidad para poder llevar a cabo la prestación de muerte asistida ascienden a cinco, y el paciente deberá "reunirlos y acreditarlos" con tal de continuar el proceso:
El paciente deberá padecer "una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico responsable"; tendrá que ser mayor de edad, capaz y consciente cuando haga la solicitud; será de nacionalidad española o dispondrá de residencia legal o certificado de permanencia en España superior a dos meses; formulará dos solicitudes escritas de forma voluntaria para certificar que no es víctima de "presión externa"; y prestará consentimiento de nuevo una vez informado previamente.
España lleva ya más de 365 días en la lista de países donde la eutanasia está despenalizada, junto a Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda - en el caso de este último, la aprobación de su ley de eutanasia fue en noviembre de 2021, por lo que ha sido el último en sumarse a este grupo-.
No obstante, la LORE tiene sus particularidades que la hacen ligeramente diferente a la de otros territorios de la lista. La más destacable sería la existencia de un "control anterior", como afirmó María José Alemany, presidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Comunidad Valenciana, organización que lleva desde 1984 actuando y velando para garantizar el derecho a la eutanasia en España.
Este "control anterior", y a diferencia de los "controles posteriores" del resto de países de la lista, corresponde al Comité de Garantías y Evaluación, un órgano del que dispone cada comunidad autónoma y que tiene participación directa en el período de tiempo en el que el paciente espera a que su solicitud sea aceptada o no.
Entre sus funciones está atender a las reclamaciones que el solicitante pueda realizar si el médico denegase su petición, evaluar que la eutanasia ha sido suministrada en base a lo establecido en la Ley, resolver dudas sobre la aplicación de la misma o elaborar anualmente un informe de evaluación de las prácticas realizadas.
Se trata, pues, de un agente intermedio cuya existencia, en palabras de la propia Alemany, podría deberse a la "falta de confianza" hacia la relación médico-paciente fruto de profesionales que, ante lo novedoso del servicio, puedan tener algún tipo de "inseguridad": una "orientación" que "acredite" el papel del médico responsable.
La lucha por garantizar el derecho a una muerte digna ha dispuesto de muchos rostros que ya residen en el imaginario colectivo como iconos de esta demanda social. Ramón Sampedro fue el primero en poner rostro a este debate. El hombre que se definía a sí mismo como "una cabeza pegada a un cuerpo muerto" falleció el 12 de enero de 1998 mediante suicidio asistido, tras ingerir cianuro potásico. A él le sucederían nombres como Madeleine Z, Inmaculada Echevarría o José Luís Sagüés.
Pero después de que las exigencias de estas personas y de asociaciones como DMD obtuvieran respuesta en marzo del año pasado, los nombres propios de esta lucha pasaron a ser los de las personas que podían morir como deseaban gracias a una eutanasia finalmente despenalizada. Casos como el de María, una ciudadana de 68 años que pudo morir sin dolor con la colaboración del hospital Clínico de Valencia, donde le acompañaron en sus últimos momentos no únicamente familiares: la prensa también pudo cubrir su realidad.
El pasado 24 de marzo, miembros del comité de bioética del Hospital La Fe llevaron a cabo la VI Jornada de Bioética del Departament La Fe bajo el lema "Eutanasia, un año después: reflexiones bioéticas y asistenciales". A lo largo del evento, los diferentes especialistas que participaron expusieron su visión acerca de la "importancia de identificar las sutilezas legislativas y su aplicación práctica" a raíz de la "revisión" del significado de 'muerte digna' que "ha supuesto" la LORE.
Durante el transcurso de la jornada indagaron en las claves de la puesta en práctica de esta técnica, sus aspectos procedimentales y la importancia de la entrevista deliberativa que tiene el médico con el solicitante y, como colofón, se inició un debate "más filosófico" donde ahondar en el aspecto ético, antropológico y sociológico de la muerte.
