Sonia Díaz, directora de la ATV. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Proyecto de Ley de residuos y de suelos contaminados que acaba de aprobarse en el Congreso introduce un nuevo impuesto en todo el territorio nacional sobre el depósitos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Ello significa que a partir de ahora será el Estado el que asumirá directamente la gestión y la recaudación generada con este impuesto que ya habían aprobado varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana.
Uno de los objetivos del Gobierno, reflejado en el propio texto, es precisamente el de armonizar una figura impositiva que ya está vigente en Cataluña, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Baleares, Madrid, Navarra. Según el Ejecutivo, el hecho de que algunas hayan hecho uso de este impuesto y otras no debilita su "efectividad" para el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea e implica un fenómeno conocido como 'turismo de residuos' desde las autonomías que lo aplican hacia las que no.
La aplicación de esta normativa de carácter básico obligará a las regiones que ya cobran este impuesto a renunciar al mismo, pero el Estado tendrá que compensarles por la merma de recaudación qua ahora obtienen con esos ingresos propios. En el caso de la Comunitat Valenciana, que también aplica un impuesto propio sobre actividades que inciden en el medio ambiente, la recaudación por el impuesto de depósitos creció el año pasado en 1,2 millones. La recaudación por esos dos impuestos supone más de 23 millones para las arcas de la Generalitat.
La Comunitat Valenciana cobra el impuesto por el depósito de residuos desde hace tres años. Lo introdujo en la Ley de Medidas de 2018 con el fin de "fomentar" el reciclado y la valorización de los residuos y se paga en el momento del depósito en el vertedero o en el momento de la incineración o coincineración sin valorización de energía.
El impuesto previsto en el Ley de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica es estatal, pero se prevé su cesión a las Comunidades Autónomas mediante acuerdos en los órganos que regulan la financiación autonómica Sin embargo, mientras se aprueban los cambios legales necesarios, el rendimiento del impuesto se atribuirá a las autonomías, que también podrán asumir la gestión del impuesto.
La Comunitat Valenciana es una de las regiones que quiere ejercer ese derecho. Según avanzó en un webinar del Colegio de Economistas sobre tributación autonómica la directora de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, la Generalitat va a pedir al Gobierno poder seguir gestionando directamente la aplicación de esta figura estatal, tal y como hacía hasta ahora con su propio impuesto.
Las comunidades autónomas que no ejerzan esta opción percibirán trimestralmente el importe de la recaudación del impuesto, que se pondrá a su disposición mediante operaciones de tesorería cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente.
