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inversiones por valor de 17,9 millones y múltiples partidas simbólicas

Las cuentas del bipartito de Alicante: obras a la espera del remanente y fe en ingresos del ladrillo

23/01/2021 - 

ALICANTE. El desglose del proyecto de presupuesto diseñado por el bipartito de Alicante para 2021 no incluye modificaciones sustanciales por lo que respecta a la ejecución de nuevos proyectos que siguen aplazados a otros ejercicios o supeditados a la incorporación del remanente de crédito de los ejercicios de 2019 y 2020, tras la creación de partidas simbólicas en las que solo se ha consignado una dotación inicial de un euro. Se trata de actuaciones como la construcción de tres parques en el PAU 2, en Gran Vía Sur o en la Playa de la Almadraba; de los proyectos de reurbanización de la segunda fase de Divina Pastora, del frente litoral de San Gabriel o de las calles Rafael Altamira y Jorge Juan; de la peatonalización del Centro Tradicional; de la construcción de la Biblioteca Central; o de las partidas destinadas  a la ejecución de obras en partidas rurales o a la adquisición de inmuebles que pudiesen resultar de interés municipal, por ejemplo.

La posible financiación de todas esas inversiones quedan postergadas a la disponibilidad de los ahorros generados en los años precedentes, de modo que se puedan suplementar y complementar en los próximos meses mediante la tramitación de la correspondiente modificación de crédito. La cuestión es que la liquidación de esas cantidades no se conocerá previsiblemente hasta los meses de marzo o abril, lo que estrecha el plazo de ejecución posterior de ese listado de iniciativas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la tramitación de ese ajuste contable suele requerir un plazo mínimo de un mes (debe exponerse al público para la presentación de alegaciones). Hasta el momento, eso sí, ya se conoce que se dispondrá de 19 millones en fondos no gastados durante 2019, a los que se podría sumar una cifra igual o incluso superior heredada de 2020.

Entre las inversiones que sí vienen cuantificadas en el proyecto de presupuesto, se prevé acometer obras por valor de 17,9 millones, tras repartir entre varios proyectos 5 de los 6,8 millones en los que se ha incrementado las transferencias corrientes del Fondo Complementario de Financiación procedentes del Estado.


Entre esas inversiones, destacan las que ya se detallaron el pasado diciembre, durante la presentación del borrador: 1,4 millones para la ampliación del cementerio; 1,7 millones para la reurbanización de Rabasa y otros 2,5 para la reforma de la avenida de Padre Esplá, por ejemplo. Además, se reserva una partida de más de 800.000 euros para los llamados presupuestos participativos, cuyo destino debe concretarse a propuesta de las Juntas de Distrito.

Así, con el detalle de las partidas presupuestarias, se confirma que PP y Cs vuelven a aplazar la ejecución de grandes inversiones para centrarse en medidas de respuesta al contexto propiciado por la pandemia del coronavirus. Se trata de una propuesta de planificación económica que trata de dar respuesta a la crisis económica y social, en la que, a lo sumo, destaca el refuerzo de las partidas asignadas a Acción Social para la concesión de ayudas de emergencia a personas en situación de vulnerabilidad, además del lanzamiento de varias líneas de subvenciones y de iniciativas de apoyo al tejido productivo local. 

De este modo, se incrementan las ayudas sociales de emergencia (ACPE) y otras de concesión directa en 995.000 euros, pasando de 1,8 millones en 2020 a casi 2,9 millones en 2021. De la misma forma, se aumenta la dotación destinada a la asistencia a domicilio del Programa de Atención a Mayores, en 483.000 euros, pasando de 2.9 millones de euros en 2020 a casi 3,5 millones de euros en 2021. De este modo, cualquier iniciativa que pueda suponer una gran inversión queda aplazada, así, a la recta final del mandato, en los ejercicios de 2022 y 2023, en previsión de que para entonces se haya podido superar en gran medida el impacto generado por la pandemia, como informó este diario.

Por lo demás, la segunda propuesta presupuestaria del bipartito se caracteriza por un incremento en la previsión de recaudación por impuestos indirectos. En concreto, se prevé ingresar un 9,77% más que en el ejercicio de 2020. En ese ámbito, el incremento más importante es el que se espera en la recaudación del impuesto de construcciones (ICIO) que se prevé que crezca un 16,24%, en un momento delicado para el sector (que también se ha visto afectado por la crisis sanitaria) hasta un total de 867.911,11 euros respecto a los 14,2 millones que se prevé recibir por el conjunto de impuestos indirectos. Esa confianza en la recaudación del Icio se mantiene incluso después de que el propio bipartito haya aprobado la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto para introducir bonificaciones por la ejecución de proyectos que supongan inversiones para el estímulo de la economía y la creación de puestos de trabajo. 

Con todo, la vía principal de ingresos continúan siendo los impuestos directos (IBI, el impuesto de circulación, el impuesto de plusvalías y el IAE). La caja que se espera obtener a partir de su cobro asciende a 131,2 millones (el 47,86% del total de ingresos), lo que supone un aumento de más de 2,1 millones (1,66% más que en 2020). Todo pese a que, como subraya el informe de fiscalización del interventor, se prevé un incremento poco significativo del IBI urbano respecto al ejercicio anterior(0,88%), cifrado en 745.152,00 euros. Si sube la previsión de recaudación del impuesto de circulación (IVTM) que se cifra en 1.849.376,70 euros respecto a 2020 (un 13,07% más), pero bajan las estimaciones sobre el impuesto de plusvalías (-4,56%) en 733.137,04, así como las del IAE en un 6,42%, 527.067,83 euros.

Respecto a la recaudación por tasas, se calcula en 39,9 millones, lo que supone un incremento del 5,29% con relación al ejercicio precedente. La mayor parte de las partidas no experimenta incremento alguno con excepción de la tasa de residuos sólidos, que experimenta un crecimiento del 4,6 %, o la tasa de vados con un incremento de 7,63 %.

El interventor reprocha a PP y Cs que se presupueste 1,1 millones para subvenciones a entidades festeras, con un incremento del 5,43%, pese a las restricciones impuestas por la covid a la celebración de festejos

En cualquier caso, como ya ha informado este diario, el informe del alto funcionario avala la propuesta al considerarla equilibrada y justificada, tras formular algunas consideraciones respecto a la asignación prevista para las subvenciones a entidades festeras. En este sentido, el interventor señala que se ha reservado una partida de 1.161.850,00 euros para ese fin, lo que representa un incremento del 5,43% respecto a la cantidad presupuestada en 2020. Y señala que "el aumento de dotación presupuestaria respecto a años anteriores, parece que no ha tenido en cuenta la actual situación socio-sanitaria derivada de la pandemia covid-19 y la consecuente prohibición de celebración de actividades festivas establecida en el Decreto 463/2020 y otros sucesivos, así como las limitaciones que establece el artículo 14 del Real Decreto Ley 17/2020 en el sentido de que solo podrán subvencionarse los gastos debidamente acreditados y no recuperables derivados de las medidas previstas en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19", concluye.

De igual modo, también señala la conveniencia de "agrupar en una única convocatoria pública" la concesión de subvenciones a entidades sociales "con el fin de garantizar" la posibilidad de que "puedan concurrir en condiciones de igualdad". El apunte se realiza tras la revisión de los convenios para la inserción laboral de afiliados a asociaciones de personas con diversidad funcional (APSA, FESORD, ASPALI, ADACEA, DOWN) tras remarcar que "el documento de justificación de las 4 últimas entidades no está firmado por nadie".

En tercer término, el alto funcionario se refiere igualmente a "las subvenciones al exterior (Subvenciones para Proyectos de Desarrollo)" para señalar que "corresponden a gastos derivados de competencias impropias en virtud de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por lo que deberán ajustarse a los procedimientos y prescripciones allí establecidas". Además, apunta que "la corporación debe tomar en consideración las dificultades que conlleva verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios".

Igualmente, el informe del interventor vuelve a subrayar sus reticencias sobre el procedimiento previsto para la ejecución de obras en colegios a través del Plan Edificant por lo que supone en la asunción de costes indirectos, derivados de la tramitación de las licitaciones. "De nuevo reiterar lo indicado en el informe del presupuesto del ejercicio anterior referido a los créditos dotados para el convenio de delegación de la competencia autonómica de construcción de centros escolares entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, que califica como delegación el convenio Edificant, aunque en realidad el mismo comporta una subvención de los gastos exclusivamente directos de la ejecución cuando la delegación de competencias debería abarcar la totalidad de los gastos, directos e indirectos".

Y, por último, añade otro reproche respecto a la indefinición de determinadas actuaciones al insistir "en la debida codificación y en la necesidad de incluir en el anexo de inversiones los proyectos de las obras, al menos los de mayor relevancia, lo que permitiría conocer con precisión la naturaleza del gasto a realizar, su importe y plazo de ejecución". "La redacción previa de los proyectos redundaría en una mejor calidad de estos y por ende de las obras que se ejecuten", remarca.

El proyecto presupuestario queda ahora a la espera de que los grupos de la oposición formulen sus respectivas propuestas de enmiendas. En principio, el plazo para hacerlo expira el próximo 1 de febrero, lo que dará paso a la evaluación de esas sugerencias por parte de los técnicos de la Concejalía de Hacienda. Después, esas enmiendas se debatirán en comisión y la propuesta presupuestaria se elevará a pleno para su aprobación inicial previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de febrero. Tanto Vox como el PSOE ya han anticipado que facilitarían su aprobación después de que se hayan admitido parte de sus propuestas.

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