ALICANTE. Las asociaciones de padres y madres y los colegios católicos, que son contrarios o recelosos del decreto del plurilingüismo, no se fían de los retoques que ha introducido el conseller Vicent Marzà. En concreto, dos medidas de flexibilidad, como que los colegios destinen 2,5 de horas al estudio de inglés, aunque la decisión final es de los centros escolares, y que los alumnos con un nivel más básico de valenciano también puedan certificar su nivel de inglés.
Para Ramón López Cabrera, presidente de la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró, una de las que está a punto de recurrir el decreto, estas medidas suponen un mercadeo ante la petición del Ministerio de Educación de pedir explicaciones sobre el texto de la Conselleria de Educación. Para López, hay dos grandes dudas: no hay garantía de que esas 2,5 horas extras sean destinadas al estudio del inglés y quién certificará ese nivel de inglés, si finalmente es lo que se imparte. "¿Habrá que externizarlo?" Si hay que externalizarlo, siempre acabarán pagando los estudiantes de las rentas más bajas", critica. López considera que en ese campo, el decreto sigue generando discriminación porque en los colegios con un nivel de valenciano avanzado o medio, esa certificación la tienen pagada.
"Insisto, lo más coherente, hubiera sido consensuar el decreto o esperar a que entrara en funcionamiento con el máximo consenso y medios posible. Marzà ha desoído esas llamadas y ahora ofrece un mercadeo", ha cuestionado el responsable de la FAPA Gabriel Miró.
La presidenta de la Concapa Alicante, Julia Llopis, es más taxativa. "No queremos el decreto porque no da opción a elegir la lengua vehicular", sostiene. Llopis ya ha solicitado, vía Concapa nacional, una reunión con el ministro de Educación al considerar que Marzà ha engañado a Méndez de Vigo con los cambios estéticos que ofrece ahora con el decreto. Concapa reitera que impugnará el nuevo texto normativo.