La Intervención del Estado sostiene que Imelsa incumplió la ley porque no podía tener asesores 

VALÈNCIA (VP/EP). La interventora general del Estado que ha comparecido este miércoles en el juicio de los zombis de Imelsa ha sostenido que la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia incumplió la ley porque no podía tener asesores. Según el informe que realizó sobre los contratos entre los años 2007 y 2014 y el testimonio ofrecido, no hallaron evidencias documentales de que estas personas desempeñaran trabajos reales en la mercantil. "Ninguno", ha dicho.

Esta pieza dentro de la macrocausa de Taula está centrada en empleados de Imelsa y Ciegsa que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. La interventora ha explicado que antes de entrar Marcos Benavent como gerente ya había asesores en la primera entidad. En concreto, desde 1998 "había dos, pero había".

La perito ha expuesto que en esta empresa se incumplieron los principios de acceso al empleo público y no había una relación de puestos de trabajo hasta finales de 2015. "Esta relación es importantísima porque cuando inicias un procedimiento de contratación, tienes que justificar la necesidad de la contratación, requisitos y funciones que se van a desempeñar. Si no tienes eso, no tienes nada. Además, en los estatutos de Imelsa se recoge que esta relación de puestos debe de existir y no estaba", ha comentado.

La interventora ha manifestado que "el 35 años auditando" no ha visto "que los consejeros tengan asesores en la Administración General del Estado, en los organismos autónomos". Preguntada por si el hecho de que no hubiera pruebas de las funciones desarrolladas por estas personas en Imelsa puede deberse a la relación de confianza con aquellos a los que asesoraban, ha respondido que no se plantea"nada" y que lo que pongo de manifiesto en sus informes "son los hechos".

La perito también ha auntado que la empresa pública no podía ceder a trabajadores a otra empresa dentro del mismo ámbito de la Diputación. "El Estatuto de los Trabajadores habla de cesión ilegal de trabajadores. Y de hacerse, se debería de haber autorizado en lo estatutos o, al menos, en los contratos de los trabajadores", ha afirmado.

La interventora ha explicado que no había "ninguna" documentación justificativa sobre evaluaciones a altos directivos, por lo que "sorprende" que la productividad en la empresa se concentrara "tanto" en "determinadas personas".

Sobre las dietas, ha remarcado que no había tampoco "ninguna" justificación documental a las dietas cobradas por determinadas personas en Imelsa, y ha nombrado a Benavent; al exdirector financiero Enrique Montblanc; y a la exresponsable de Recursos Humanos en Imelsa María Escrihuela. "Las dietas, sin embargo, se debían justificar de acuerdo a la normativa", ha dicho.