Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana deberá pagar a sus funcionarios una subida salarial adicional del 0,5%. Un incremento que ya fue acordado entre el Gobierno central y UGT y CCOO en la Mesa General de las Administraciones Públicas y del que deberá dar cuenta el Consejo de Ministros para que se aplique en las nóminas con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El pacto fue incorporado en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y contemplaba que si la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 superaba el 6%, como así ha ocurrido, "se aplicaría un incremento retributivo complementario del 0,5% adicional" en las nóminas de los empleados públicos. Un aumento que se suma al 2,5% fijo acordado para este ejercicio y que, por tanto, supone que la subida retributiva total se eleve al 3%.
El momento en el que se hará efectiva en las cuentas bancarias de los funcionarios valencianos, eso sí, está por ver. Aunque la intención del Ministerio de Hacienda es hacerla efectiva cuanto antes, lo cierto es que existe una serie de trámites previos que podrían retrasar la medida: primero, el INE debe comunicar el dato relativo al IPC oficialmente al Gobierno y, posteriormente, este acuerdo debe aprobarse de nuevo en el Consejo de Ministros. Algo que, con toda probabilidad, no ocurrirá antes del próximo martes.
Después de esto, en el caso de la Comunitat, la Conselleria de Hacienda, que tiene las competencias también de Administración Pública, deberá convocar una Mesa General para trasladar formalmente a los sindicatos que se va a aplicar esa subida salarial y, finalmente, pasar por un Pleno del Consell, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por lo que, aunque los sindicatos esperan que la paga se haga efectiva en la nómina de octubre, puede que no llegue hasta el próximo mes de noviembre.
Le decisión obligará a la Administración valenciana a hacer una modificación de crédito en las cuentas de este año e incrementar, así, el gasto del capítulo 1. Aproximadamente afectará a un total de 194.000 personas y la cuantía que deberá reservarse para ello superará los 47 millones de euros, según calculan los sindicatos, si bien fuentes oficiales de la Conselleria de Hacienda no quisieron confirmar este dato.
Además de la subida del 3% que ya tienen asegurada en 2023 los funcionarios, esta podría verse aún incrementada en otro 0,5% adicional, si bien su abono, eso sí, no llegaría antes del primer trimestre de 2024. Esto es porque el citado pacto incluido en los PGE vincula una nueva subida a la evolución del PIB: "si su incremento nominal igualase o superase el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña la elaboración de los Presupuesto, se aplicará un incremento retributivo complementario del 0,5%". Lo que traducido significa que si el crecimiento del PIB español de este año llega al 2,1% (algo bastante probable según las últimas previsiones del Ejecutivo y de otros como la OCDE, la Airef o el Banco de España), se sumará al 3% de incremento ya asegurado.
