VALÈNCIA. (EP) Al menos tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE --Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias--, dos por el PP --Madrid y Galicia-- y otra por el PRC --Cantabria-- han mantenido sus críticas a la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el modelo de financiación autonómica en sus alegaciones que han remitido al Gobierno central este lunes, que era cuando finalizaba el plazo.
Fue el pasado 3 de diciembre cuando el Ministerio de María Jesús Montero remitió a las comunidades su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica, dando de plazo a los Gobiernos regionales hasta el 31 de enero para que pudieran alegar lo que quisieran a esta primera propuesta.
En este contexto, las comunidades autónomas de régimen común, además de Ceuta y Melilla, han remitido al Ministerio de Hacienda sus propuestas para seguir negociando este nuevo modelo de sistema de financiación autonómica.
En el texto de Hacienda, se propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como 'infrafinanciadas': la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
En cualquier caso, varias comunidades autónomas han informado de las peticiones que han trasladado al Ministerio de Hacienda en sus alegaciones. Así, se atisba que la mayoría de estas regiones mantienen sus reivindicaciones en sus propuestas.
Es el caso, por ejemplo, del Ejecutivo de Cantabria, que en el documento remitido a Hacienda señala diferentes fórmulas para que el criterio de población ajustada responda a las necesidades de la comunidad para prestar los servicios públicos.
Las reivindicaciones del Ejecutivo regional pasan, entre otras cuestiones, por ponderar de manera más intensa variables como la orografía y priorizar a las regiones pequeñas a la hora de bonificar los costes fijos.
De hecho, Cantabria fue una de las ocho comunidades autónomas de distinto signo político que se reunieron en noviembre en Santiago de Compostela para consensuar una posición común en la reforma del modelo de financiación autonómico, pidiendo que se atendiera a la dispersión de la población, entre otros aspectos.
Otra de las comunidades que se dieron cita en este encuentro de la capital gallega fue el Ejecutivo de Asturias, que, en boca de su consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha expresado su "discrepancia plena" con el Gobierno central en lo referido a la propuesta del modelo de financiación autonómica.
Para este Gobierno, el planteamiento de Hacienda consiste en "definir un modelo no basado en necesidades de gasto en términos homogéneos y se centra en un modelo de reparto de recursos que en realidad no analiza necesidades ni garantiza la suficiencia de recursos, todo ello basándose en criterios de sencillez".
En el caso de Castilla-La Mancha, que también participó en la Cumbre de Santiago, el Ejecutivo dirigido por Emiliano García-Page, ha solicitado a Hacienda que el territorio sea tenido en cuenta de forma estructural en el sistema de financiación junto con la población ajustada y que se genere un fondo adicional para implementar medidas que permitan revertir el proceso de despoblación.
Por su parte, Baleares, que forma parte de otro grupo de comunidades que solicitan que prime otros criterios, ha sostenido en sus alegaciones que se tengan en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante y las diferencias de precios entre comunidades que afectan a la prestación de servicios públicos.
El Gobierno balear insiste en que se tengan en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante debido al peso de turistas, trabajadores de temporada y personas con residencia en la Comunidad balear, ya que actualmente sólo se tiene en cuenta la población empadronada.
Igualmente Baleares quiere que se tenga en cuenta el aumento de población en los archipiélagos, muy superior al del conjunto del Estado, así como una revisión de la variable de insularidad.
Por su parte, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha tildado de "parcial y arbitraria" la propuesta del informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada del Ministerio de Hacienda y cree que no mejoraría el sistema de financiación autonómica actual.
El Ejecutivo autonómico expone que la propuesta no supone "un avance" para la futura reforma del sistema ya que "deja fuera del análisis aspectos fundamentales del actual modelo como la transparencia, el principio de ordinalidad o la eficacia de los fondos que componen el Sistema".
Por su parte, la Xunta de Galicia ha presentado estas alegaciones con el fin de que se corrija una infrafinanciación anual que cifra en 802 millones para servicios públicos fundamentales --sanidad, educación y política social--.
Por ello, reclaman que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que se inicie de forma "rápida" el debate con las comunidades, mientras remarca que "sería interesante" tener una perspectiva "global" y no solo de una pata de la financiación.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
