Foto: RAFAEL BASTANTE/EPVALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto que desarrolla el artículo 8 de la Ley Integral de Medidas contra el Despoblamiento y ha ampliado los criterios para hacer más extensivas las ayudas por este concepto.
El decreto introduce una nueva regulación actualizada de los indicadores y criterios que figuran en esta ley integral, la 5/2023, para determinar los municipios que pueden acceder al fondo.
En este sentido, se han mejorado los factores de zonificación del riesgo de despoblación, ampliando así los supuestos de cumplimiento de los indicadores, de manera que se aumenta el número de municipios beneficiarios.
La línea de apoyo a los municipios en riesgo de despoblación establece la despoblación como un criterio complementario de asignación del Fondo de Cooperación Municipal. Esto garantiza la suficiencia financiera de los municipios afectados y potencia su autonomía local, basándose en el principio de subsidiariedad.
El presupuesto destinado a los municipios en riesgo de despoblación se distribuirá asignando una cantidad fija a cada uno de ellos, mientras que el importe restante del fondo se repartirá en función del número de habitantes, ha informado la Generalitat.
Asimismo, el texto normativo incluye a las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante como entidades locales de la Comunitat Valenciana, para que puedan participar, a través de sus presupuestos anuales, en esta línea específica del Fondo de Cooperación Municipal.
La Ley 5/2023 pretende impulsar de manera transversal las actuaciones de todos los departamentos y órganos del Consell para hacer frente al despoblamiento y reforzar los servicios públicos en los municipios afectados. En concreto, el artículo 8 de la citada ley regula el Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento, cuyos beneficiarios son los municipios considerados en riesgo de despoblación.
Entre los objetivos de la ley se encuentran frenar y revertir la despoblación de los municipios valencianos a través de la dinamización social y económica y cohesionar el territorio reduciendo las desigualdades y ofreciendo a la ciudadanía las mismas oportunidades independientemente de su lugar de residencia.
Para la elaboración del decreto se ha tenido en cuenta la debilidad financiera de los municipios receptores del fondo, lo que exige que estas localidades puedan acogerse a esta línea específica de financiación de manera rápida y sencilla, incorporando estas aportaciones a sus presupuestos municipales.
