El PP sigue en su posición de negociar la agencia con la oposición junto a À Punt y los órganos estatutarios, pero sacará adelante a su candidato en pocos días si no lo logra
VALÈNCIA. El proceso de elección del nuevo director de la Agencia Antifraude podría solventarse en pocos días. Al menos esa es la intención del PP. Este lunes finalizaba el plazo de una semana que la presidencia de Les Corts había dado para presentar candidatos a dirigir la entidad. Algo que ha sucedido nada más aprobarse la nueva ley. Los grupos tendrán que elegir entre Eduardo Beut, nombre registrado por el PP, o Gustavo Segura, propuesto por Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés– y la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío–.
Se da la circunstancia de que todo vuelve al punto de inicio de lo sucedido el pasado enero. Beut y Segura fueron los dos aspirantes en primer término. Aunque en aquella ocasión a Beut lo presentó la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública. Fue la sorpresa. La oposición lo calificó desde el principio como el 'tapado' del PP, aunque los populares siempre lo han negado.
Exdelegado de la Agencia Tributaria e inspector de Hacienda, cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito y una conocida vinculación con el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Tras dejar el primer cargo en 2002 –el cual ocupó durante tres años en sustitución de Vicente Rambla, a posteriori vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps–, fue designado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM auspiciada por Zaplana, fracasó y fue disuelta en 2005. Beut había sido designado, en realidad, como hombre fuerte, aunque acabó denunciando la inactividad de la citada sociedad y las dificultades para desarrollar sus objetivos.
Ya entonces se le atribuía una amistad personal con el que fuera jefe del Consell. A su vera llegó de la mano de Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana en aquel momento. De hecho, de Beut se recuerda que fue el gran consejero y hombre de confianza del expresidente de la Generalitat en materia tributaria cuando ostentaba este cargo.
Un año después de dejar Cartera de Participaciones Empesariales, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente. Ocupó este puesto hasta 2012.
Beut también fue liquidador de la mercantil Fecoval Jaume II El Just y consejero delegado de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella. Allí llegó vía Fernando Villalonga, conseller de Cultura en el primer Gobierno de Zaplana y exdiputado del PP.
El PP, sin embargo, no considera justas las críticas por ser un perfil zaplanista y siempre ha querido remarcar su reconocida trayectoria profesional. Aun así, con el movimiento de presentarlo, evidencia su clara apuesta por él. En el anterior proceso quedó excluido por recomendación de los servicios jurídicos de Les Corts. El motivo fue que entendían que la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública no tenía capacidad para presentar nombres.
Juanfran Pérez, secretario general del PPCV y portavoz adjunto del grupo parlamentario, señaló este lunes en un comunicado que quieren "facilitar la presencia de los candidatos presentados en su momento por la sociedad civil en Les Corts". "Anteriormente, Beut no pudo comparecer en Comisión para analizar su idoneidad por la falta de un requisito formal de la asociación proponente. Queremos que todos tengan la misma oportunidad y contestar a las preguntas de los grupos", comentó.
Pérez indicó que quieren "superar esta situación de provisionalidad a la que hay que poner solución". "Seguimos con la mano tendida para alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas no solo en Antifraude sino también en la renovación de órganos estatutarios. Nos gustaría alcanzar acuerdos importantes entre todos los grupos políticos. Es un deseo nuestro desde el primer día. Vamos a intentarlo en todo momento y actuar en consecuencia", apuntó.
No eran pocos los que vaticinaban que esta candidatura volvería a estar encima de la mesa. Como ha venido informando este periódico, parecía difícil que su nombre se impulsase por parte de otra asociación y existía la opción de que el PP lo propusiera directamente como grupo. Algo que finalmente ha ocurrido.
Junto a él, vuelve a estar Gustavo Segura, actual director de Análisis e Investigación de la agencia. Es una persona de la confianza del último director de la entidad, Joan Llinares, de cuyo equipo más cercano ha formado parte desde que entró en Antifraude en 2020. Entre sus funciones se encuentra la de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento y la organización de las unidades y equipos de análisis e investigación; además de elaborar las propuestas de iniciación de actuaciones de investigación, de remisión al órgano competente o de archivo. En definitiva, un perfil conocedor del funcionamiento de la agencia y que sería continuista.
A lo largo de estos años ha sido interlocutor con las asociaciones cívicas contra la corrupción, que han optado por proponerlo a él una vez más. En el anterior proceso no logró los apoyos parlamentarios necesarios al votar en contra el PP y Vox. Sólo lo apoyaron Compromís y el PSPV. Ahora, deberá someterse de nuevo a una elección con el riesgo de que vuelva a resultar fallida. Todo dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones entre partidos de gobierno y oposición.
Conocidos los nombres de los candidatos, ahora se tendrá que convocar la comisión para sus comparecencias y para la votación. A continuación, deberá pasar por pleno. El calendario es ajustado, pero se puede encajar. La previsión es convocar la comisión de Economía, a la que acudirán los aspirantes, el próximo viernes. Y el pleno por el que se tiene que ratificar el nombramiento sería el lunes 15 de julio. Es cuando finaliza el actual periodo de sesión de Les Corts y se haría a través del llamado 'pleno escoba' (aquel en el que se fijan aquellas cuestiones urgentes que han quedado pendientes).
Con la nueva ley, el PP y Vox podrán sacar adelante en solitario al próximo director puesto que únicamente es necesaria la mayoría absoluta en última instancia. Tanto el PSPV como Compromís ya han avanzado que no apoyarán a Beut. Aun así, los populares quieren negociar con la izquierda. Y quieren hacerlo no sólo respecto a la dirección de esta entidad, sino junto al Consejo de À Punt y los órganos estatutarios (la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura).
El Consejo de Administración de À Punt es el órgano que se crea con la nueva ley recién aprobada. Se trata de aquel que regirá la radiotelevisión autonómica (contará con una presidencia) junto a la dirección general, que tendrá el poder ejecutivo. Su composición depende de los partidos.
Por su parte, los órganos estatutarios son indispensables para el correcto funcionamiento de la Administración valenciana, pero se encuentran pendientes de renovación desde hace años, lo que ha llevado a una situación de bloqueo porque los partidos del Consell tienen que pactar sí o sí con (al menos) uno de la oposición.
Así las cosas, el PP quiere negociarlo todo en pack y quiere hacerlo ya. Pero la izquierda no tiene prisa y las posiciones del PSPV y Compromís están inicialmente alejadas, sobre todo en los órganos estatutarios. Su línea roja de entrada es la de no otorgar sus votos a Vox para que entre en ningún lugar. Una manera de excluir a esta formación. Es una condición inasumible para el PP al tratarse de sus socios y de una formación que ha obtenido representación parlamentaria, pero los populares sí podrían jugar con los perfiles.
De esta manera, insistirán con la esperanza de que especialmente los socialistas flexibilicen su posición. Según algunas fuentes del PSPV, aunque en principio se han mostrado tajantes en no negociar los órganos estatutarios con el PP si está Vox, existe una corriente dentro del partido que no comparte esta estrategia y que cree que sí deberían sentarse a pactar. Consideran que el hecho de que se dilate la situación no ofrece ninguna solución real y que en una próxima legislatura todo se podría complicar aún más.
Lo que sí parecen dispuestos a pactar abiertamente es À Punt. Tanto el PSPV como Compromís tendrían cuota de representación en el Consejo y cierta capacidad de fiscalización, de control y de acceso a la información desde dentro. En caso contrario, el órgano sólo estaría conformado por el PP y Vox. Pero los populares insisten en la negociación en pack y en sentarse a hablar de todo a la vez. En ese proceso, podrían haber alguna oferta de cesión como la dirección de Antifraude y el reparto del Consejo de À Punt a cambio de que la izquierda acceda a renovar los órganos estatutarios. Pero tendría que ser rápido. Cuestión de días si Antifraude va a salir ya adelante.
En caso de que la oposición no acceda a nada, la agencia tendrá nueva dirección elegida únicamente por el PP y Vox en una semana, algo que la izquierda aprovechará en su estrategia de oposición para cargar contra la falta de independencia del ente.
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