La admisión de la querella por negar un permiso coloca otra vez en la picota al líder de Guanyar por el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno. El pacto tras el 24M le dio gran parte del poder municipal, pero también lo expuso a uno de los mayores desgastes
ALICANTE. El ejercicio de sus responsabilidades de Gobierno vuelven a poner en un incómodo entresijo al vicealcalde y concejal de Urbanismo de Alicante. El juzgado número 9 acaba de admitir a trámite la querella presentada por un particular contra el también líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y contra un técnico de su departamento, a quienes se acusa de denegar una licencia de primera ocupación que regularizaría las obras llevadas a cabo en los bajos del edificio Torre don Juan, en la avenida Costa Blanca. Según el querellante, el político y el funcionario estarían incurriendo en un delito de prevaricación al oponerse a conceder ese permiso.
Hasta la fecha, el juez no ha dictado ninguna resolución que haya supuesto la imputación de Pavón. Tanto él como su entorno admiten que existen posibilidades de que se le acabe citando a declarar como imputado. Sin embargo, confían en que las diligencias acaben archivándose cuando el regidor pueda acreditar que se ha limitado a cumplir con las indicaciones de los dictámenes técnicos y con las recomendaciones de un informe del Síndic de Greuges, en el que se conminaba a demoler las obras ejecutadas sin permiso al considerarlas ilegales e ilegalizables. Es más, Pavón ha sostenido desde que trascendiese la admisión de la querella, el jueves, que sí hubiese prevaricado si hubiese concedido la licencia en contra de los informes técnicos.
Su posible imputación daría a sus socios una baza para pedir su renuncia temporal
Hasta el alcalde y socio de gobierno de Pavón, Gabriel Echávarri (PSOE), abogó ayer por mantener la "cautela" hasta que se vislumbre cómo evolucionan las diligencias, aunque sí avanzó que su partido fijará una posición en cuanto se aclaren los acontecimientos. Fuentes del equipo de Gobierno apuntaron ayer a Alicante Plaza que la posible citación del vicealcalde como imputado (ahora investigado) podría dar argumentos a sus socios del tripartito (PSOE y Compromís) para pedir que renunciase a sus competencias y a sus retribuciones al menos de modo temporal en cumplimiento de los acuerdos que dieron lugar al acuerdo de gobernabilidad. Con todo, las mismas fuentes admitieron que Pavón siempre podría alegar que se trata de una cuestión administrativa, alejada de un supuesto caso de corrupción y, en consecuencia, para mantener su posición.
Sea como fuere, lo cierto es que este último episodio se suma a una larga lista de capítulos en los que se ha visto arrastrado hasta el ojo del huracán por la exigencia de permisos, la espera en su tramitación o su condicionamiento a nuevos requisitos. Uno de los últimos ejemplos ha sido el decreto por el que la Concejalía de Urbanismo instó a la Autoridad Portuaria de Alicante a solicitar el permiso ambiental para el desarrollo de la actividad de los graneles. El Consejo de Administración del Puerto rechazó esa petición al considerar que ese trámite es responsabilidad de cada una de las empresas que desempeñan esa actividad, tras esgrimir que así lo concluía un informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, Pavón también tiene sus propios informes que respaldarían su posición: los del área de Urbanismo y los de la Abogacía de la Generalitat.
En segundo término, también fue especialmente conflictiva la campaña puesta en marcha a partir del verano de 2015 para controlar la masificación de veladores y procurar la conciliación del descanso vecinal. Parte de los empresarios de la hostelería interpretó esa campaña como una cruzada contra sus intereses. Con todo, el conflicto acabó apaciguándose tras pactar una regulación con la mayoría del sector.
Y, por último, estaría la polémica suscitada en torno al supuesto bloqueo en la concesión de licencias de obra o en la aprobación del catálogo de protección de edificios. Una situación que motivó una airada queja de los empresarios, como la que protagonizó el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro. Pavón arguyó entonces que el retraso en la concesión de licencias se debía en la saturación del personal de su concejalía y en la imposibilidad de contratar a más personal. Y de nuevo el alcalde, Gabriel Echávarri, también escenificó sus discrepancias al respecto al sostener que había que buscar soluciones mientras no se pudiese convocar una oferta de empleo público para cubrir nuevas necesidades. Entre ellas, justo ayer volvió a enumerar la posibilidad de desbloquear el departamento mediante horas extra, como se hizo para dar salida al pico de demanda derivado de la puesta en marcha del programa Xarxa Llibres.
Varias de esas polémicas siguen pendientes de desenlace. Pero de lo que nadie duda en foros políticos es de que Pavón se hizo con un triunfo envenenado en la negociación del reparto de competencias que se simultaneó con la firma del pacto de gobierno. El vicealcalde tomó la batuta para dirigir el diseño de la ciudad, pero también se llevó una de las áreas con más exposición y desgaste.