VALÈNCIA (EP). El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, ha solicitado al Gobierno central que "atienda las peticiones del sector turístico" y frene la entrada en vigor del nuevo Registro de Viajeros, enmarcado en el Real Decreto 933/2021, y que entrará en funcionamiento el lunes 2 de diciembre.
Camarero ha afirmado que este registro de datos de viajeros "ha generado rechazo desde todo el sector turístico, tanto del alojamiento, como de las agencias de viajes, desde el principio"; y ha reiterado que desde el Consell "siempre se ha rechazado la imposición de este registro de viajeros, tal y como se ha planteado", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Además, ha criticado que desde el Ejecutivo "se han ignorado todas las peticiones de aclaración por parte de los actores del sector, como asociaciones y federaciones turísticas", al tiempo que ha lamentado "que no se haya abierto un proceso de diálogo para consensuar el desarrollo de esta norma y, conseguir así, una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector".
"Desde el Consell nos hemos posicionado del lado del sector turístico desde el principio, porque entendemos que supone un grave perjuicio para viajeros y establecimientos. Es una carga adicional para las empresas, que deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos", ha advertido.
En este contexto, el secretario autonómico de Turismo ha calificado el nuevo Registro de Viajeros como una nueva normativa "confusa y desproporcionada", y que a su juicio "vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago".
Asimismo, ha indicado que el nuevo parte de registro de viajeros del Ministerio del Interior "obliga a las empresas turísticas a recabar y comunicar una serie de información sobre los viajeros" que, considera, "va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora, e incluye datos referentes a la forma de pago".
El Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de octubre, pero el Ministerio del Interior retrasó la puesta en marcha hasta el 2 de diciembre, cuando entrará en vigor.