Foto RAFA MOLINAALICANTE. La Diputación de Alicante, donde gobiernan PP y Cs, ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de las familias de la Vega Baja alicantina contra la ley de Plurilingüismo y ante la manifestación que se celebrará el próximo 18 de enero en Orihuela con el fin de trasladar al Gobierno Valenciano el malestar de las comunidades educativas de la zona.
La diputada de Recursos Humanos, María Gómez, ha asistido este jueves en Callosa de Segura a una mesa de trabajo en la que han participado una veintena de alcaldes y concejales de la Vega Baja con el objetivo de "coordinar acciones en defensa de la libertad de elección de lengua".
Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, en la reunión ha quedado patente el "malestar" de AMPA, instituciones, colectivos y centros escolares de la comarca frente a la ley de Plurilingüismo que entrará en vigor en septiembre de 2020 en bachillerato y secundaria.
La diputada por la comarca y alcaldesa de Almoradí ha comentado al término del encuentro que hay un "posicionamiento común de muchos ayuntamientos de la Vega Baja de apoyo a la manifestación" de los padres contra esa normativa. "Desde la Diputación de Alicante respaldamos a las asociaciones de madres y padres de alumnos y nos ponemos a disposición de las familias de la Vega Baja para defender sus reivindicaciones, porque entendemos que esta medida a medio plazo propiciará un aumento del fracaso escolar en las comunidades castellano hablantes", ha aseverado la diputada provincial.
Según ha precisado Gómez, "no estamos en contra de la lengua valenciana, pero sí de la imposición de la ley que implica aplicarla en asignaturas troncales, lo que perjudicará a los alumnos de la Vega Baja". Los ayuntamientos de la comarca que se han sumado a esta propuesta presentarán en sus consistorios mociones de apoyo, según se ha acordado en la reunión, en la que también se ha defendido el derecho de los colectivos a "elegir la lengua vehicular de las familias en el proceso de aprendizaje y escolarización de los niños".
"Pedimos consenso y participación a la hora de estructurar el programa educativo que se implante en cada centro para que se tengan en cuenta el contexto socioeducativo y lingüístico de la zona", ha explicado Gómez.
