La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, junto a su abogado, Ignacio Gally, a su llegada a la Audiencia, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). Las defensas de los exalcaldes del PP de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi han sostenido este jueves, en la penúltima sesión del juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) investigado en el caso Brugal que no se han acreditado las acusaciones contra ambos procesados.
El representante legal de Castedo, Ignacio Gally, ha alegado en la exposición de sus conclusiones que no se ha practicado ninguna sola prueba que acredite los presuntos delitos que se atribuyen a la exregidora (revelación de información privilegiada, tráfico de influencia y cohecho, según ha citado) y, por ello, ha incidido en que se debe dictar una sentencia absolutoria. También ha considerado "nulas" e "ilícitas" las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores y, a este respecto, ha afirmado que "la Policía no recibió la orden" de interpretarlas, sino solamente de grabarlas, por lo que ha pedido al tribunal que las oiga objetivamente por su contenido.
En relación con este asunto, el letrado de Castedo ha señalado que esa "interpretación" de la Policía de las referidas escuchas fue, además, adaptada por la acusación, de la que ha dicho que basa principalmente sus imputaciones en dichas grabaciones. Además, ha destacado que el auto de sobreseimiento del caso del plan urbanístico Rabassa prácticamente ha enjuiciado el relativo al supuesto amaño del PGOU de Alicante -supone una "resolución guía", ha comentado-, ya que, ha aducido, los hechos encajan temporalmente, las investigaciones las hicieron los mismos policías y los delitos de los que se acusa "coinciden".
El defensor de Castedo ha expuesto, sobre el viaje de ella a Ibiza en el yate propiedad de Ortiz, que se enmarca en "un evento familiar", dado que se llevó a cabo en un periodo vacacional al existir una relación de amistad entre las familias de ambos. Ha opinado que ese viaje puede ser reprochable desde el punto de vista estético o político, pero ha asegurado que no hubo cohecho porque no le supuso a Ortiz un sobrecoste, pues cada familia pagó a escote y la invitación a realizar ese desplazamiento no se hizo en atención al cargo que ocupaba entonces Castedo.
También ha señalado que el término apaño atribuido a Castedo no es suficiente por sí mismo para concluir que hubo algún tipo de revelación o influencia en lo relativo al planeamiento urbanístico.
El letrado de la exalcaldesa sostiene que el archivo del 'caso Rabasa' es "una guía" sobre la causa sobre el nuevo planeamiento
Por su parte, el abogado de Díaz Alperi, Vicente Grima, ha coincidido con el de Castedo que la aprobación provisional de los trabajos de revisión del PGOU, en mayo de 2010, fue un acto de trámite que no implicaba su ratificación posterior de forma definitiva para beneficiar al empresario porque debían ser sometidos a exposición pública, recibir el visto bueno del Consell y ser elevados de nuevo al pleno municipal para su aprobación definitiva. Según ambos letrados, los trabajos de revisión del PGOU eran datos públicos para todos los ciudadanos porque les afectaban.
En cuanto al presunto delito de tráfico de influencias, el defensor del exalcalde ha afirmado que tanto el arquitecto Jesús Quesada, que a partir de 2008 asumió los trabajos de redacción del Plan General de Alicante, como los técnicos municipales que hacían los informes sobre las alegaciones han negado que les influyeran a la hora de hacer su trabajo para que adoptasen decisiones concretas.
Además, el letrado de Díaz Alperi, quien ha aludido a las dilaciones indebidas de este caso (se ha prolongado 12 años), ha solicitado al tribunal que, en caso de darles validez, las grabaciones interceptadas a los investigados no sean declaradas como prueba de cargo porque, a su entender, hubo una ausencia de garantías de integridad y autenticidad.
Sobre la supuesta revelación de información privilegiada, este abogado ha reseñado que, de acuerdo con la ley valenciana, cualquier persona que elabora una propuesta de programa puede acceder a la información de planes urbanísticos que están en tramitación.
El juicio, que se celebra en la Audiencia de Alicante, finalizará mañana, viernes, con la exposición de las conclusiones definitivas de los abogados de Ortiz y del resto de los acusados. Junto a Castedo y Díaz Alperi (predecesor de ella en Alcaldía), también se sientan en el banquillo de los acusados el promotor Enrique Ortiz, el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2008 y 2010, los dos expolíticos del PP recibieron presuntamente diversas dádivas por parte de Enrique Ortiz a cambio de facilitarle información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital alicantina cuando esos datos todavía no eran públicos.
Entre esos supuestos obsequios figurarían un viaje a Ibiza en el yate de su propiedad, disfrutado por Castedo, estancias en Andorra, un viaje a Creta realizado por el exalcalde, la entrega de viviendas a los hijos de Alperi en el PAU 5 de Alicante, el supuesto regalo de un vehículo Mini Cooper a una persona de la máxima confianza de Castedo o la entrega diversas cantidades de dinero en metálico también al exalcalde, a través de diversos intermediarios.
El acusador público pide sendas penas de diez años de cárcel para Díaz Alperi y Castedo como presuntos autores de los delitos de revelación de información privilegiada, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En el caso de Ortiz, solicita una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación.
