Firma del pacto en la Conselleria de Sanidad el pasado 23 de diciembre. Foto: GVA"Tenga la seguridad de que no tendremos otra huelga general. No sé si alguien podía albergar esa posibilidad, pero lamento defraudar las expectativas de quien lo hiciera". Así respondió el 7 de marzo de 2003 el ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, a una pregunta sobre el "decretazo" –Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad– que había provocado la primera y única huelga general que tuvo José María Aznar en sus ocho años de mandato.
Tras la huelga motivada por el acertadamente denominado "decretazo", Aznar destituyó al ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio y puso en su lugar a Zaplana, quien venía de demostrar al frente de la Generalitat valenciana lo fácil que es gobernar sin que los sindicatos te monten no ya una huelga, sino una simple protesta frente a tu despacho: además de mantener el riego continuo, basta con ceder en todo lo que piden, como si el dinero que estás gestionando no fuera tuyo. Y si vienen elecciones, ni te cuento.
Me acordé de aquel episodio el pasado 23 de diciembre cuando, influido por el espíritu navideño, el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, amenazado por una huelga de médicos convocada para enero, firmó un pacto con los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CEMS-SAE e Intersindical Valenciana en el que se compromete a iniciar negociaciones este mes de enero para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, en lugar de las 37,5 actuales, entre otras reivindicaciones laborales.
Parece una broma pero no lo es. Después de meses de colapso en el sistema sanitario valenciano, tanto en Atención Primaria –no en todos los centros, lo que revela falta de organización–, como en especializada y, sobre todo, en Urgencias de algunos hospitales; cuando un día sí y otro también estamos oyendo que faltan médicos en España; cuando el Consell acaba de aprobar que cualquier paciente se pueda marchar a un hospital privado concertado –vade retro!– si le dan cita para operarse más allá de 60 días en su hospital público..., al conseller de Sanidad se le ha ocurrido que lo más apropiado para resolver estos problemas es pactar la reducción de jornada para los más de 72.000 empleados públicos que se ocupan de nuestra salud.
Una rápida operación matemática lleva a la cifra de 180.000 horas menos trabajadas si se adopta esa medida, lo que obligaría a la contratación de más de 5.000 nuevos profesionales –también con jornada de 35 horas semanales– si no queremos que empeore aún más nuestra sanidad pública universal.
Porque una fábrica o una empresa de servicios puede reducir horas a cambio de menor sueldo o de mayor productividad y apuntarse al plan de Nomdedéu de 32 horas semanales, pero la Conselleria de Sanidad no va a bajar los sueldos un 6% y tiene complicado mejorar la productividad a no ser que dé nuevos incentivos económicos –ya se ha hecho para reducir las listas de espera–, porque los trabajadores sanitarios son personas con mucha vocación pero que trabajan por dinero, como los del sector privado o como los inspectores de Hacienda, que tienen incentivos y demuestran una productividad en algunos casos extrema.
Aquí los sindicatos no tienen ninguna culpa, ellos están a la suya, que es conseguir cada vez mejores condiciones laborales para sus representados. Si el Gobierno pacta en noviembre con CCOO y UGT que abra la puerta a que las administraciones recuperen la jornada de 35 horas semanales cuya implantación quedó cortada de raíz en 2011 debido a la crisis, aquí los sindicatos tienen que reclamarla cuanto antes por encima de cualquier consideración sobre colapso sanitario o déficit de la Generalitat que pudiera hacer aconsejable otro tipo de medidas. Es el conseller quien tiene que tener la virtud de velar por el interés general.
Yendo al fondo del asunto, es injusto que los trabajadores del sector privado tengamos que trabajar 40 horas semanales para sostener unas Administraciones cuyos empleados trabajan 37,5 ó 35 horas, como si fueran una casta con más derechos que el resto. Dirán que es porque ellos sacaron una oposición, pero es que muchos, ya ni eso. Si el Gobierno quiere fijar la jornada de los empleados públicos en 35 horas semanales, debería poner ese tope en el Estatuto de los Trabajadores porque ahora mismo la mayoría estamos currando más horas para que una minoría, que cobra de los impuestos de todos, trabaje menos. Es tan injusto que uno se pregunta por qué no ponen 32, o 28 horas y así reducimos el paro con más funcionarios.
Por cierto, siendo médico del Servicio Valenciano de Salud en activo hasta que lo nombraron conseller, ¿no debería haberse abstenido Mínguez en el pacto de una medida que le beneficiará si tiene que volver al Hospital Clínico en junio?
¡Feliz 2023!
