La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, al presentar el borrador del presupuesto de 2021. ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) aceleran las negociaciones internas para confeccionar los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante de 2022, forzados a meter la tijera en las dos áreas que concentran la mayor parte del gasto en inversiones -las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras- para que los números acaben de cuadrar. Más todavía, ante la situación de incertidumbre que persiste respecto a los trámites a emprender para poder recaudar el impuesto de la plusvalía, pese a que el Ejecutivo central haya aprobado ya una nueva propuesta para calcular su importe, en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba la fórmula anterior.
De ese impuesto, depende el ingreso de más de 15 millones (en torno al 5% del presupuesto total), por lo que la Concejalía de Hacienda sigue trabajando en un doble escenario, en función de si el cobro del tributo se acaba reactivando de manera efectiva o no, ya que en determinados ámbitos jurídicos aún existirían dudas sobre la constitucionalidad del nuevo método de cálculo.
Sea como fuere, la de los recortes en las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras, es la línea de actuación que se acordó seguir, este martes, en el último encuentro celebrado entre los concejales de los dos partidos, independientemente de que se pueda disponer de los ingresos de las plusvalías. Fuentes consultadas indicaron que, durante la reunión, se mantuvo el clima de entendimiento que ha primado hasta ahora en el proceso de elaboración de la propuesta económica y que los dos partidos entendieron la necesidad de ajustar las cifras en los dos departamentos al ser los que disponen de dotaciones más elevadas.
Lo son, en realidad, al tratarse de los que cuentan con el personal cualificado y las competencias necesarias para poder ejecutar obras. No solo de los proyectos propios, sino también de los requeridos por el resto de concejalías. De hecho, en la reunión se subrayó que, con la reducción de los montantes globales asignados a Urbanismo e Infraestructuras, podrían multiplicarse las posibilidades de ejecución presupuestaria de otras concejalías con dotaciones modestas, al quedar liberadas de recortes adicionales.
Así, PP y Cs concertaron que los ajustes que se introduzcan ahora en esas dos áreas clave, quedarán compensados en cuanto se pueda incorporar el remanente de crédito (dinero no gastado) del presupuesto de 2021, previsiblemente, una vez superado el primer trimestre del nuevo año. Será entonces cuando se puedan proveer consignación económica para las actuaciones que ahora tengan que quedar sacrificadas, aun a riesgo de que, después, se disponga de un menor plazo para poder ejecutarlas, en un momento político que se considera especialmente relevante: la antesala de las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.
Las actuaciones a las que se deba renunciar, quedarían aplazadas hasta la incorporación del remanente del presupuesto de 2021
De las actuaciones a emprender en ese próximo presupuesto de 2022, solo ha trascendido que se prevé ejecutar las inversiones de carácter plurianual que ya quedaron trazadas en el presupuesto de este año, como las obras de peatonalización del Centro, de la que ahora se pretende adjudicar las obras de su primera fase, entre Constitución y Bailén. No obstante, lo cierto es que existe una larga lista de iniciativas anunciadas de forma reiterada, pero todavía no licitadas, que también podrían tener encaje en esa nueva planificación contable. Se trata de actuaciones como la pasarela ciclopeatonal a Urbanova (cuya adjudicación inicial tuvo que rescindirse), los distintos tramos del paseo litoral, como el comprendido entre el Promontorio y Finca Adoc, o la reforma de la avenida Ramón y Cajal. Por el momento, se mantiene el objetivo de contratar la ejecución de la mayoría de ellas antes del 31 de diciembre, pero, a la postre, podrían quedar pospuestas de nuevo.
En principio, todo parece indicar que se producirá al menos otro encuentro la próxima semana para tratar de cerrar las cifras definitivas, ya que, en la reunión de este martes, se volvió a ratificar el objetivo de que las cuentas puedan aprobarse de manera inicial antes de que concluya 2021. Previsiblemente, en un pleno de carácter extraordinario que tendría lugar entre mediados y finales del mes de diciembre.
Para ese debate, el bipartito podría volver a contar con el respaldo explícito -o al menos la abstención- de los dos ediles de Vox, después de que considerasen cumplido un requisito previo para poder negociar su apoyo a las cuentas: sus disculpas públicas por haber secundado una declaración institucional de Compromís en la que Vox consideraba que se les señalaba.
A ese acercamiento se suma, además, un segundo gesto: el compromiso de PP y Cs de aprobar su propuesta de ordenanza de convivencia cívica -que Vox reivindica- antes de que concluya este año. Por si fuera poco, el grupo municipal que encabeza el edil Mario Ortolá también ha dado otro paso adicional en busca de otra muestra de anuencia del bipartito, al promover una propuesta normativa de modificación de la ordenanza fiscal que regula el cobro del impuesto de circulación para plantear su reducción. Todo, al margen de las últimas manifestaciones formuladas por el presidente del PPCV y edil alicantino, Carlos Mazón, sobre la posibilidad de gobernar con Vox en el futuro.
