VALÈNCIA. La recuperación a la gestión pública de la residencia de mayores ubicada en Alcoy por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas parece que se complica. Hace más de un año desde que la titular de la Conselleria, la vicepresidenta Mónica Oltra, anunciara la intención de revertir la concesión administrativa que gestiona la empresa privada DomusVi antes de tiempo, pero los problemas jurídicos están suponiendo cierto obstáculo para llevar a cabo la operación.
La concesión fecha de 2002 y está suscrita por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco. La adjudicación fue para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, integrada por la mercantil OHL y la Asociación de Servicios Aser, y consistía en la gestión de una residencia en el Antiguo Hospital Civil de Alcoy. Posteriormente, la empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales en 2015 y, más tarde, al grupo francés Casa Vita, quien actualmente ostenta la gestión del centro mediante su filial GeriaVi SAU, la dueña de DomusVi.
Se trata de una concesión adjudicada por 45 años sin contemplar ninguna prórroga, pero hace más de un año, el departamento que dirige Oltra comunicó a los responsables de la empresa la intención de alcanzar un acuerdo para que abandone el centro. Fuentes de la Conselleria consultadas por Valencia Plaza, admiten que a día de hoy se han dado pocos pasos para hacer realidad la reversión de la residencia y apuntan, como motivo de esta parálisis, a los extremos jurídicos que deben sustentar la decisión de la administración a la hora de tomar una decisión como esta.
Así pues, según las mencionadas fuentes, una de las vías que se está estudiando para consumar la recuperación de la gestión es la anulación de la concesión por lesividad a la administración. De esta manera se busca revertir el servicio sin tener que acabar pagando una indemnización por hacerlo de manera anticipada a los 45 años previstos en el acuerdo. Lo cual no impediría, no obstante, que Domus Vi acabara en los tribunales solicitando dicha indemnización por responsabilidad patrimonial.
Lo cierto es que el acuerdo suscrito por Blasco en 2002 no obligaba a la parte privada, Domus Vi, a pagar ningún tipo de canon, como sí acostumbra a ocurrir en este tipo de concesiones. Entonces, la Generalitat justificó esto porque la concesión era "onerosa" para la empresa al asumir los gastos de la rehabilitación del edificio previamente a empezar a operar en él. Actualmente, las instalaciones cuentan con 140 plazas para personas mayores, 47 de las cuales quedan a disposición de la Conselleria.
Si se consuma la reversión, será la primera residencia de mayores, de un sistema que se ha apodado como 'modelo Cotino', que la conselleria recupera para la gestión pública antes de que finalice su concesión. De hacerse, se busca que el centro acabe siendo gestionado directamente mediante el Institut Valencià d'Acció Social (IVASS), dependiente del departamento de Oltra.
La intención de iniciar este proceso de reversiones ya estaba sobre la mesa la pasada legislatura, pero únicamente para aquellos centros cuyas concesiones fueran expirando. Tanto es así que la Conselleria dejó tal pretensión negro sobre blanco en la Ley de Acompañamiento de 2019. Ciertamente, la Conselleria ya asumió la gestión de una residencia en Albocàsser en 2018 al finalizar el contrato con la adjudicataria.
Se trataba, en aquel caso, de un centro para personas con diversidad funcional y se hizo para intentar mejorar el servicio porque la adjudicataria, pese a estar haciéndolo "muy bien a nivel profesional", tenía ante sí "cuestiones a las que no podía llegar". Fue algo puntual y motivado por el tipo de residentes: personas con problemas de salud mental. Ahora bien, este caso, el de la residencia de mayores de Alcoy, no se encuentra en la misma situación, puesto que la finalización de la concesión de Alcoy está prevista para el año 2047.
