Foto: EFE/FERNANDO VILLARVALÈNCIA (EFE). La Fiscalía ha situado al expresident Francisco Camps como el "paciente cero" que ofreció a la trama Gürtel trasladarse a la Comunitat Valenciana, donde "colonizó" y "parasitó" las instituciones de la Generalitat, y le ha acusado de influir en una subordinada para contratar a la red de forma "absolutamente arbitraria".
Anticorrupción ha expuesto este lunes en la Audiencia Nacional su tesis acusatoria contra Camps en el juicio contra más de una veintena de acusados en el que pide un año de cárcel para él y seis de inhabilitación por fraude en concurso con prevaricación, una pena inferior a la que solicitaba en un principio.
La fiscal Concepción Nicolás ha expuesto en su informe final una dinámica de "parasitación" y "colonización de las instituciones de la Generalitat valenciana" mediante la cual la trama Gürtel se instaló en la Comunidad "a través de un paciente cero", Camps, "que le ofreció irse a Valencia".
Camps está acusado de valerse de "su situación jerárquica y prevalente" para influir sobre una ex alto cargo, Salvadora Ibars -también acusada-, e "inducirla" a contratar a la empresa Orange Market para el montaje de un expositor en la feria Fitur de 2009, una "contratación personal, ilegal y absolutamente arbitraria".
Pero también "absolutamente inteligente" porque esta empresa tenía "experiencia", "prestigio", e "información privilegiada" y, además, "existía un motivo económico": se reduciría la deuda de 942.892 euros que el PP tenía con Gürtel.
Le ha llamado la atención a la fiscal la "intensidad" de Camps a la hora de negar su relación con el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes, cuando ya la reconoció en el denominado juicio de los trajes, en 2012, y ha considerado que quizá se debería valorar como un "contraindicio".
Este empresario tenía "acceso" a altos cargos públicos, cenaba con Camps, le invitó al bautizo de su hijo; circunstancias, ha dicho la fiscal, que invitan a pensar que tenían una "cercanía, proximidad", una "relación" que, ha subrayado, "constituye un tráfico de influencias".
"Toda esta proximidad, este abuso de la relación fue la que posibilitó que Álvaro Pérez, introducido por Francisco Camps, pudiera contratar y tener acceso a las distintas consellerias y que explica buena parte del inicio de las contrataciones que aquí tenemos", ha señalado la fiscal, que ha añadido que Camps "intervino a deshacer los posibles obstáculos".
Su compañera, la fiscal Pilar Santamaría, ha expuesto asimismo las pruebas que, considera, existen contra el resto de acusados, entre ellos los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, y ex altos cargos como el exdiputado autonómico David Serra por supuestas irregularidades en adjudicaciones entre 2004 y 2009.
Ha sostenido que la delegación de responsabilidades de contratación no impide determinar quién tuvo la "última responsabilidad" y ha criticado el "vano esfuerzo" de los ex altos cargos acusados de hacer "recaer las decisiones en subordinados".
Para Anticorrupción, que ha criticado el intento de algunos testigos de elaborar una "postverdad" o "distopía", Orange Market era la "empresa de cabecera" de la Generalitat, y cuando se instaló en la Comunitat Valenciana, llegó un momento en que se fue "contratando naturalmente" a El Bigotes para "congraciar al presidente".
La fiscal Nicolás ha repasado todas las pruebas que, en su opinión, existen contra los acusados: los informes periciales, las grabaciones o el reconocimiento de los hechos de diez acusados, entre ellos los cabecillas de la trama y varios ex altos cargos de la Generalitat, que llegaron a acuerdos de conformidad con Anticorrupción "válidos" y "absolutamente transparentes".
"¿Quién vigila a los vigilantes?", se ha preguntado, al tiempo que ha pedido "no minimizar la corrupción" ante conductas "arbitrarias, ilegales y constitutivas de prevaricación".
