Un agente de la UCO, en la sede de Acciona de Valencia el pasado martes. Foto: EFE/ANA ESCOBAR VALÈNCIA. La línea de investigación del caso Azud vinculada a la posible financiación ilegal del PSPV suma varios imputados por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental y grupo criminal, según ha podido saber este periódico. Las personas sobre las que existen indicios están acudiendo durante estas jornadas a declarar a la comandancia de la Guardia Civil de València, al igual que diversos testigos. En total, están desfilando alrededor de una veintena.
Las actuales indagaciones corresponden a una de las cinco piezas separadas de la macrocausa que permanecen secretas. Y el periodo al que se circunscriben es el de alrededor de 2006 y 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno. Algunos de los proyectos que se pusieron en marcha bajo su mandato son los que ahora se encuentran bajo sospecha por posibles amaños.
El caso Azud, del que se encarga el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, figuraban como imputadas alrededor de 60 personas, pero con la nueva línea de investigación la cifra asciende.
El pasado martes se produjeron varios registros ordenados por el juzgado. En total, hubo nueve y afectaron a cuatro empresas: Acciona (tanto en la sede de Madrid como en la de València), Construcciones Luján, Acuamed y la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa). Los agentes también solicitaron documentación sobre el PAI (Plan de Actuación Integrada) en Xixona. La operación no incluyó detenciones como en ocasiones anteriores.
Unas anotaciones encontradas por la Guardia Civil en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña fueron las que desencadenaron la operación. En los papeles se mostraban, supuestamente, comisiones de grandes constructoras que llegarían hasta un 6% como resultado de adjudicaciones. La operación concreta que llamó la atención de los investigadores fue la del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006, a la cual Acciona y Construcciones Luján concurrieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras. Fueron adjudicatarias del tramo E, el más caro, que ascendió a 39,7 millones de euros.
Entre los investigados, por tanto, figuran tres responsables de las empresas registradas y, como parece lógico, los funcionarios o cargos relacionados con las adjudicaciones cuestionadas debido a que el delito de cohecho puede ser tanto de particular como de empleado público.
El concurso del trasvase partió de la empresa estatal Aguas del Júcar, cuyo consejero delegado era José María Marugán hasta que Acuamed tomó el control de forma efectiva de la primera en 2008. Ésta dependía del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía en ese momento Cristina Narbona y su director general era Adrián Baltanás.
La Guardia Civil cree que ese concurso estaba totalmente amañado. En las anotaciones de Pepe Cataluña aparecían unas cantidades como "condición de adjudicación" y otras como "Factura a recuperar en proyecto (teóricamente)". Los investigadores creen que, en realidad, respondían a comisiones que habrían ido a parar a sufragar campañas electorales del PSPV. Según estos papeles, las empresas tenían que abonar un total de 2,5 millones de euros, lo que suponía alrededor de un 6% respecto al importe de adjudicación del proyecto.
Además, el que fuera responsable de finanzas de los socialistas no sólo tenía apuntados estos pagos, sino el detalle de las adjudicaciones de los cinco tramos de la obra del trasvase –que se formalizaron entre 2006 y 2008– y las UTEs beneficiarias. De ahí que la UCO cuestione el conjunto del proyecto.
A ello se añade otra operación en la que también estaría presente Acuamed. Se trata de la relacionada con el PAI (Plan de Actuación Integrada) de Xixona. La jueza considera, tal como expuso en uno de sus últimos escritos, que el PSPV se pudo servir de la empresa pública estatal para financiar su campaña electoral de 2007. "El PAI El Espartal sólo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos y, en este punto, jugó un papel fundamental Acuamed", afirmó. Para este fin se habría usado una sociedad interpuesta, que habría abonado con fondos del grupo empresarial del constructor Jaime Febrer 484.480 euros al partido.
