Las desaladoras y Cataluña

No soy mucho de hablar de temas hídricos. Lo hice el pasado noviembre, después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reuniera con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, para reclamarle la puesta en marcha de medidas extraordinarias para hacer frente a la sequía que sufre el sur de la Comunitat Valenciana. Dos meses después, no sólo no tenemos noticias de todo ello, y las pocas que tenemos son peores.

Esta semana ha vuelto a la actualidad el asunto de las desaladoras. Pese a que la está cayendo -apenas ha llovido desde noviembre- y lo que se prometió, hemos conocido que una de las soluciones para hacer frente a las necesidades hídricas es la puesta en marcha de la desaladora de Mutxamel, que costó 93 millones de euros y sólo se ha utilizado una vez. Repito otra vez, y para producir 5 hectómetros cúbicos de agua para Benidorm. Pues bien, esa planta, que costó 93 millones de euros -repito- no se volverá a poner en marcha hasta 2019 porque ahora se están proyectando un embalse para almacenar el agua.

La otra solución que se propuso fue ampliar la capacidad de la desaladora de Torrevieja, la popularmente bautizada por Esteban González Pons como la central nuclear el mar. Como contó Fèlix Tena en un artículo en la revista Plaza, la de Torrevieja es la desalinizadora más grande de Europa, que costó 300 millones de euros y tiene una capacidad de 80 hm³ ampliable a 120. La planta ha sido investigada por sobrecostes dentro de la operación Frontino, que supuso la detención de varios miembros de la cúpula de Acuamed. La instalación ha funcionado como máximo al 30% de su capacidad por falta de suministro eléctrico. Es la única de estas plantas que sirve agua a los regantes que lo solicitan. 

En la última reunión con Tejerina, no sólo reclamó el aumento de producción el presidente valenciano, sino que también lo hizo el presidente de la Región de Murcia. Días más tarde, Tejerina visitó la València y repitió el mismo discurso. Hoy, casi dos meses después, no sólo no sabemos nada de la producción de las desaladoras -y si lo sabemos es por respuestas del Gobierno que todavía dilatan más solución- ni de la apertura de los pozos de sequía. Si además de poner en marcha la de Mutxamel y ampliar la producción de Torrevieja, se duplicara la capacidad de las dos de Alicante, se dispondrían de 48 hectómetros de agua. Sin noticias.

Lo de Torrevieja -que costó 300 millones de euros- va para largo. Con suerte, en junio habrá más producción de energía y, por tanto, la planta podría alcanzar los 80 hectómetros. Éntonces, y cito al periodista de La Verdad especialista en cuestiones hídricas Manuel Buitrago, "se está generando agua dulce para garantizar el suministro a la población. Los regadíos tienen que esperar, y cuando vuelvan a comprar agua deberán hacerlo bajo el decreto de sequía, ya que los usuarios aún no disponen de las concesiones por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Pues eso, con 80 hectómetros, la travesía de los regantes, en teoría, votantes todos ellos del PP, no habrá terminado. "La realidad es que se llega tarde a todo: la planta podía estar ampliada, y las concesiones autorizadas, desde hace años, lo cual habría amortiguado los efectos de la falta de agua y el cierre del Trasvase Tajo-Segura. Ahora se va a toda prisa, relativamente, para evitar unos efectos más devastadores del desastre", continúa Buitrago en su artículo de diciembre de 2017.

Y para llegar a los 120 hectómetros, otro escalón más. "Hay por delante dos años de trámites para ejecutar las obras, que se podrían acortar si el Ministerio declara el proyecto de emergencia. Se invertirán entre 40 y 50 millones de euros para instalar nuevos grupos de bastidores y bombeos. Al mismo tiempo será necesario otro estudio de impacto medioambiental para el vertido de salmuera al mar, ya que la autorización actual solo permite evacuar 80 hectómetros", concluye Buitrago.

Bueno, recojo estas certeras citas del colega murciano, más lo publicado por Alicante Plaza sobre la desaladora de Mutxamel, para recordar que la responsabilidad en materia de agua es del Gobierno central, que es quien debería estar sin echar ojo para solventar esta cuestión. Y si no hay trasvase del Tajo-Segura, además de que no llueve, es porque los dirigentes del PP de cinco comunidades autónomas que en 2014 estaban gobernadas por el PP -Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunitat Valenciana y Extremadura- suscribieron un Memorándum que impide trasvasar cuando los pantanos de cabecera tienen menos de 400 hectómetros cúbicos. 

E insisto, así como el Gobierno central si que nos recuerda de tanto en tanto la inversión en infraestructuras, con licitaciones de obras, o puestas en marcha de AVE -entre otras cosas, porque al menos Íñigo de la Serna se lo toma en serio, o hace como que se lo toma en serio-, lo del agua va camino de convertirse en la Cataluña del PP del sur. Llegará un momento que a lo mejor tendrá que saltar un Juan Arza valenciano, alicantino o murciano y les despierte del letargo que los populares viven con la causa hídrica: bien por falta de comunicación del Gobierno, como sucediera con la aplicación del artículo 155 en la región catalana, bien por la necesidad de tener que adecuar el mensaje. No se puede tener la misma posición que hace 10 años. Ahora quienes aprietan son los suyos, sus votantes. Y la responsabilidad es suya. La diferencia es que antes no existía Ciudadanos, y ahora sí. (Y lo de César Sánchez y los campos de golf lo tengo escrito en la revista Plaza de este mes. Para no cansar)