Una trabajadora traslada un palé con la carretilla elevadora, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El 8 de marzo de 2019 entraba en vigor el decreto ley con medidas para garantizar la igualdad laboral, que concedía un año de plazo a las medianas empresas, a partir de 150 trabajadores, para poner en marcha sus planes de igualdad. El plazo está a punto de vencer, por lo que a partir de la semana que viene, todas las firmas que tengan una plantilla con 150 empleados o más están obligadas a adoptar y poner en marcha estos planes. Una situación en la que se encuentran decenas de empresas de tamaño medio en la provincia de Alicante, muchas de las cuales aún no lo aplican.
Según explica el abogado alicantino José Luis Valverde, al frente del Área laboral de la firma alicantina Devesa & Calvo Abogados, "los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como a eliminar la discriminación por razón de sexo. Actualmente, solo es obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores, pero a partir del 7 de marzo también lo estarán las empresas de 150 trabajadores o más". Esta obligación, de hecho, se irá extendiendo progresivamente hasta alcanzar a las empresas que tengan más de 50 trabajadores en plantilla a partir del año 2022.
"No obstante, también hay que incidir en que están obligadas a disponer de planes de igualdad las empresas en las que resulte de aplicación un convenio colectivo que así lo establezca, o aquellas a las que la autoridad laboral se lo haya podido imponer dentro de un procedimiento sancionador", advierte el abogado. "En cualquier caso, las empresas que no estén obligadas a disponer de dichos planes de igualdad, pueden elaborarlos y aplicarlos voluntariamente, lo que supone ciertas ventajas tanto a nivel administrativo como de imagen corporativa, pues otorga un plus adicional para que los potenciales clientes decidan trabajar con las empresas que disponen de estas medidas de responsabilidad social".
Para la adecuada elaboración y aplicación de un plan de Igualdad, el experto recomienda seguir cinco pasos:
El incumplimiento de las obligaciones legales en esta materia puede suponer la imposición de una sanción de multa de hasta 6.250 euros, además de la pérdida de ayudas y bonificaciones, así como la exclusión de la posibilidad de disfrutar de beneficios derivados de los programas de empleo por un periodo de hasta dos años.
De acuerdo con las memorias anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social consultadas por la agencia Efe, desde el año 2007 y hasta 2018 (último disponible) se han realizado 11.600 actuaciones relacionadas con los planes de igualdad y otras obligaciones de la ley de igualdad, que han derivado en sanciones a 257 empresas. Las sanciones impuestas en los once años de balance rozan los 1,2 millones de euros.
Pese a la ausencia de un registro de planes de igualdad, el de convenios colectivos (Regcon) cuenta con 714 convenios suscritos con un plan de igualdad anexo. De estos el 60%, un total de 431, han sido registrados en el último año. Desde la patronal aseguraron a Efe que "las grandes empresas ya están haciendo sus deberes respecto a los planes de igualdad, aunque al no haber un censo no se está monitorizando". En el caso de las pymes, comenzarán a verse afectadas por esta obligación en unos días.
De entre las empresas de la provincia que ya cuentan con un plan de Igualdad y que lo están aplicando, destaca la firma de muebles Actiu (400 empleados). Su directora de RSC, Carmen Berbegal, explica que "Actiu nunca ha contemplado la desigualdad en general, y por supuesto entre géneros, como una opción. Por eso desde siempre se ha esforzado en que dentro de la empresa no existan diferencias desde este punto de vista". En ese sentido, y dando cumplimiento a la obligación legal recogida por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, "el pasado año se creó una comisión de igualdad en el seno de la empresa y, tras un análisis pormenorizado de todas las cuestiones que marca la normativa, se ha aprobado y registrado recientemente el correspondiente plan de igualdad".
La responsable de RSC de Actiu destaca que, en realidad, "venimos intentado gestionar nuestra relación con los empleados de acuerdo con unas buenas prácticas que ahora simplemente hemos tenido que plasmar por escrito en un documento oficial". Lo más novedoso, desde luego, "es una medida que también reclama la norma como es la implantación de un protocolo antiacoso en el lugar de trabajo, lo que acompañaremos con recordatorios y recomendaciones de forma regular acerca del respeto que debe presidir la relación entre todos los empleados de la empresa".
Los objetivos del plan de igualdad aprobado por Actiu son, a grandes rasgos, promover el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la empresa (acceso al empleo, promoción interna, representación, formación o remuneración, entre otros aspectos), prevenir un lenguaje sexista en nuestras comunicaciones internas y externas, establecer medidas sociales y de conciliación familiar y asegurar que la gestión de los recursos humanos no se desvía de los requisitos legales aplicables en materia de igualdad.
La comisión de igualdad tiene previsto reunirse de forma regular para comprobar que, efectivamente, se siguen las directrices del plan, así como para proponer mejoras o medidas adicionales. Asimismo, se atenderá a las propuestas e inquietudes de los empleados en este tema mediante el canal interno habilitado exclusivamente a dicho efecto, siendo posteriormente debatido en el seno de la comisión.
