La guerra en Ucrania obliga a Europa a mantener la ayuda del campo valenciano

BRUSELAS. Estos días se ha hecho viral un vídeo en las redes sociales, en el que dos agricultores valencianos tiran a un contenedor de basura el contenido completo de un camión cargado con cajas de alcachofas. “No las quieren en el mercado”. El producto era perfecto para el consumo, recién cosechado y en los supermercados ronda los dos euros. La dramática situación del campo en España y, en especial, del campo valenciano no ha mejorado ni siquiera tras nueve meses de guerra.

No obstante, ha sido la guerra en Ucrania la justificación que ha permitido al Gobierno en Bruselas prorrogar las ayudas agrícolas obviando el derecho de la competencia y la distorsión del mercado interior. La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea (UE), la prórroga de un régimen español para ayudar a los productores agrícolas a pagar las primas de seguros. El objetivo del régimen es contribuir a asegurar la cobertura del riesgo de daños a determinados productos vegetales y especies ganaderas.

La medida fue aprobada originalmente por la Comisión el 9 de abril de 2015, modificada posteriormente en tres ocasiones y expiraba a finales de este año. España notificó a la Comisión la prórroga del régimen hasta el 31 de diciembre de 2023 con un incremento presupuestario que alcanza un total de 2.660 millones de euros. Según este régimen, la ayuda adopta la forma de subvenciones directas.

El objetivo de la prórroga es seguir apoyando al sector agrícola garantizando una cobertura de seguro adecuada frente al riesgo de daños a los productos vegetales y al ganado, especialmente en el contexto de las consecuencias económicas y sociales tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También se ha tenido en cuenta la erupción del volcán en la isla de La Palma, el 19 de septiembre de 2021, que recientemente ha obtenido ayudas económicas europeas para paliar el desastre. El régimen prolongado contribuirá a la recuperación económica y social, en particular para abordar situaciones de vulnerabilidad social y económica en España.

España notificó a la Comisión la prórroga del régimen hasta el 31 de diciembre de 2023 con un incremento presupuestario de 438 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 2.660 millones de euros. Cabe señalar que la vicepresidenta del Gobierno española, Nadia Calviño, viene reclamando ante la Comisión la reforma de la reglas de gobernanza económica y del derecho de la competencia, que en estos momentos se encuentran parcialmente suspendidas desde que se declaró la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020.