Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La jueza encargada del caso Azud ha decidido sobreseer la investigación para un total de ocho personas, entre ellas dos directivas de Secopsa. Todas figuraban en la pieza principal de esta instrucción, centrada en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones de la Comunitat durante 15 años. Empresarios y políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Uno de los principales investigados es el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Los investigadores creen que podría haber cobrado comisiones procedentes de contratistas del Ayuntamiento de València desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.
Fue el 24 de noviembre de 2017 cuando la jueza acordó seguir las actuaciones contra el grupo Secopsa y las empresas que lo conformaban debido a su posible participación en estos hechos. Secopsa es una de las históricas contratas de obras del Ayuntamiento de València. La empresa de la familia Prieto fue adquirida en julio de 2015 -después de los presuntos hechos que se investigan- por el Grupo Gimeno.
La magistrada investigó entonces a Carmen y Amparo Prieto, a las que ahora sobresee. En el auto, la jueza recuerda que ambas eran accionistas de la mercantil Saprico y a su vez ostentaban el cargo de consejeras delegadas. Saprico participaba a Secopsa (94%), Secopsa Medioambiente (93.98%) y Edificaciones Prieto (100%), entre otras.
"Por tanto, desde el principio, por su condición de consejeras delegadas, tenían la condición de investigadas para determinar qué grado de implicación tenían, y si lo tenían, en relación a las actuaciones de contratación de los servicios del señor Corbín", expresa la magistrada. Motivo por el que, argumenta, se acordó la apertura de sus cajas fuertes para comprobar si existían documentos relacionados a lo ocurrido. "Se encontraron ciertas cantidades de dinero y, a la vista del tiempo transcurrido con los hechos investigados, no se procedió a su decomiso", dice el auto.
Tras las indagaciones, la jueza concluye que no existen motivos para continuar la causa contra las hermanas Prieto al "no haber quedado acreditada la perpetración de los delitos". Algo que ha contado con el informe favorable de la Fiscalía.
