La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Foto: GUSTAVO VALIENTE/EPVALÈNCIA (EFE/María Pachón). El comité de expertos para la reforma fiscal confeccionó hace un año una guía para avanzar hacia un sistema tributario más sencillo, ecológico y progresivo, pero la necesidad de atajar la inflación ha derivado en una serie de medidas generales y "parches" que alejan e incluso contradicen sus recomendaciones.
Los profesores y miembros del comité de expertos Violeta Ruiz Almendral y Xavier Labandeira coinciden, en declaraciones a EFE, en que el Gobierno ha hecho poco seguimiento de su informe, aunque algunas de sus propuestas hubieran sido de gran utilidad en un contexto de precios elevados como el vivido el último año.
La escalada de los precios "no recomendaba la aplicación inmediata de las propuestas en el ámbito energético-ambiental", admite Labandeira en referencia la recomendación de elevar la fiscalidad de los carburantes, pero puntualiza que había ideas "especialmente válidas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética" que no se han seguido.
En lugar de avanzar hacia ese ahorro para garantizar la seguridad energética, "la respuesta fue la contraria, con la subvención generalizada al consumo de carburantes de automoción", añade, que no incentiva la mejora ambiental y supone un enorme coste.
"El Gobierno no ha seguido los elementos centrales del libro blanco", subraya Ruiz Almendral, y pone como ejemplo las bajadas del IVA para la electricidad o los alimentos, cuando los tipos reducidos son precisamente uno de los "agujeros" del sistema que el informe instaba a corregir -abogaba por suprimir los tipos reducidos del IVA a cambio de uno general más bajo-.
El tipo único del IVA formaba parte de un conjunto de propuestas dirigidas a simplificar el sistema a través de la eliminación de bonificaciones y exenciones en diversos impuestos que se complementaría con transferencias para colectivos vulnerables para compensar esa mayor carga tributaria.
"Podrían haberse adoptado las estrategias compensatorias defendidas en el libro blanco: no vinculadas a los consumos de energía y acotadas a los grupos vulnerables", apunta Labandeira, en línea con la ayuda de 200 euros, pero "más estable en el tiempo", coincide Ruiz Almendral.
Sin embargo, el investigador de Funcas Desiderio Romero defiende que a pesar de la urgencia de simplificar tributos como el IRPF o sociedades, un entorno de incertidumbre como el actual “no es el momento más adecuado” para una reforma integral.
Más allá de medidas concretas, el "cambio de filosofía" que defendía el libro blanco no ha calado en la política fiscal, ya que la creación de tres impuestos temporales y extraordinarios -para la banca, las energéticas y las grandes fortunas- supone un nuevo "parcheo", según Ruiz Almendral, una fórmula "aceptada socialmente" de aumentar la recaudación que evita afrontar los problemas reales.
En el caso del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, la fórmula adoptada es "criticable técnicamente" para la profesora, que recuerda que el impuesto de patrimonio es estatal y el Gobierno podría haber establecido un mínimo común para todas las regiones como proponía el libro blanco en lugar de crear un "impuesto paralelo".
Las medidas adoptadas en el último año "están introduciendo más complejidad" en el sistema, coincide Romero, quien añade que "el espíritu de la reforma no se está aplicando" porque "un impuesto temporal no es lo más adecuado".
La reforma fiscal era uno de los grandes objetivos económicos del Gobierno y para su elaboración encargó un informe a un comité de expertos que se presentó en forma de libro blanco el 3 de marzo de 2022, apenas una semana después de la invasión rusa de Ucrania y con los precios energéticos disparados.
El contexto condicionó así el futuro del documento -que en sus casi 800 páginas exponía un exhaustivo diagnóstico de los problemas del sistema tributario español junto a más de un centenar de propuestas de mejora- y de la propia reforma fiscal.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya descartó en la propia presentación cualquier subida de impuestos a corto plazo, enfriando así las expectativas en torno a la reforma fiscal comprometida con Bruselas, que tras un convulso 2022 ha quedado reducida a unas pocas medidas.
Montero defiende que la política fiscal del Gobierno está alineada con lo comprometido con Bruselas, ya que avanza en progresividad (con mayor tributación para rentas del capital y una bajada del IRPF para rentas bajas) y pequeños avances en tributación ambiental, como los nuevos impuestos para residuos y plásticos de un solo uso.
Los expertos reconocen las aportaciones, pero se muestran pesimistas de cara al futuro: "Una reforma es imposible" en año electoral, zanja Romero, quien recuerda que tradicionalmente los informes de expertos quedan como "ejercicio de reflexión" porque "los gobiernos no hacen reformas integrales, sino parcheamiento".
"Nunca es el momento de subir impuestos", ironiza Ruiz Almendral, debido a la generalización de "la idea sin base científica de que subir los impuestos reduce el crecimiento", aunque confía en que el análisis del sistema que realiza el informe pueda servir para el futuro.
Labandeira, por su parte, insta a retomar las propuestas energético-ambientales para avanzar en la transición ecológica, por ejemplo con incentivos en el impuesto de matriculación, una reforma apuntada por el Gobierno en un reciente informe remitido a Bruselas, aunque Hacienda descarta que esté prevista su implementación.
La reforma de la tributación ambiental, uno de los ámbitos en que España está más desacoplada de la Unión Europea, ha quedado en el aire -con medidas que iban desde equiparar la fiscalidad del diésel a una tasa para billetes de avión-, al igual que la imposición de un mínimo común para el impuesto de sucesiones o el tipo único del IVA.
Pero el libro blanco no solo abordaba los grandes impuestos, sino que también instaba a resolver pequeños desajustes del sistema, por ejemplo eximiendo de tributación actividades de economía colaborativa que en la práctica nadie declara, como el transporte compartido o el intercambio de viviendas, y que también continúan a la espera.
La fragmentación política seguirá siendo un reto importante para el Gobierno en la próxima legislatura, según los analistas
