Foto: J.HELLÍN/EPVALÈNCIA. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) solicita 15,3 meses adicionales de prórroga del contrato para compensar la reducción de ingresos derivada de la eliminación de la prueba de ruido.
La Conselleria de Economía ya concedió una prolongación del contrato a las empresas concesionarias del servicio público de entre 55 y 62 días, de manera que las empresas continuarán prestando el servicio hasta el 24 de febrero o el 3 de marzo, según los casos.
Esa ampliación se decidió por el periodo en que las estaciones de ITV estuvieron cerradas durante el periodo de confinamiento por la pandemia y, cuando concluya, el servicio pasará a ser gestionado por la Conselleria de Economía.
Ahora Aecova ha realizado una valoración del impacto que tendrá la eliminación de la prueba de ruido, que "abre un nuevo escenario de desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas" por las que se les concedió la prórroga.
Una tarifa media sin prueba de ruido se sitúa en los 35,50 euros en 2023, mientras que el margen unitario por inspección queda en 3,61 euros. Con la previsión del IPC para el cálculo de costes estimados al 6 %, el plazo de prórroga de la concesión necesario para recuperar los importes a compensar como consecuencia de la pandemia ascendería a 15,3 meses, según informa en un comunicado.
Además, advierten de que se verán abocados a aplicar un ERE para 300 trabajadores, ante "una falta de seriedad y una improvisación que puede desembocar en el colapso y el caos en la prestación del servicio público".
A partir del próximo 31 de enero las concesionarias dejarán de ofrecer cita previa para la inspección, al cesar los contratos con los proveedores, según alertan.
Y aseguran que la Generalitat "no está preparada" para afrontar "con calidad" la gestión de las ITV a partir de febrero, ya que se necesita más tiempo para hacer un traspaso con garantías para los trabajadores, ciudadanos y empresarios.
Asimismo, consideran que la eliminación de la prueba tendrá consecuencias negativas para el medio ambiente, y será una supresión temporal ya que Europa reclamará en un futuro implantarla en todos los países, según consta en una normativa comunitaria, la directiva 2014/45/UE, que establece que se tendrá que analizar el ruido de los coches, tal y como se realiza con las motos, para esclarecer si es o no superior a lo permitido.
