VALÈNCIA. El ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya avisaba cuando sólo era candidato del PP que reduciría el número de consellerias del Gobierno valenciano. La "reducción de grasa" de la Administración, a su juicio engordada por el Botànic liderado por Ximo Puig, fue uno de sus caballos de batalla durante la campaña electoral y los meses previos.
Una promesa que cumplió con mano firme en cuanto llegó al poder tras las elecciones autonómicas de 2023. La reducción de 12 a 10 consellerias se cobraba una víctima clara: la cartera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que había encabezado la dirigente de Esquerra Unida, Rosa Pérez, en la última legislatura.
Así, esta conselleria fue una de las sacrificadas en pos de la eficiencia prometida por Mazón y sus competencias se repartieron entre diversas áreas: Transparencia quedó integrada bajo el paraguas de Presidencia, con Santiago Lumbreras, mano derecha de Mazón, como secretario autonómico. El área de Participación fue incluida dentro de la Dirección General de Transparencia y Participación encabezada por José Tárrega, precisamente a las órdenes de Lumbreras dentro del organigrama de Presidencia. En cuanto a Cooperación, se trasladó a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda capitaneada por Susana Camarero, dentro de una dirección general compartida con Inclusión y bajo el mando de Pedro Carceller.
De esta manera, el nuevo presidente de la Generalitat diseminaba las distintas competencias que hasta ese momento operaban de forma conjunta bajo una misma conselleria bajo el convencimiento de que tanto la creación como el mantenimiento de una cartera concreta que aglutinara estas áreas suponía un gasto innecesario para las arcas públicas. Transcurrido casi un año y medio del cambio de gobierno, algunas rutinas establecidas por el actual Consell invitan a pensar que, al margen del ahorro, también existía poco convencimiento en la utilidad de la transparencia dentro del funcionamiento del Ejecutivo.
La transparencia ha desaparecido, por ejemplo, en lo que respecta a la Comisión de Defensa de la Comunitat Valenciana (CDC), que lleva desde hace prácticamente un año sin dar a conocer una resolución o informe. En su web tan solo ha publicado un documento de incoacciones sobre el sector del taxi de Alicante en mayo de 2024. Sin embargo, no se ha hecho pública ningún docmento donde habitualmente se analizan denuncias específicas o la situación de un sector.
La Conselleria de Hacienda, consultada por este periódico, señala que hay más de diez expedientes cerrados desde octubre de 2023. En este sentido, afirma que la intención es que sean publicadas las resoluciones, pero ya han pasado más de tres semanas desde la mencionada afirmación y la web sigue sin actualizarse. Tampoco dan una fecha.
La encargada de capitanear el barco es Carmen Rodilla, actual presidenta y profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Mercantil en la Universitat de València desde 2018 y que ocupó el cargo durante el Gobierno de Ximo Puig. Un equipo que completan Carlos Gómez, también del departamento de la UV, y José Miguel Corberá, profesor de la UPV en el área de Derecho Mercantil.
Otro de los asuntos relevantes en materia de transparencia y rendición de cuentas es el registro de reuniones de los altos cargos del Consell con lobbies o grupos de presión, que deben publicarse de forma abierta. No obstante, el grado de cumplimiento de este deber varía de manera significativa en función de la persona, ya que gran parte de los miembros del Gobierno valenciano apenas ha añadido, como mucho, uno o dos encuentros tras casi un año y medio de mandato, lo que evidencia que muchas de estas reuniones quedarían sin reflejar.
Los casos más llamativos son los del propio Mazón y su secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras. Según el registro disponible en GVA Oberta, el portal de transparencia de la Generalitat, ninguno de los dos habría mantenido reunión alguna con los considerados grupos de presión desde su llegada. Del director general de Transparencia, José Tárrega, figura un encuentro en octubre del pasado año.
Más allá de Presidencia, tampoco aparecen reuniones de quienes han sido vicepresidentes del Ejecutivo valenciano en esta legislatura, como el ya ex vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deportes, Vicente Barrera, o la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Del resto de consellers, es el responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, con 29 citas, quien más reuniones ha registrado, aunque 27 de ellas fueron de su etapa anterior como director general de Costas.
Asimismo, una de las claves que demuestran que el número de reuniones que refleja el registro varía en función quién ostente el puesto se encuentra en la Conselleria de Agricultura. De su anterior titular, José Luis Aguirre, se registran 18 encuentros con grupos de influencia entre octubre de 2023 y marzo de 2024, mientras que del actual conseller, Miguel Barrachina, no aparece ninguna entrevista con lobbies. Por su parte, la consellera de Turismo, Nuria Montes, y la de Justicia e Interior, Salomé Pradas, han incorporado diez reuniones cada una y son así las miembros del Consell con un mayor número.
En cuanto a la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, entre febrero y mayo de este año habría mantenido una media de dos reuniones por mes, pero a partir de entonces no ha subido ninguna más a la web de GVA Oberta. Además, en 34 entrevistas contabilizadas en el registro no figura quién fue el interlocutor por parte del Consell.
Esta situación contrasta con la realidad de varios altos cargos del Gobierno valenciano, quienes han anotado más de medio centenar de entrevistas con lobbies en cerca de año y medio. Ocurre así con la directora general de Farmacia, Elena Gras, que ha hecho públicos casi ochenta encuentros, una cifra que representa un 13% del total recogidos en el registro público para cualquier miembro del Consell. A su vez, del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, aparecen más de sesenta reuniones.
Tampoco puede presumir de transparencia la Conselleria de Sanidad, que aún no ha publicado la memoria y el informe de gestión de 2023, unos documentos que contienen los principales indicadores sanitarios de la sanidad pública valenciana y que el pasado ejercicio fueron subidos al portal estadístico a principios de agosto. En este sentido, el departamento que dirige Marciano Gómez no ha revelado los principales datos de gestión de la Conselleria durante 2023 a falta de poco más de dos meses para que termine el año en curso.
Fuentes de Sanidad señalaron a Valencia Plaza a comienzos de septiembre que estos documentos no tardarían en difundirse. Pero, más de 40 días después, no existe actualización alguna por parte de este departamento. A pesar de ello, este periódico ha publicado algunos de los datos que contienen estos informes debido a que la Conselleria los facilitó al CES-CV para la elaboración de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana.
En esta área también se ha visto otro cambio relacionado con la transparencia, concretamente en las listas de espera. En esta ocasión no se trata de una falta de publicación sino de un cambio de criterio en la periodicidad: de mensual a semestral. El Consell publicó estos datos cada mes hasta junio de 2023, mes anterior a la llegada de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat. Desde entonces, sólo dos actualizaciones: diciembre de 2023 y junio de 2024. Con este cambio, los datos se dan a conocer con la misma perioricidad a nivel autonómico y nacional.
Respecto a ello, la Sindicatura de Comptes señalaba recientemente que las listas de espera valencianas no se están actualizando "con la frecuencia recomendable". En un informe de auditoría sobre el Plan Óptima, abogaba por que este tipo de información fuera "lo más actualizada posible" y estuviera completada con datos sobre las listas de espera de consultas externas y pruebas técnicas.
Tampoco termina de arrancar en la presente legislatura la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf), tras el cambio de dirección impulsado por el PP. Tal y como ha informado este diario, desde la entrada a propuesta de la formación popular de Eduardo Beut hace más de tres meses, la Avaf no ha publicado ni una sola resolución de investigación.
La entidad ha sido noticia por el despido de la directora adjunta, Teresa Clemente, y el director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, además de por la derogación del código ético y la supresión del comité de ética. Desde la agencia explican que no se publican nuevas resoluciones porque el director "quiere revisar cómo se estaba efectuando el trabajo" hasta ahora.
En cuanto a contratación, más allá de los clásicos vaivenes y retrasos en las publicaciones que en ocasiones se producen en la web para la consulta de contratos inscritos menores y no menores de la Generalitat, una de las adjudicaciones que más ha llamado la atención en los últimos meses es la recibida por la empresa Iron Stage -filial de The Music Republic- por casi 3,4 millones de euros, para la organización del festival de música denominado 'Som la terreta' en València, Alicante y Vila-real en los días previos al 9 d'Octubre. Un evento de carácter privado financiado por la Administración pública y otorgado de manera discrecional, es decir, 'a dedo'.
En el ámbito de la transparencia, a día de hoy, todavía no se conoce el pliego de condiciones que le puso la Generalitat a The Music Republic para patrocinar 'Som de la Terreta'.
Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) que preside Margarita Soler desde hace siete años, sí continúa haciendo públicos sus dictámenes sobre la normativa impulsada por el Consell de Carlos Mazón, si bien el último publicado en su página web data del 24 de septiembre, hace ya un mes. Como órgano estatutario, la Ley de Transparencia le obliga a publicar datos que garanticen la transparencia y acceso de la ciudadanía a determinada información, como los dictámenes que elabora.