VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes ha detectado una serie de incumplimientos en las ayudas concedidas en 2020 a causa de la pandemia por parte de las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de la Comunitat Valenciana, con 71,1 millones de euros otorgados en total.
Benidorm encabeza el número de incidencias significativas con 17, por delante de Orihuela (15), Alcoi y Elche (11), Alicante (9), Castelló de la Plana (8), Sagunt y Torrent (7), Gandia y Sant Vicent del Raspeig (6), Torrevieja y Vila-real (5), Diputación de Alicante (4), València y Diputación de Valencia (3) y Elda, Paterna y Diputación de Castellón (2).
Según el informe de fiscalización difundido este jueves, no todos los ayuntamientos y diputaciones aprobaron un plan estratégico de subvenciones ni publicaron las convocatorias y concesiones en la base de datos nacional de subvenciones y en sus portales de transparencia.
Además, cinco de los ayuntamientos que obtuvieron fondos de la Generalitat y de las diputaciones para financiar la concesión de ayudas COVID-19 no los aplicaron en 2020 en un porcentaje superior al 2020. Entre ellos destaca el Ayuntamiento de Alicante con un porcentaje no aplicado del 40,6%.
En relación con el control interno, no todas las entidades aprobaron un plan anual de control financiero, mientras otras sí lo hicieron pero no contemplaron el control de las ayudas concedidas o no lo ejecutaron. Algunos expedientes revisados contienen reparos y omisiones de fiscalización.
Sindicatura revisó una muestra de un tercio de las ayudas COVID-19 ejecutadas por las 18 entidades fiscalizadas. Este análisis concluyó que València, Vila-real, Orihuela y Paterna lograron un grado de ejecución superior al 99%, mientras Alicante, Castelló de la Plana y las diputaciones de Castellón y Valencia las ejecutaron entre un 91% y un 99%.
Por detrás quedó el grado de ejecución de Torrevieja, Elche y Benidorm (71-90%), Sagunt, Sant Vicent del Raspeig y la Diputación de Alicante (50-70%) y Alcoi, Gandia, Elda y Torrent con menos del 50%. En el caso del Ayuntamiento de València, el órgano fiscalizador matiza que, además de aplicar todo el crédito consignado, desestimó múltiples solicitudes por falta de crédito.
En los expedientes analizados se observaron 13 incidencias significativas, como que 13 ayuntamientos convocaron ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas cuyo objeto podría ser parcialmente coincidente con las otorgadas por la Generalitat. Se detectó la existencia de 1.207 beneficiarios que percibieron ayudas de los ayuntamientos por 1.491.554 euros y que también recibieron ayudas de la Generalitat por 1.659.750 euros.
Solo cuatro ayuntamientos habían iniciado los expedientes de reintegro correspondientes. En el resto de los casos, las posibles duplicidades detectadas se han comunicado tanto al ayuntamiento correspondiente como a Labora, como gestora de las ayudas de la Generalitat, para que se coordinen en la tramitación de los reintegros.
Estas son las recomendaciones de Sindicatura: analizar la conveniencia de instalar una aplicación específica de subvenciones que permita verificar el estado de tramitación de cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas; dejar constancia en los expedientes individuales de cada beneficiario de la revisión de la documentación realizada por el departamento gestor; contar con personal suficiente para ejecutar los planes de control financiero o alternativamente contratar auditorías externas.