Foto: EVhaVALÈNCIA. La lista de demandantes de vivienda pública crece en menos de dos años. La actual coyuntura económica, en la que el alza de precios está dificultando ya no solo el acceso a la compra de una vivienda, sino también el alquiler, está provocando que muchas familias busquen el auxilio de la Generalitat Valenciana para encontrar un hogar. Sin embargo, los dilatados tiempos de la Administración y el insuficiente parque público no acaban de 'desatascar' el problema, mientras las solicitudes van al alza en los últimos años ante la emergencia habitacional actual.
De esta manera, en octubre de 2021, cuando entró en vigor el nuevo registro de solicitantes de vivienda pública y protegida impulsado por la Generalitat Valenciana, un primer recuento estableció en 11.816 la cifra de unidades de convivencia demandantes. Año y medio después, y en un contexto en el que las políticas y promesas electorales sobre este asunto se sitúan en un plano más que destacado, esa cifra ha crecido hasta ubicarse, el pasado mes de abril, en 15.704 unidades.
Así lo atestiguan los datos facilitados a Valencia Plaza por la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, que muestran cómo las peticiones se han elevado un 33% desde la creación del actual listado de demandantes, un registro que según el departamento que dirige Héctor Illueca nacía con la vocación de agilizar la adjudicación de inmuebles públicos gracias a la unificación de la oferta y la demanda, además de ser una alternativa a la "vorágine especulativa".
El incremento refleja, de este modo, que, tras los efectos más inmediatos de la covid-19, la inflación y el encarecimiento de la vida el problema de la vivienda se ha ha agudizado todavía más. De hecho, y solo en el último año, el listado de demandantes gestionado por la EVha sumó de media 886 nuevos registros mensuales. En los meses de mayor intensidad, como mayo y junio de 2022, se llegaron incluso a superar las mil inscripciones, mientras que el pasado marzo, el último mes del que se proporcionan datos, se contabilizaron 951 peticiones.
A su vez, las solicitudes que la EVha procesa y tramita al mes son, de media, algo inferiores a la mitad de las nuevas entradas. En marzo, por ejemplo, se gestionaron 375 demandas, una cifra que representa el 39% del total de peticiones recibidas, mientras que 2022 fueron un 4.875 por las casi 11.000 solicitudes presentadas. Por ahora, ese último ejercicio es el único completo desde la creación del nuevo sistema para registrar a los demandantes de vivienda pública y, por tanto, la primera cifra anual de referencia.
Este escenario en el que el listado de solicitantes de soluciones habitacionales crece cada mes explicaría, en parte, las últimas promesas del Gobierno ante la inminente convocatoria electoral del 28 de mayo, que involucran a actores como la Sareb o el Ministerio de Defensa, y que buscan precisamente ampliar la oferta del parque público de vivienda. También desde la Conselleria de Vivienda se ha estado buscando una solución para engrosar su cartera a lo largo de toda la legislatura a través de diferentes mecanismos como el decreto de tanteo y retracto, la compra directa, el decreto para movilizar vivienda vacía o el concurso de suelo para cederlos a agentes privados a través de la colaboración-público privada.
Y más teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas del parque que gestiona la EVha es que muchos de los inmuebles que lo componen se alquilaron en el pasado con opción a compra y se han tenido que vender una vez vencido el plazo. También, ha habido que acometer demoliciones ante el pésimo estado de varias edificaciones, lo que ha provocado que no se haya aumentado la oferta todo lo deseado.
Y, de hecho, el proceso ordinario de adjudicación se inicia por la Evha cuando existe una vivienda disponible. Entonces se barema a todas las unidades de convivencia inscritas como demandantes que puedan encajar, y para ello se tienen en cuenta factores como la localidad donde se ubica el inmueble, el número de habitaciones, la accesibilidad o sus características generales. Con todo ello, y también otras cuestiones como el número de miembros de la unidad solicitante, si es familia numerosa o los ingresos económicos, se crea un listado de puntuaciones específico y se trata de adjudicar el piso por orden.
En la Comunitat Valenciana, y según las cifras facilitadas a Valencia Plaza, la entidad contaba con un total de 14.619 viviendas públicas a comienzos de mayo de este año. La mayoría de ellas, unas 7.614, se encuentran en la provincia de Valencia, mientras que 5.800 están en Alicante y 1.205 en la provincia de Castellón. No obstante, su reparto por localidades es desigual, y en algunos casos una parte sustancial de los inmuebles está localizado en solo tres poblaciones.
Sucede así en Castellón, donde la capital (586), Borriana (197) y la Vall d’Uixó (112) aglutinan el 74% del total. Tanto en esta como en las otras dos provincias la mayoría de viviendas están ocupadas, aunque desde la Conselleria precisan que algunas estarían vacías al encontrarse en “proceso de reparación y/o adjudicación”. En el caso de Alicante, más de la mitad del parque se sitúa entre Alicante (2.016), Elche (1.035) y Monóvar (177), y en el caso de Valencia el 45% se reparte entre València (1.331), Paterna (1.285) y Sagunto (839).
Por municipios, y según los datos más recientes a disposición de la Conselleria de Vivienda, las localidades donde se concentra la mayor demanda de viviendas públicas en relación al número de habitantes se sitúan en las provincias de Alicante y Valencia. En concreto, en Sant Joan d’Alacant habría 43 unidades de convivencia demandantes por cada 1.000 habitantes, la tasa más alta, con diferencia, de toda la autonomía valenciana.
Por detrás destaca la presencia de varios municipios de las comarcas de l’Horta, como son Alfafar, con 28 demandantes por cada 1.000 vecinos, y Burjassot, con 26. Otras localidades de gran tamaño que figuran en lo más alto del listado son San Vicente del Raspeig, en Alicante, y Alboraia, Picanya y Xirivella en Valencia. Ello demuestra, así pues, que las poblaciones con más solicitantes en relación al número de habitantes se encuentran, en términos generales, en las áreas metropolitanas de las ciudades de València y Alicante.
No obstante, y para determinar si un municipio es calificado de localidad con altas necesidades de vivienda pública, la Conselleria tiene en cuenta, además del número de unidades de convivencia solicitantes, otros factores adicionales como la oferta de pisos públicos, la existencia de un alquiler tensionado o los riesgos de inundación o seísmos. De este modo, y como se desprende del último informe sobre áreas de necesidad de vivienda (ANHA) elaborado por el Observatorio del Hábitat dependiente de la Conselleria, Aspe, Pilar de la Horadada, Monóvar, Sollana y Gandia estarían entre los municipios con mayor necesidad actual de vivienda pública.
