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326.623 personas en la comunitat

La inserción laboral de personas con discapacidad: solución monetaria a un problema social

16/06/2024 - 

VALÈNCIA. Jonathan Ramos jamás ha dejado de aprender. De pequeño poca gente confiaba en él. Tal vez por su diagnóstico al tener síndrome de Down, o por su porcentaje de discapacidad de más del 80%. Pero como niño que era, Jonathan estudió en el colegio y en el instituto, a pesar de las primeras dudas del profesorado, se graduó con 18 años y con mención especial por su trabajo. Después de aquello jamás ha parado. Hizo un curso de administración durante dos años gracias a la formación Asindown. Su madre continuó buscando más y más cursos, aprendió cocina, estuvo un año haciendo prácticas en un restaurante y ahora, acaba de finalizar un curso de informática: su verdadero sueño.

“Le tengo que dar la mayor cantidad de posibilidades de ser independiente —afirma Consuelo Moreno, su madre—. Para mí el cerebro es un músculo que tienes que ejercitar y nunca he querido ponerle barreras. Si él quiere hacer formación, voy a hacer lo posible por conseguirlo. A veces sigo creyendo que incluso no hago suficiente”.

Las personas con discapacidad son el 9% de la población española. En la Comunitat Valenciana hay 326.623 personas con algún tipo de discapacidad. Estas personas han pasado de considerarse “disminuidos” en la Constitución española a ser percibidos legalmente como “personas con discapacidad”. Hay leyes que regulan su formación laboral, su inserción en el mercado laboral y su igualdad en todos los aspectos. Subvenciones, ayudas, protecciones… Todo está regulado. Todo está en papel.

Pero todos los cambios que afectan a las personas con discapacidad parecen quedarse en eso, en el papel. El último: la inclusión laboral. Los últimos datos presentados por el INE en 2023, señalan que en 2022 había 1.941.900 personas con discapacidad en edad de trabajar, de las cuales 685.300 personas eran activas, un 2,6% más que en 2021. No obstante, de ellas, 146.400 personas se encontraban en situación de paro y 538.900 estaban ocupadas. Es decir, mientras que la tasa por desempleo en la población española general se encontraba en el 13,04% en 2022, la tasa de paro de personas con discapacidad alcanzaba el 23,8%: el 23,8% de las personas con discapacidad en edad de trabajar y dispuestas y capacitadas para ello, se encontraban sin trabajo.

Ante esta situación, cada uno de los gobiernos, tanto nacional como autonómicos, tratan de aportar su granito de arena: iniciativas, ayudas, etc. Dentro de las últimas medidas, desde la Generalitat Valenciana, la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, anunció hace un mes las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a promover y facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. El importe global máximo estimado de estas ayudas asciende a 52.640.000 de euros, que serán distribuidos a centros especiales de empleo y enclaves laborales parte de la Comunitat.

Estas ayudas, según el Consell, “tienen como finalidad el mantenimiento de los puestos ocupados por personas con discapacidad, así como el apoyo a las empresas ordinarias que contraten a personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales”.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 37 que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo en el llamado como “empleo protegido” además del ordinario y el autónomo.

Este empleo protegido es donde entran tanto los centros especiales de empleo como los enclaves laborales. El Servicio Público de Empleo Estatal define los centros especiales de empleo como un “entorno laboral concebido y diseñado específicamente para las personas con discapacidad, donde las funciones y tareas desempeñadas se adecuan a su situación y necesidades”.

Carmen Boiza, responsable del Servicio de Empleo con Apoyo del patronato Francisco Esteve, los describe como lugares donde se llevan a cabo “enclaves laborales con empresas y donde se desarrolla el trabajo dentro del propio centro especial de empleo, sin que las personas vayan físicamente a las empresas y haya ese traslado”. A pesar de que la actual legislación sobre centros especiales de empleo los entienda como un medio para llegar a la empresa final y no como un fin, esta situación queda lejos de la realidad.

“Si no hay un puente a la empresa ordinaria, que no lo hay, no hay una inclusión real al mercado laboral” —sostiene Boiza—. “Nosotras disponemos de preparadores laborales que acuden a las empresas para adaptar al trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo. Los centros especiales de empleo dicen tener esas figuras, pero no hay ese traslado a la empresa ordinaria. No es una inclusión real”.

Según la Fundación Adecco, el 71% de los contratos firmados por personas con discapacidad tienen lugar en centros especiales de empleo, sin llegar a aterrizar en una empresa ordinaria. Según Francisco Mesonero, su director general, “el centro especial de empleo, un sistema de protección necesario y transitorio, se está convirtiendo en una medida finalista para muchas personas con discapacidad que podrían trabajar en entornos convencionales de trabajo”.

Para Boiza la situación es más cuestionable si cabe: “A nivel salarial, las personas que reciben servicio de empleo con apoyo cobran lo mismo, dependiendo de si es un contrato de veinte horas, de menos o de más, pero cobran exactamente lo mismo que el resto de la plantilla en sus mismas condiciones. En un centro especial de empleo eso no ocurre, porque nos ha pasado, y tenemos casos de alguna persona que ha trabajado allí y cobran menos que en las empresas”.

En unas personas perseguidas por el capacitismo, este sigue existiendo también en el lugar de trabajo. “Me ha pasado que han llegado personas que no han querido en centros especiales de empleo porque no funcionaban bien allí”, afirma Boiza.

Desde el año 2013, las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. “Pero hay varias formas de acogerse a esa ley” —recalca Boiza—. “Puedes contratar a personas con alguna discapacidad física u orgánica, y no intelectual, o contratar un servicio a un centro especial de empleo”. Tanto ella como Luis Vañó, presidente del CERMI CV, creen que muchos de estos huecos de plantilla a los que acceden las personas con discapacidad acaban siendo los trabajos más precarios o directamente no son cubiertos.

“Hay mucho desconocimiento por parte de las empresas” —reconoce Boiza—. “No saben la existencia de servicios como el nuestro, donde hay un preparador laboral que acompaña a la persona en todo momento inicial, un seguimiento, una formación continua tanto antes como después de conseguir el puesto de trabajo… Además, hay mucho prejuicio respecto a las personas con discapacidad. Creen que no van a poder desarrollar adecuadamente una tarea, pero no es así. Si se preparan adecuadamente y tienen entusiasmo pueden hacerlo…. Y si tienen ese apoyo, porque nos hemos encontrado con casos en los que se les da un puesto de trabajo, pero como no han tenido el apoyo no saben qué hacer, la institución no se preocupa por enseñarles y no les dan tareas reales”.

Jonathan Ramos jamás ha dejado de aprender. Y jamás dejará de hacerlo, con cada día y cada curso nuevo, con cada partido en su equipo de fútbol, cada actividad con los scouts, cada verano cursándose como monitor, cada oposición. Con el único apoyo de su madre y los diferentes cursos a los que se ha acogido, intenta hacerse un hueco en un mercado laboral dominado por el capacitismo, la rapidez y el deshecho a aquello que no se adecúa a un modelo adecuado y perfecto de trabajador. “Estoy convencidísima de que más de una persona podría estar desempeñando puestos que con un adecuado aprendizaje, rutina, continuidad y apoyos serían capaces de realizar, más de lo que nos imaginamos” —afirma Consuelo Moreno—. “El problema es que no les estamos dando esa posibilidad para que se desenvuelvan como personas y para desarrollar su autoestima. Hay que darles la posibilidad, como al resto de personas”.

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