El proceso de investidura del presidente del gobierno es el único momento, en las legislaturas multipartidistas de los últimos 8 años, en que son decisivos los votos de cada diputado en el Congreso. Este hecho ilegítimamente motivó que, por sectores interesados, se pidiera en las últimas legislaturas a Joan Baldoví y a las diferentes candidaturas que encabezó (“A la Valenciana” y “En Moviment”) que facilitarán el voto al PP a cambio del cumplimiento de la agenda valenciana.
Eso no creo que nunca sea justo ni posible para un grupo de perfil más a la izquierda que el PSPV; pero, por el mismo motivo, Àgueda Micó, Txema Guijarro y Alberto Ibáñez no pueden aceptar un papel subordinado en Sumar, o delegar la negociación de la agenda valenciana en el momento de la investidura en la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Los que han sido capaces de pactar con el PP, a nivel local, no pueden fracasar en todos los procesos negociadores con la dirección estatal del PSOE. Por eso, en este contexto político, la coalición Sumar debe ser útil para Compromís y Compromís serlo para los valencianos. Por esa razón, creo que la única forma realista de que avance la agenda valenciana recae en la capacidad negociadora de los 4 diputados de Compromís-Sumar y la potencia de su presión al equipo del aspirante Sánchez planteando tres objetivos asumibles por el PSOE, que deben ser innegociables y con plazos de ejecución concretos:
- Una fórmula de condonación de la deuda autonómica exclusivamente “impropia”, que es la que deriva directamente de la infrafinanciación de 42.000 millones conforme a las cuentas del ex conseller Vicent Soler de hace más de un año. Compensación que debería estar diseñada antes de la aprobación de los PGE para el 2024 y ejecutada en el primer semestre del año próximo.
- Un nuevo modelo de financiación autonómica justo con los valencianos, a fin de sustituir al caducado desde el año 2014 y que fuera aplicable para el año 2025. Un modelo en el que prevalezca la población censada, se consideren también los servicios sociales prestados a población de otras CC.AA., y que tenga en cuenta que casi medio territorio valenciano sufre un proceso de despoblación.
- La aprobación de la reforma constitucional para recuperar el Dret Civil Valencià -que el Tribunal Constitucional nos anuló en 2016 con carácter integral- y tramitarla juntamente con la del artículo 49, para dar un trato respetuoso a las personas con discapacidad, con la máxima urgencia, y para evitar espectáculos como que la princesa heredera jure, en breve, una Constitución cuestionada por personas con discapacidades diversas y por muchos valencianos sorprendidos por la deslealtad del PSOE y PP en el Congreso con les Corts Valencianes. Esta cuestión, sin coste económico y para recuperar una competencia aprobada por el propio Congreso con la reforma del Estatuto del año 2006, debería ser la primera medida a tomar por Pedro Sánchez como muestra de respeto a los valencianos, tras los desplantes que los valencianistas hemos padecido por parte de Bolaños y Simancas los últimos 4 años, como saben de primera mano Joan Baldoví y Txema Guijarro.
Sin embargo, los precedentes no motivarán un trato respetuoso por parte de los socialistas, ya que hasta la fecha el voto de Compromís ha servido en el Congreso para apoyar sin fisuras lo que en cada momento ha interesado al PSOE. Siento decirlo, pero los de Ferraz han dado siempre como propios esos votos, sin necesidad de serias contraprestaciones, ni negociaciones a cara de perro. No se ha tensionado la cuerda amenazando seriamente con una abstención por parte de Baldoví en las diferentes investiduras de Pedro Sánchez, bajo el objetivo de conseguir alguno de los objetivos políticos de mínimos para los valencianos.
La ministra Montero o el ministro Bolaños no pierden el tiempo amedrentando a otros nacionalistas periféricos, como suelen hacer con Compromís, porque saben que sin dinero, proyectos inversores y transferencias de competencias no les cogen el teléfono los soberanistas vascos de derecha o izquierda. La vida política española, junto con los ejes ideológicos derecha/izquierda, depende especialmente del factor territorial para generar mayorías parlamentarias en el Congreso que permitan al menos la investidura de un candidato a presidente de gobierno, como viene pasando desde que Adolfo Suarez en el año 1979 resultó elegido en primera votación con mayoría absoluta gracias a los 5 diputados del PSA de Rojas Marcos.
Perdonen por el atrevimiento, pero recomiendo al Consell Nacional de Compromís que aplacen la resaca cainita electoral, posterguen sus discusiones internas y apliquen esa mítica energía inagotable que alarga sus discusiones negociadoras hasta el último momento para singularizar su/nuestra AGENDA VALENCIANA en el seno de Sumar, e imponer obligaciones a Pedro Sánchez. Para ello, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, deben prepararse para soportar y resistir la presión mediática que espera a los diputados valencianos si evitan la cabotá a lo que mande Yolanda, si fracasan podrían convertir a Compromís en una rancia versión progre del “PER OFRENAR…”, presos de los designios de izquierdistas insolidarios con las necesidades de los valencianos.
Compromís-Sumar debe acostumbrarse a negociar sin complejos en Madrid, al fin y al cabo, son 4 de los 31 diputados que SUMAR, esa CEDA de izquierdas, a modo de Confederación Estatal de Izquierdas Autónoms, ha conseguido en las elecciones generales del 23 de julio. En este empoderamiento que propongo, la confluencia valenciana debe ser consciente que ha sido la más exitosa de las presentadas por Sumar, con más del 15% de respaldo autonómico, sólo superada por la candidatura de Madrid que encabezó la propia Yolanda. En realidad, ha sido en la circunscripción provincial de Valéncia, donde han obtenido su cima electoral, con el 16, 83%.
Juristes Valencians ha reclamado estas cuestiones en las diferentes reuniones con los candidatos valencianos del PP, PSOE y Compromís, con motivo de las recientes elecciones generales; incluso promovimos una campaña publicitaria “La agenda valenciana se juega en Madrid el 23J". Por lo tanto, en coherencia con su programa electoral los 4 diputados de Compromís-Sumar, sin las contraprestaciones indicadas, no deben dar sus votos a un nuevo gobierno de Sánchez, un presidente que, como Rajoy, ha discriminado a los valencianos.
José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians