VALÈNCIA. La Iglesia Católica reconoce que están indebidamente inmatriculados una decena de inmuebles en la Comunitat Valenciana en virtud de la ley aprobada durante el Gobierno de José María Aznar en 1998. Diez bienes que la Iglesia valenciana se adjudicó en su momento pero que ahora o bien admite que no son suyos, o reconoce que no tiene información suficiente para esclarecer su titularidad.
Hasta 1998, en lo referente a la Iglesia, el Reglamento Hipotecario no permitía la inscripción de los "templos destinados al culto católico" aunque sí otro tipo de inmuebles. Esta excepción a los templos se eliminó ese año y fue sustituida por el permiso a no sólo inscribir estos edificios religiosos, sino también el resto de bienes inmuebles de dominio público.
Además, todo ello se empezó a poder hacer desde aquel momento con la simple certificación expedida por la propia Iglesia, lo que supuso una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad de estos bienes a favor de la Iglesia hasta 2015, cuando se puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes con este tipo de certificaciones.
Así pues, el año pasado, el Gobierno que preside Pedro Sánchez remitió al Congreso un listado con casi 35.000 bienes que la Iglesia había inmatriculado en todo el territorio estatal, de los cuales la gran mayoría, 30.335, se registraron con sólo la certificación eclesiástica y sin necesidad de ningún otro documento que acreditara su titularidad. Así pues, Iglesia y Estado han mantenido durante este año varios encuentros y negociaciones para que la Conferencia Episcopal verificara el listado y pusiera de relieve errores de registro.
Y este es el resultado: del listado que tiene el Gobierno, la Iglesia considera que cerca de un millar de bienes inmuebles en toda España -949, concretamente- no son ni han sido de su propiedad, o no tiene información suficiente para aclarar a quién pertenecen en concreto.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 ascendía a 912 registros, entre los que había templos y dependencias complementarias pero también viviendas, garajes y hasta solares y parcelas rústicas. Ahora, la Conferencia Episcopal reconoce en su informe que, al menos, una decena de ellos "pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo".
Así, por ejemplo, la provincia de Alicante tiene registrados 7 bienes en este tipo de situaciones. Son, por ejemplo, una iglesia y un colegio en Callosa de Segura, una iglesia y dos solares en Elche, un patio en Villena, o la Ermita del Sagrado Corazón de Jesús en Orihuela. En Valencia son dos, como la casa de las Religiosas Obreras de la Cruz en Enguera. Y por otro lado, está registrada con esta categoría también una vivienda en Segorbe (Castellón).
Asimismo, de las 912 parcelas y edificios que según el Gobierno la Iglesia inmatriculó durante el mencionado período, 22 estarían realmente inmatriculados antes de la ley de Aznar o son registros duplicados, y otros cuatro registros pertenecerían a otras comunidades o entidades religiosas.
A partir de ahora, el Gobierno, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), comunicará los datos a los ayuntamientos afectados para que puedan iniciar los procesos de regularización que pudieran corresponder. La Iglesia está abierta a entregarlos, pues según su comunicado, manifestó "su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos".
No obstante, los datos no son algo cerrado. Y es que, según explica la propia Conferencia Episcopal en su informe, el trabajo de revisión ha sido ingente: "Las diócesis han realizado un gran esfuerzo en la actualización de los datos revisando los mismos, contratastando con los archivos, etc". Por ello, insiste en la "especial dificultad sobre todo por la falta de personal". Así, la Conferencia no descarta "que pueda haber todavía algunos datos pendientes de depurar"
